AN de Maduro fabrica leyes para intentar lavar la cara al gobierno por violaciones a DDHH
La plenaria de la AN de Maduro también dio el visto bueno, en primera discusión, al proyecto de Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función Policial. El instrumento fue presentado por la diputada oficialista Marifred Rodriguez, quien señaló que la ley procuraría, entre otras cosas, cambiar parte de la organización del sistema disciplinario, pues » a la luz de la experiencia evidenciaron no cubrir las necesidades»
La Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro aprobó en primera discusión el proyecto de ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública. La discusión del instrumento se da a pocos días de haberse hecho público un último documento por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), referente al recurso dilatorio introducido por el fiscal general designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, que considera que «existe inacción de las autoridades» en investigar y sancionar a «los responsables de los crímenes de lesa humanidad».
El proyecto de ley, debatido este 19 de agosto en sesión ordinaria, fue presentado por el diputado oficialista Francisco Ameliach. Según el parlamentario, tiene como objetivo que todos los funcionarios públicos de la nación garanticen el respeto de los derechos humanos.
Ameliach repitió el discurso oficialista de que la Constitución venezolana es la más avanzada en el mundo en materia de derechos humanos, pero evitó referirse, por ejemplo, a las denuncias de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, spbre graves violaciones cometidas en el país.
Bachelet denunció en 2019 que la tortura se ha convertido en un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad del Estado controlados por el gobierno de Nicolás Maduro. En informes posteriores de la Alta Comisionada, así como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, ese patrón de conducta abarca delitos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que pueden considerarse como de lesa humanidad.
El proyecto de ley fue aprobado sin mayores objeciones. El diputado Martín López aseveró que la Alianza Democrática votaría en favor del instrumentos, anque con algunas observaciones puntuales.
«La sociedades democráticas modernas se rigen mediante normas que garantizan los derechos humanos. Existen una correlación entre estos, es por eso que vamos a apoyar y votar favorablemente este proyecto de ley», dijo.
La fracción opositora también evitó recordar que, por ejemplo, esa Misión de Determinación de Hechos ha dicho que hay motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad que han contado con el apoyo de las más altas autoridades, incluyendo al propio Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa.
Reciclando el discurso de las sanciones, la diputada chavista Robetxa Poleo hizo seguidilla a sus pares parlamentarios y afirmó que el gobierno de Maduro ha hecho esfuerzos por garantizar los derechos humanos sin distinción, «aún en medio de una escalada de violencia» que, insistió, ha sido orquestada por Estados Unidos y la oposición.
AN de Maduro urge más disciplina en cuerpos policiales
La plenaria de la AN de Maduro también dio el visto bueno, en primera discusión, al proyecto de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función Policial. El instrumento fue presentado por la diputada oficialista Marifred Rodríguez.
En su derecho de palabra, la diputada explicó que la Ley de la Función Policial buscará garantizar los derechos y deberes de los funcionarios policiales, regular el sistema de administración del personal para procurar su idónea prestación del servicio, así como establecer beneficios sociales que reconozcan su compromiso.
Rodríguez reconoció que otro de los aspectos que se procurará es cambiar parte de la organización del sistema disciplinario, pues «a la luz de la experiencia evidenciaron no cubrir las necesidades, dificultando la eficacia de los procesos disciplinarios así como los derechos de las partes afectadas».
El cojeo del instrumento parece ser evidente en la actualidad. Al menos así lo asomó el diputado opositor Omar Ávila, quien tildó de necesario que el modelo que lleva poco más de dos décadas se transforme y apunte a un instrumento que garantice realmente la seguridad ciudadana.
«Que garantice además las sanciones de funcionarios de manera concreta y oportuna en aras de continuar optimizando la justicia», dijo el parlamentario, al tiempo que hizo referencia a la detención de dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la estación del metro Miranda por intentar robar a ciudadanos.
«Si hay un elemento a resaltar en los 110 artículos de esta ley es lo que tiene que ver con el consejo disciplinario», agregó.
En este punto también intervino el diputado de la bancada oficial Carlos Julio Rodríguez para asegurar que «hablar de la policía es hablar del pueblo».
Apuntó que con la reforma se aspira calificar rangos policiales y niveles jerárquicos, establecer medidas tempranas de la funciones, ampliar la organización de control y clasificación de faltas, establecer sistema de reservas, tipificar causales graves y ampliar nivel táctico.
Entre otros acuerdos
La AN de Maduro, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre del 2020 aprobó también un acuerdo por los 50 años de la agrupación Serenata Guayanesa y dio luz verde a la reforma parcial de la Ley de Idiomas Indígenas.
Se discutió por segunda ocasión el proyecto de Ley para Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial, pero tras aprobarse algunos epígrafes se solicitó su diferimiento.
