AN pide a países de la región regularizar políticas para migrantes venezolanos

La diputada Karim Vera dijo que efectivos de seguridad comentaron que les tienen prohibido permitirles a los migrantes la circulación por carreteras del estado Táchira, debido a una orden de la Zona Operativa de Defensa Integral 

La pandemia por la covid-19 no ha frenado el desplazamiento de venezolanos a otros países de la región, debido a la crisis económica y social, por ello la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo donde exhorta a la comunidad internacional a «homogeneizar» las políticas respecto a los migrantes y refugiados procedentes de Venezuela.

Durante la sesión ordinaria de este 20 de octubre, que se realizó de forma virtual y sin la presencia de Juan Guaidó, los diputados también acordaron solicitar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para que comisione un equipo de expertos a las zonas fronterizas del país, con el objetivo de evaluar los riesgos de los refugiados que retornan a la nación.

Además, solicitan al Alto Comisionado para la Migración de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Stein, que «propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos migrantes en los países receptores».

La diputada Karim Vera expresó su preocupación por el aumento de los caminantes, un fenómeno que se había detenido por las restricciones de la covid-19, quienes son víctimas del hampa común, y «también de algunos efectivos de los cuerpos de seguridad que están apostados en diferentes puntos de control impidiéndoles el paso».

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Vera dijo que algunos efectivos comentaron que les tienen prohibido permitirles a esas personas la circulación por esas carreteras por una orden de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) San Cristóbal.

Mientras que la presidenta de la subcomisión de Asuntos Fronterizos, Gaby Arellano, solicitó enviar una petición al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que se abra el paso del puente internacional Simón Bolívar.

A su juicio, mientras esté cerrado este paso los venezolanos saldrán por las «trochas», como se denomina a los pasos irregulares,  lo que va a incrementar «las arcas de las mafias que sostienen a Maduro, de los enemigos de Colombia porque los pasos irregulares están controlados por la FARC- EP y ELN».

«Observatorio para el fraude electoral»

Los diputados aprobaron, vía acuerdo, la conformación de un «observatorio para el fraude electoral» que tendrá como objetivo recopilar y sistematizar todas la violaciones a las leyes electorales y la Constitución, para que sean entregadas a la comunidad internacional, y «que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones».

El observatorio estará conformado por cinco diputados y cuatro personas de la sociedad civil, y también deberá trabajar «en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y la generación de mecanismos para buscar el efectivo ejercicio del voto libre en Venezuela».

Las elecciones parlamentarias, previstas para el 6 de diciembre, son rechazadas por la Asamblea Nacional y 37 partidos políticos debido a la forma de su convocatoria y que no existen garantías de respeto al voto.

#SesiónAN | Acuerdo sobre la creación del Observatorio del Fraude Electoral convocado para el 6 de diciembre de 2020 de la #AsambleaVE #20Oct pic.twitter.com/uVirK5czwc

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 20, 2020

Mujeres desprotegidas

Los parlamentarios debatieron también sobre la situación de la mujer venezolana, en particular por su desprotección frente a enfermedades como el cáncer de mama. La diputada Nora Bracho aseveró que «en Venezuela es muy difícil enfrentar solo el cáncer de mama, pues el sector salud del país está en terapia intensiva hace mucho tiempo».

Subrayó que el régimen de Maduro no invierte en el sector salud, pues «lo único que le interesa es celebrar elecciones fraudulentas que le permitan permanecer en el poder y seguir cometiendo sus fechorías».

Además, reiteró que los ciudadanos no solo mueren de cáncer, también mueren por falta de atención en los hospitales. «Nuestra lucha debe ser por cambiar todas estas realidades y salvarles la vida a muchas mujeres que padecen de cáncer de mama y que deberían celebrar la vida a plenitud con sus hijos y familia. Estoy segura que Dios nos permitirá cumplir este sueño».

Durante la sesión intervino Bolivia Belisario de Bocaranda, presidenta de SenosAyuda, quien manifestó que «en 21 años como sobreviviente de cáncer, nunca hemos visto una situación similar. Es importante que el tema de cáncer de mama sea considerado como es: un problema de salud pública. Es la segunda causa de muerte de mujeres en el país, no existen protocolos de atención públicos».

Debido a esta situación, la presidenta de Senos Ayuda pidió que sea institucionalizado el 19 de octubre como el día nacional contra el cáncer de mama.

Mientras que Mildred Valera, integrante de Aconvida, dijo que es triste que este 2020 «en lugar de ser un mes rosa, sea un mes negro para nosotras debido a la cantidad de muertes por cáncer debido a la falta de tratamiento. ¿Cómo le podemos decir a una paciente que se haga chequeos cuando sabemos que no hay tratamientos? La salud no es una lismona o regalo del Estado, es un derecho establecido en la Constitución, por eso somos la voz de protesta de muchas mujeres que han fallecido».

Visita in loco

Los diputados de la Asamblea Nacional también aprobaron un acuerdo donde se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una visita «in loco», debido a los últimos casos de violaciosnes a los DDHH.

La diputada Delsa Solórzano denunció la persecución en contra de los miembros del Consejo de Defensa Judicial, así como sus familiares. «Estos hechos graves de represión, de igual manera, están ocurriendo con otros ciudadanos específicamente, los miembros del Consejo de Defensa, donde ellos y sus familiares están siendo sometidos a persecución, simplemente por asumir un cargo para la defensa y protección de los intereses de la patria».

Mientras que Adriana Pichardo denunció que siguen las detenciones arbitrarias contra los dirigentes políticos, así como la persecución y asedio al personal de salud en Guárico y Yaracuy. Dijo que luego de la publicación del informe de la Misión de Verificación de Hechos, la administración de Maduro sigue en su política de irrespeto a la Constitución, el debido proceso y los DDHH.

En el acuerdo también se solicita a la Misión de Verificación de Hechos que documente estos nuevos casos y establezca las responsabilidades individuales. Los diputados también respaldan la solicitud de medidas de protección para los miembros del Consejo de Defensa Judicial y los embajadores designados por el presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó.