AN solicita convocar el Consejo de Defensa de la Nación para tratar tema del Esequibo

El pasado 1 de abril, el Gobierno de Guyana entregó una solicitud a la Corte Internacional de Justicia, en la que pide al tribunal que valide legalmente el Laudo Arbitral de 1899, relacionado con la disputa fronteriza con Venezuela por la región de Esequibo

La Asamblea Nacional solicitó el 19 de junio una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, “para analizar los diferentes escenarios y determinar una estrategia de defensa” ante las actuales circunstancias de reclamación sobre el Esequibo.

En el acuerdo aprobado por el Parlamento venezolano, que rechaza la judicialización que hace la República Cooperativa de Guyana sobre el diferendo en el territorio Esequibo, se especificó que este tema “debe ser tratado como un asunto de Estado que compromete directamente a esta representación popular”.

El pasado 1 de abril, el Gobierno de Guyana entregó una solicitud a la Corte Internacional de Justicia, en la que pide al tribunal que valide legalmente el Laudo Arbitral de 1899, relacionado con la disputa fronteriza con Venezuela por la región de Esequibo.

Los diputados rechazaron la petición de Guyana, pues “impide que las partes logren alcanzar un acuerdo práctico de la controversia en forma mutuamente satisfactoria, ya que desnaturaliza el acuerdo de Ginebra”.

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Por ello, se incorporará el tema del Esequibo a la agenda parlamentaria, tomando en cuenta la inconveniencia de la judicialización del diferendo y denunciando la violación que hace Guyana sobre el acuerdo de Ginebra, así como su origen en intereses petroleros.

Además, se ratifica la soberanía de Venezuela sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica, y se rechaza la “intención inamistosa e infundada” del gobierno de Guyana de no reconocerlos. También se insta a la Fuerza Armada Nacional a que mantenga las labores de defensa en estas zonas “que no se encuentra en discusión”.

Por último, los parlamentarios exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe a las empresas y gobiernos que puedan estar involucrados en la explotación petrolera, que Guyana ha venido otorgando ilegalmente en los últimos años en la zona de disputa territorial, los riesgos que corre cualquier tipo de inversión por lo que instan a objetar las mismas y la paralización de esos trabajos.