AN exhorta a comunidades indígenas desconocer reglamento para elegir sus diputados
El diputado Virgilio Ferrer aseveró durante la sesión que a las comunidades indígenas no les perdonan que en el año 2015 eligieron de forma legítima a sus diputados, identificados con la oposición
La Asamblea Nacional rechazó el reglamento aprobado por los rectores impuestos del Consejo Nacional Electoral donde se regula la elección de los representantes indígenas al parlamento, y que minimiza el derecho a la participación política de los pueblos y comunidades étnicas, en detrimento de lo establecido en la Constitución.
En un acuerdo, aprobado por la plenaria este martes 11 de agosto, se exhorta a las comunidades indígenas del país, así como sus organizaciones, a informar sobre la ilegalidad y las violaciones a los derechos de estos pueblos por parte del CNE; además de desconocer este documento.
También, el parlamento venezolano contempla dirigir una comunicación a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde se describan todos los hechos que configuran la violación de derechos civiles y políticos de los pueblos y comunidades indígenas.
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El diputado Virgilio Ferrer aseveró durante la sesión que a las comunidades indígenas no les perdonan que en el año 2015 eligieron de forma legítima a sus diputados, identificados con la oposición. Recordó que con este reglamento se violan cinco artículos de la Constitución, e igual se configura otra violación debido a que Indira Alfonzo, actual presidenta del CNE, es la magistrada que suspendió la elección de los parlamentarios indígenas.
Ferrer señaló que el organismo electoral los obliga a elegir en asambleas comunitarias populares y generales, no consagradas en la Constitución, y con las cuales se degrada el sufragio de estos pueblos a un voto de segundo grado, que no secreto ni libre, pues cada comunidad depende de delegados para elegir sus representantes.
Larissa González reiteró que este es un reglamento violatorio de la Constitución, «de los pueblos originarios y el derecho al voto. Hacemos un llamado a organizaciones internacionales para que volteen su mirada a la situación de la comunidades indígenas venezolanas, que se ha visto agravada con la pandemia del covid-19».
El régimen que dice ser defensor de los pueblos indígenas, dijo González, «en los últimos 20 años lo que ha hecho es socavar los derechos de los pueblos originarios. Nuestros indígenas a lo largo y ancho de Venezuela están sufriendo las penurias y los embates de la crisis provocada por este régimen».
Mientras que Romel Guzamana señaló que «en ningún momento al instrumento de ley se le dio formalidad legislativa, además desmejora el avance de las elecciones para los pueblos indígenas». Por ello, destacó que son «elecciones amañadas», que además eliminan a organizaciones políticas indígenas y otras asociaciones.
También consideró que este proceso puede producir choques entre las distintas comunidades y sus líderes, debido a la forma de elección. «Rechazamos que unas elecciones se realicen a mano alzada, que los candidatos sean elegidos por una asamblea comunitaria, que sea una votación indirecta y no directa, que sea una votación en segundo grado, en público para descalificar al oponente, la eliminación del voto uninominal y por mayoría calificada».
Respaldo a AD
Los diputados también debatieron sobre el asalto a las sedes principales del partido Acción Democrática (AD), ubicadas en Caracas, por parte de colectivos y supuestos militantes de esa organización, al mando de Bernabé Gutiérrez.
La diputada María Beatriz Martínez, a nombre de Primero Justicia, dijo que estos grupos «una vez más les salió el tiro por la culata, pues estas acciones lejos de dejarles reconocimiento a esa farsa electoral, son solo una prueba de quienes son y quiénes pretenden sepultar a la República».
Todo lo que hacen es deslegitimar esos pataleos de ahogado, como calificó la parlamentaria a las elecciones previstas para el 6 de diciembre, al tiempo que señaló que «nuestra fortaleza tiene que asentarse en la fuerza de la unión y la coherencia de la acción. No hay tiempo que perder».
Mientras que Denncis Pazos advirtió que esta «tropelía inconstitucional» contra AD, se podría extender hacia otras organizaciones opositoras, y exhortó a no dejar que ésta y otras instituciones partidistas caigan en manos del régimen. «A Acción Democrática le debemos el voto, nuestra historia política, y la defensa de la democracia».
El diputado Simón Calzadilla aseveró que el régimen de Nicolás Maduro ejecuta otra de sus «jugadas autoritarias», al confiscar las siglas y sedes de partidos políticos opositores a su legítima militancia «emulando lo que el propio Chávez» hizo en 2011 con Bandera Roja, Copei, PPT y Podemos.
Para el legislador esto es un «acto vandálico», usando a “pseudo-militantes traidores” que se prestan a estas «barbaridades son sus nuevos compinches y asociados para delinquir, atropellar, y violar derechos humanos y políticos».
