Aportes al debate sobre el crimen organizado (I), por Javier Ignacio Mayorca
El accionar de las organizaciones criminales será tema a discutir en la novena Cumbre de las Américas. Aquí algunas reflexiones sobre un asunto que impacta directamente en la calidad de vida del venezolano
Twitter: @javiermayorca
Uno de los puntos que será debatido en la novena Cumbre de las Américas, a celebrarse el mes que viene en Los Ángeles (EEUU) es el impacto de la delincuencia organizada sobre las democracias de la región.
El tema tiene más vigencia que nunca. La delincuencia organizada pareciera haber encontrado nuevos nichos de acción a partir de la emergencia humanitaria compleja venezolana, que se proyecta de distintas formas, ya sea incrementando el flujo de migrantes que caminan por toda Centroamérica hacia la frontera estadounidense, o degradando de forma casi irreversible los ecosistemas amazónicos, si atendemos a las denuncias de la organización SOS Orinoco. Y estos son solo algunos aspectos de una larga lista.
Desde este espacio, se intentará una contribución al debate que se llevará a cabo en la referida reunión. En esta entrega, se mencionarán solo algunos aspectos generales.
*No es un «fenómeno». Según la Real Academia de la Lengua Española, los fenómenos son cosas extraordinarias y sorprendentes. Esa es la primera acepción del término. Desde el Leviatán de Hobbes sabemos que el delito es consustancial a toda sociedad estructurada mediante normas, aunque no estén escritas. En la medida en que las sociedades van evolucionando, lo mismo ocurre con las formas en las que se lleva a cabo el delito.
La tendencia a la organización es casi natural, especialmente cuando el delito es practicado de forma repetida y con éxito. En los tiempos de la Colonia, una de las prácticas que más preocupaba al Imperio era el contrabando, que era y es una manifestación del delito organizado, aunque muchos contrabandistas no se vean a sí mismos como delincuentes sino como dignos hombres de empresa. Esto no quiere decir que el concepto de «delincuencia organizada» exista desde los tiempos de la monarquía. De hecho, se trata de algo relativamente novedoso.
*De la predatorios a la pax mafiosa. Según el último reporte de la Organización de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito (2020), los países centroamericanos y de la cuenca del Caribe, donde se encuentra Venezuela, tienen en conjunto las tasas más elevadas de homicidios de todo el mundo (21,2 por cada 100.000 habitantes). De hecho, cuadruplican la media del planeta. No se trata de algo nuevo. Este conglomerado de naciones ocupa el primer puesto de este ránking desde hace más de un lustro, y supera a regiones caracterizadas por prolongados conflictos armados, como el norte de África o el África Subsahariana.
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El propio estudio atribuye semejante violencia al accionar de organizaciones criminales, como las maras que abarcan a Honduras, El Salvador y Guatemala, los carteles mexicanos o los grupos dedicados a la producción de drogas en los países andinos.
En el caso venezolano, donde las estadísticas sobre seguridad ciudadana son manejadas como si fuesen secretos de Estado, resulta muy difícil distinguir cuántos de estos homicidios son consecuencia de las operaciones de estructuras organizadas. Al respecto, un primer avance fue logrado por Tablante y Tarre (2013) cuando hicieron una discriminación entre las muertes ocasionadas por motivos pasionales, robos aislados, riñas, linchamientos, etc., y aquellas producidas por «ajustes de cuentas», lo que según ellos sugiere la existencia de por lo menos un actor estructurado en conflicto con otro que no necesariamente debe tener las mismas características.
Los autores, sin embargo, omitieron otros móviles que también sugieren la existencia de actividades organizadas, como son el sicariato y el robo de vehículos. De hecho, en la legislación venezolana, ambos son considerados como campos propios de organizaciones criminales.
Gracias a informaciones conocidas extraoficialmente, se puede determinar que por lo menos el 52,8% de los homicidios perpetrados en Venezuela por civiles en el bienio 2020-2021 pudieron ser la consecuencia del accionar de organizaciones criminales, ya fuese en el contexto de ajustes de cuentas, robos de vehículos o sicariatos, es decir, asesinatos por encargo. Fueron en total 4350 vidas perdidas directamente debido a estos grupos. La cifra cobra más relevancia si se toma en cuenta que este fue un lapso en el que la población generalmente estuvo inmovilizada debido a la cuarentena implantada a propósito del covid-19.
