«Argentina 1985» y los intocables, por Paulina Gamus
Twitter: @Paugamus
Gracias al link que me envió un amigo, pude ver en mi computadora la extraordinaria película «Argentina 1985», dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. Los sentimientos al verla, la emoción y el suspenso en la medida en que se va desarrollando, son muy intensos aunque no puedan compararse con los del público argentino que ha ovacionado de pie, en los cines, el final de ese prodigio fílmico sobre los horrores de la dictadura militar argentina y la valentía moral del fiscal Julio César Strassera y del fiscal adjunto Luís Moreno Ocampo, para enjuiciar y lograr las condenas a varios de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)
Ese juicio fue posible gracias al recién electo presidente Raúl Alfonsín quien ordenó someter a juicio sumario a los militares de las tres armas miembros de esas Juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini y Leopoldo Fortunato Galtieri. El tribunal que los enjuició fue integrado por civiles quienes sumados al fiscal Strassera y a su adjunto Moreno Ocampo, utilizaron como base probatoria el informe Nunca más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) también creada por el presidente Alfonsín.
El Tribunal federal condenó a cadena perpetua a jefes militares por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura entre los años 70 y 80. La sentencia se produjo dos años más tarde de la apertura del proceso oral. El tribunal examinó los procedimientos de los conocidos como ‘vuelos de la muerte’ desde Campo de Mayo y comprobó que se produjeron torturas, homicidios y secuestros de niños. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua. Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años y Agosti a 4 años y 6 meses, todos con destitución.
La descripción de los crímenes e inimaginables torturas, lanzamiento al mar de prisioneros desde aviones en vuelo, violaciones, robo de bebés a madres que daban a luz en cautiverio y luego eran asesinadas, mostró al mundo que no había intocables, que la justicia tardó pero llegó.
Como continuación de ese primer juicio, el 29 de noviembre de 2017 otro tribunal argentino condenó a cadena perpetua a 29 militares acusados de crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar (1976-1983). Los fiscales juzgaron a 54 militares por la muerte o la desaparición forzada de 789 personas y presentaron los testimonios de más de 800 testigos. «Nunca hubo un proceso por derechos humanos tan grande en Argentina.» (La Nación del 29 de noviembre de 2017).
Cuando desfilaban por la pantalla a los actores que representaron a los militares enjuiciados, sentí un escalofrío al ver a quien hace las veces de Jorge Rafael Videla, tan parecido al original. Recordé que en su visita a Caracas en mayo de 1977, me vi obligada a estrechar la mano de ese hombre flaco, largo y de mirada gélida, en la recepción que ofreció la embajada argentina. Yo era vice ministra de Información y Turismo y en ese momento encargada del ministerio por ausencia del titular. El día anterior había recibido una llamada telefónica de mi hermano quien me pedía intervenir con el ministro Diego Arria para que no deportaran al Ingeniero argentino Julio Bruner, exiliado en Caracas, quien había sido presidente de un equivalente a Fedecámaras en su país. Se lo llevarían en el avión de Videla. Las gestiones de Diego Arria resultaron infructuosas.
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El salvador al final fue el máximo dirigente de URD, Jóvito Villalba, quien recibió una llamada de Ricardo Balbín líder máximo del partido Radical argentino para que intercediera ante el presidente Carlos Andrés Pérez con el fin de impedir la deportación de Julio Broner. Broner estuvo retenido un tiempo en la Jefatura Civil de Sabana Grande en Caracas. Al salir en libertad fue un exitoso y muy respetado empresario hasta su regreso a la Argentina cuando ganó la presidencia Raúl Alfonsín. Su nieta, Tamara Taraciuk Broner nacida en Caracas, es una destacada defensora internacional de los Derechos Humanos.
«¡Ustedes no tienen ningún derecho a hacer esto, no pueden arrestarme! ¡Yo estoy aquí en una misión secreta!», exclamó el dictador chileno Augusto Pinochet, a sus 82 años, cuando la noche del 16 de octubre de 1998 fue detenido en la London Clinic de la capital británica, era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. Un casi desconocido juez español, Baltazar Garzón, emitió una orden internacional de detención y solicitó su extradición a España por una querella criminal en el marco de la Operación Cóndor, la combinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. La detención de Pinochet mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. Víctimas de conflictos de vieja data y abogados empezaron a llevar casos a tribunales extranjeros, como los de Bélgica o España.
En mayo de 2000, dos meses después del regreso de Pinochet a Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la Justicia local. Aunque fue sobreseído por supuestas dolencias mentales, se produjo en el poder judicial chileno un cambio radical. Desde julio de 2010 la Corte Suprema de Chile finalizó 214 causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, con 532 agentes involucrados. Las condenas de cárcel fueron 462. Pinochet y sus esbirros también se creían intocables.
Lo que enseña «Argentina 1985» y lo que se desprende del caso Pinochet, es que quienes asesinan, encarcelan injustamente, torturan y desaparecen a sus perseguidos políticos pueden ser militares o civiles, pero no son intocables. Todos actúan con la certeza de que el régimen al que pertenecen es infinito y su impunidad absoluta. La justicia tarda pero muchas veces llega.