Williams Dávila, a nombre de la militancia de AD, ratificó que la única dirección nacional legítima de la tolda blanca es la presidida por Henry Ramos Allup, y se refirió a los exmilitantes como “truhanes” que tomaron ilegalmente la sede del partido, ordenados por «Bernabé Gutiérrez, principal instrumento del régimen usurpador de Maduro, que traicionó a la maquinaria electoral de AD, cometió un alto de deslealtad al partido y traicionó los valores y principios democráticos del pueblo venezolano».
«No somos un partido creado por decreto, como lo dijera Andrés Ely Blanco, y por eso, no podemos disolvernos por decreto. La decisión de combatir hasta triunfar no sale de decretos ni sentencias. Se equivoca la pandilla de alacranes, quienes siempre serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia», sentenció el parlamentario.
Por su parte, la diputada adeca Sonia Medina dijo que al enfrentarse a una «dictadura», nunca esperaron que «nuestra prppia militancia se aliara a esta dictadura y sus grupos violentos. Esta situación de violencia que se ha generado en Acción Democrática, creemos que se va a implemntar en las sedes de los otros partidos que les robaron sus tarjetas».
Pero Acción Democrática, la de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Leonardo Ruiz Pineda, va a seguir de pie y enfrentando a esta dictadura, aseguró Medina. «Lamentable los que se han prestado hoy para servir de carnada contra quienes luchamos por la libertad y democracia».
Ley Orgánica del Servicio Eléctrico
La Asamblea Nacional inició la segunda discusión del proyecto de ley orgánica del servicio eléctrico, que busca rescatar el sistema de energía eléctrica, garantizar su desarrollo y suministro de luz.
El diputado Jorge Millán dijo que «esta es una ley que atiende una de las áreas vitales para la recuperación del país y mejora de la calidad de vida, condiciones para el pueblo venezolano para que pueda avanzar y progresar, cosa que hoy no ocurre debido al desastre que lidera Maduro y su banda de delincuentes que lo acompañan».
Al aprobarse los primeros 10 artículos, el diputado Millán solicitó a la directiva su diferimiento para la próxima sesión del parlamento.
Este proyecto de ley quiere asegurar a todos los usuarios del servicio eléctrico una prestación de calidad, crear mecanismos para permitir el acceso a ese servicio a la población de bajos ingresos, y el desarrollo sustentable del sistema eléctrico nacional.
Preocupación por presos políticos
Los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron nombrar una comisión de diputados que trabaje con organismo internacionales de derechos humanos para que se materialicen las visitas a todos los presos políticos y trabajar por medidas humanitarias, debido a la pandemia de la covid-19.
Delsa Solórzano presidirá esta comisión, y la acompañarán los diputados Rafael Veloz, Luis Barragán, Arnoldo Benítez, Marialbert Barrios, William Barrientos y Freddy Valera. En esta instancia también estará la abogada Theresly Malavé como asesora.
Durante el debate sobre la situación de los presos políticos, el presidente de la Comisión de Política Interior, Freddy Valera, advirtió que los presos políticos se encuentran en peligro, porque en «los recintos penitenciarios de la policía política del régimen, se trata con mayor crueldad a las personas que están detenidas por pensar distinto».
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El diputado Rosmit Mantilla denunció la muerte de Erick Echegaray, quien estaba detenido desde 2010 en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Helicoide.
Dijo que esta muerte fue por falta de atención ya que Echegaray sufría de cáncer desde hace mucho tiempo. “Innumerables veces su defensa instó al tribunal que llevaba su causa que fuese atendido, pero esta petición fue rechazada una y otra vez. Este señor pasó años padeciendo de cáncer en el Sebin ante la omisión y la maldad de este organismo policial y de los tribunales del régimen”.
Además señaló que son más de 400 presos políticos que están expuestos, a pesar de no recibir visitas desde hace cinco meses para evitar supuestamente el contagio. «La verdad es que sus familiares no saben nada de ellos, la verdad es que hoy no sabemos como están los diputados Juan Requesens, Gilber Caro y Renzo Prieto”.
La diputada Adriana Pichardo, quien presentó la moción para nombrar la comisión, dijo que «es el momento que los responsables den un paso adelante y evitemos una tragedia donde después salgan a lamentarse y a justificar lo injustificable».
Indicó que desde el mes de abril, la AN ha venido advirtiendo el riesgo que corren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas, que se caracterizan por el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las que se encuentran sus instalaciones.
Desde el miércoles 5 de agosto, el Observatorio de Derechos Humanos del parlamento ha recibido denuncias por parte de los familiares de los presos políticos «secuestrados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde hay al menos 27; en Ramo Verde 98 y en el Helicoide se encuentran un aproximado de 30 presos políticos».
Varios de ellos han presentado síntomas de covid-19, tales como síndrome diarreico, fiebre, perdida de gusto, del olfato y dificultad respiratoria.