Pero esto no queda así. En ese mismo lapso murieron 6513 personas en supuestos enfrentamientos con cuerpos policiales o militares. Esta cifra supera en 43% al saldo fatal de los grupos organizados. Aunque algunas de estas muertes pueden ser justificables por tratarse de situaciones en las que presumiblemente hubo actos en defensa propia o de terceros, el propio Gobierno ha implantado un discurso que incorpora a estos individuos ultimados como integrantes de «grupos estructurados de delincuencia organizada», o GEDOs, y más recientemente de grupos TANCOL, o «terroristas armados narcotraficantes colombianos».
Sin entrar en una valoración sobre la recurrente actuación ilegal de los cuerpos uniformados, ampliamente denunciada, se puede afirmar entonces que el delito organizado ocasionó más de diez mil muertes en el país durante los dos años anteriores.
Nada hace pensar que esta violencia disminuirá en el año en curso. Por el contrario, tenderá a crecer en la medida en que se acelere la actividad económica, y posiblemente los actores sin uniforme cobren mayor relevancia.
Se debe aclarar que la violencia criminal no tiene la misma intensidad en toda la geografía nacional. Esto sucede porque en algunos sitios las redes han logrado mayor evolución que en otros. Edwin Stier y Peter Richards (1997) sostuvieron que los grupos de delincuentes atraviesan varias fases en su evolución: predatoria, parasitaria y simbiótica. En Venezuela se ven ejemplos de las tres. Las zonas con mayor violencia serían, por decirlo así, el campo de batalla de los grupos en fase predatoria. Son los de Tumeremo y El Callao, donde las tasas de homicidios son las más elevadas del país. En el otro extremo, lo que ocurre con el Tren de Aragua en Tocorón sugiere la existencia de un grupo en etapa simbiótica. Allí se impuso la pax mafiosa. Esa simbiosis, desde luego, es con el Estado. No podría ser de otra forma en un internado judicial.
*La corrupción, eje transversal. Si lo que define la evolución de la delincuencia organizada es su relacionamiento con el Estado, será imposible que perdure sin que una parte del producto de sus actividades tribute cierto beneficio a los operadores de ese Estado. Desde los grupos en fase predatoria hasta los que han logrado plena simbiosis. Ninguno escapa. Este vínculo no siempre es directamente con quienes ejercen el poder en las grandes capitales. A veces, resulta más natural, efectivo y menos costoso el relacionamiento con los poderes locales.
En oportunidades, incluso, estas estructuras pueden tercerizar el ejercicio de la violencia como un negocio más, acudiendo a cuerpos policiales o militares. Esta práctica se ve con claridad en el caso mexicano, donde el cartel de Sinaloa desplazó a sus competidores con el concurso de la Policía Federal y del Ejército (Hernández, 2014). Pero también en Venezuela. Desde julio de 2015, cuerpos policiales y militares llevaron a cabo cinco grandes redadas en la Cota 905, algunas con el formato de la OLP. Y el gran beneficiario de estas acciones no fue el ciudadano común de esa zona, sino el grupo de Carlos Revette, que logró enseñorearse allí hasta 2021, cuando diversos factores se juntaron para que perdiera el control de su estructura, y se convirtiera en un interlocutor poco fiable.
En Venezuela, la corrupción es sistémica. No porque lo digan los informes del Departamento de Estado de EEUU o el listado anual de Transparencia Internacional que coloca al país entre los cuatro más corruptos del mundo. Es así porque prácticamente ninguna actividad puede llevarse a cabo sin que exista un encuentro cercano entre el ciudadano y estructuras de delito organizado. Desde sacar la cédula de identidad hasta intentar la obtención de una patente de industria y comercio. Aquí estamos ante un régimen que a menudo ha funcionado como factor criminógeno, pues con sus decisiones y omisiones genera nuevas áreas de acción para grupos estructurados.
La «guerra económica», en realidad, fue una especie de alfombra roja para estas organizaciones, que se lucraron incluso con la distribución de agua mediante cisternas. Y el gran afectado por esta situación ha sido el ciudadano, a quien solo le resta sobrevivir mediante estrategias de adaptación o incorporándose a la diáspora. Pero esto tampoco es garantía de que no será víctima de las redes criminales.
Breves
*Esta semana, una corte de Florida impuso una sentencia de cuatro años de prisión (48 meses) al empresario de origen venezolano Jorge Luis Nóbrega Rodríguez. Este hombre de 57 años de edad fue detenido en agosto de 2021, como consecuencia de una investigación adelantada por agentes del Departamento de Seguridad Interior, que lo señaló de suministrar partes y servicios para reparaciones y el mantenimiento de los cazas Sukhoi 30 vendidos por la Federación Rusa a Venezuela. Ante el peso de las evidencias, Nobrega se declaró culpable, y eso contribuyó a aminorar su tiempo en prisión. En este caso actuó el fiscal Kurt Lunkenheimer, el mismo que participa en la causa contra el empresario barranquillero Alex Saab. El acusador solicitó 57 meses de cárcel. Pero el juez Paul Huck se fue por lo bajo. Una ganga, si se toma en cuenta que inicialmente la perspectiva era de unos 45 años tras las rejas, al sumar las penas por los tres delitos por los que fue acusado. Lo poco que se conoce de este expediente contiene aspectos reveladores. En primer lugar, que el gobierno de Maduro utilizó para sus compras militares el mismo mecanismo puesto en práctica para la comercialización del crudo nacional, utilizando a la empresa tailandesa Tipco, que tiene una subsidiaria en Malasia. En este caso, los fondos para Nobrega iban a una cuenta de su empresa Achabal Technologies en Portugal. Y eventualmente este dinero, más de $3,7 millones, fue a parar en una cuenta de la banca estadounidense. En contraprestación, Nobrega suministraría un compuesto de poliuretano para recubrir las paredes internas de los tanques de combustible que están en el interior de las alas de los cazas, e igualmente aportaría el conocimiento (know how) para llevar a cabo ese revestimiento, un proceso que él mismo denominó «diálisis». El otro punto de interés –poco destacado hasta el momento– es que en esta averiguación se indica que Nóbrega habría «conspirado con oficiales venezolanos para proveer servicios de defensa a la Fuerza Aérea Venezolana en la forma de reparaciones para los SU-30 sin obtener una licencia». Algunos de los militares mencionados en una denuncia criminal formulada por el agente especial de Homeland Security Michael Simpson son el actual ministro de la Defensa Vladimir Padrino; el general en jefe Pedro Juliac Lartíguez y el almirante Clemente Díaz, quienes para el lapso investigado eran respectivamente comandante general de la Aviación y viceministro para Servicios, Personal y Logística de MinDefensa. Al declararse culpable, Nobrega también se compromete a aportar toda la información requerida en torno a estos funcionarios.
*Varios datos de interés arroja el secuestro y la posterior liberación de Franyeli Carolina Guerrero Guillén en Barinas. En primer lugar, aunque el asunto era conocido en el estado llanero, no figuró en los registros oficiales. Esto obedece a una práctica que se ha ido imponiendo en la policía de investigación y otros cuerpos, según la cual los casos son reportados a Relaciones Interiores para efectos estadísticos solo cuando son resueltos, o cuando el escándalo hace imposible su ocultamiento. Esta es la percepción del comisario jubilado Sergio González, ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. En segundo lugar, de acuerdo con el ex funcionario, el verdadero objetivo del plagio no era la mujer de 37 años de edad, sino su papá, un productor agropecuario de cierta solvencia en el estado. Este plagio, además, tuvo un notable grado de planificación, que permitió al grupo tener a la víctima cautiva durante 140 días en una habitación construida especialmente para tal finalidad. «Estaba a buen resguardo», dijo González. Esto hace suponer, además, que la estructura criminal de la que supuestamente hace parte el abogado Ernesto Sierra es mucho más grande, y que ha participado en otros golpes. Sierra, reveló González, formó parte de la base Antisecuestros de Cicpc en Táchira. Pero solo llegó al grado de detective. Se casó con una mujer en cuyo rescate él mismo participó. En Barinas, la gente observaba con cierta sorpresa cómo Sierra acumulaba riquezas con rapidez. Vistos en conjunto, estos factores hacen pensar a González que el delito de secuestro tiene unas dimensiones mucho más preocupantes que las que el Gobierno está dispuesto a admitir, en especial en los estados occidentales del país.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
