“Hay elementos suficientes para constatar que Maduro viola convenios de la OIT”
Primero la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y ahora la Comisión de Encuesta de la OIT. Maduro sigue sentado en el banquillo de los acusados en las Naciones Unidas. Del 8 al 12 de julio, la instancia de la Organización Internacional del Trabajo creada en 2018 visitó Venezuela para corroborar las denuncias hechas por Fedecámaras y organizaciones sindicales. León Arismendi, director del Inaesin, sostiene que Maduro viola los convenios internacionales relativos a la libertad sindical, al diálogo tripartito y a la consulta para la fijación del salario mínimo
En los 100 años que recientemente –el 11 de abril– cumplió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apenas se han creado 13 Comisiones de Encuesta para investigar violaciones de los convenios laborales cometidas en países. Venezuela es uno de ellos, y durante la gestión del “presidente obrero” Nicolás Maduro.
“La clase trabajadora pasa por el peor momento de su historia”, asegura León Arismendi, director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
La condición de vida de los empleados públicos se ha deteriorado a un ritmo vertiginoso nunca antes visto, que se aceleró a partir de la llegada al poder de Maduro en abril de 2013.
El salario no alcanza para satisfacer ni 5% de las necesidades mínimas de alimentación, mucho menos cubre los otros gastos como el de servicios públicos, vestido y calzado, educación, salud, alquiler de vivienda y artículos de higiene personal y limpieza del hogar, rubros de la cesta básica
El paquetazo de Maduro en agosto de 2018 fusiló los complementos salariales establecidos en los contratos colectivos. El gobierno quitó y alteró beneficios laborales con la implementación del instructivo de aplicación para la administración pública. El patrono, que en el sector público es el Estado, ha echado por tierra la negociación colectiva.
La hiperinflación, que en la primera mitad de 2019 subió a 1.155% según la Asamblea Nacional (AN), también se comió las prestaciones sociales. Antes de que el fallecido Hugo Chávez asumiera la Presidencia en febrero de 1999, servían para pagar la inicial de un apartamento o de un vehículo, viajar, remodelar la casa o comprar muebles. Ahora ni para medio comer.
La paciencia de los trabajadores se agotó. Iniciaron una ola de manifestaciones con la Protesta Nacional, Laboral, Popular y Ciudadana el 16 de agosto, para dejar claro que no quieren más “salarios de hambre”.
Las consignas “No somos delincuentes, somos trabajadores”, “Maduro, nosotros te invitamos, a que sobrevivas con el sueldo que ganamos” y “No somos guarimberos, somos trabajadores” empezaron a resonar en las calles venezolanas
El gobierno respondió con más represión, encarcelamiento y amenazas a la dirigencia sindical.
Es por ello que resulta tan pertinente la visita del 8 al 12 de julio de la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela, establecida en marzo de 2018 por el Consejo de Administración de la OIT tras la queja introducida por Fedecámaras y otras 33 organizaciones empleadoras. Alegan ataques, acoso, agresiones y una campaña para desprestigiar a la principal organización de gremios empresariales del país.
Denuncian violación de la libertad sindical, del derecho al diálogo tripartito y violación a la consulta para la fijación del salario mínimo, establecidos en los convenios 87, 144 y 26, respectivamente, de la OIT.
La alianza Provea – TalCual conversó con Arismendi, abogado laboral, director del Inaesin, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y además militante de la izquierda democrática, quien sostiene que Venezuela atraviesa un proceso de total destrucción del trabajo. “No me refiero solo al hecho evidente de que muchísimas empresas han cerrado, sino al trabajo como factor de progreso. Los estímulos para trabajar no existen en la Venezuela de hoy, y no hay ninguna perspectiva de futuro con el régimen de Nicolás Maduro”.
-¿Desde cuándo el organismo ha querido entrar al país?
-Incluso antes de que la OIT aprobara la creación de la Comisión de Encuesta para investigar a Venezuela (marzo de 2018). En 2017 anunció que una misión de alto nivel visitaría el país del 29 enero al 1 de febrero de 2018, pero a última hora decidió no venir porque el gobierno de Maduro no estaba de acuerdo con la agenda de la comisión, pese a que está obligado a permitir su entrada porque Venezuela es miembro de la OIT. La comisión tiene libertad de reunirse con todas las organizaciones para hacer una investigación imparcial, pero recordemos que la tendencia del gobierno siempre es secuestrar cualquier comisión internacional que esté de visita para darle un paseo y mostrarle las cosas que la revolución tiene por exhibir, que no sé cuáles serán.
En efecto, el organismo especializado de las Naciones Unidas informó en enero de 2018 que el gobierno no confirmó si la misión podía reunirse con Fedecámaras y sus organizaciones miembros y empresas afiliadas, sindicatos y líderes de sectores sociales. Concluyó que “no están dadas las condiciones necesarias para una efectiva conducción de la misión”.
-¿Y luego de creada la Comisión de Encuesta?
-La instancia sostenía que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para poder realizar sus labores como lo tenía previsto.
– ¿Qué ha hecho desde entonces hasta ahora?
-Ha sostenido reuniones con Fedecámaras y con las organizaciones sindicales, quienes han ratificado las denuncias. Por videoconferencia también han escuchado testimonios de dirigentes sindicales.
El 6 de mayo, sindicalistas denunciaron en una reunión con la comisión, realizada por videollamada, la persecución del gobierno de Maduro contra la clase trabajadora por reclamar sus derechos. Señalaron el caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), detenido, juzgado por un tribunal militar y apresado en la cárcel de La Pica en noviembre de 2018. Lleva casi ocho meses preso.
Tres días después Fedecámaras y la central sindical Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete) aseguraron en Ginebra, Suiza, que Maduro viola los convenios sobre la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos.
-¿Ahora por qué sí entraron?
-Las cosas van cambiando. Supongo que en todas estas conversaciones previas consideraron que se había avanzado lo suficiente como para que se pudiera hacer una visita sin mayores problemas.
-¿Qué vino a hacer?
-A corroborar las denuncias, aunque los órganos de control de la OIT han señalado que el gobierno de Maduro incumple con sus obligaciones internacionales, además de que hay cosas que son demasiado obvias.
En junio de 2016, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT deploró la crisis social y económica que afecta al país y la ausencia de una política activa del empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. También lamentó la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa del empleo. Señaló que el representante gubernamental rechazó las conclusiones sobre el caso.
-¿Qué cosas son demasiado obvias?
-Por citar solo algunas, las violaciones a la libertad sindical por parte del Estado venezolano son más que obvias. El gobierno criminaliza la protesta, detiene y apresa a dirigentes sindicales por participar en manifestaciones. Rubén González está preso por segunda vez y siendo enjuiciado por un tribunal militar, además, también aprehendieron a una cantidad de dirigentes sindicales por las mismas razones. La mayoría fueron excarcelados con medidas condicionales; otros, como Rubén, siguen presos. Para las organizaciones sindicales ha sido una tragedia no poder hacer elecciones porque el Consejo Nacional Electoral tiene eso controlado desde que lo incorporaron en la Constitución de 1999 para supuestamente democratizar a las organizaciones. La única central que ha hecho elecciones es la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y la hizo en el año 2001. De ahí en adelante ha sido imposible hacer elecciones, inclusive para la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores creada por el gobierno en 2011. En Venezuela se hacían elecciones con regularidad. Los congresos de las centrales se celebraban cada cinco años y las elecciones de los sindicatos en períodos inferiores.
El artículo 293 de la Constitución establece que el Poder Electoral tiene por funciones “organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos electorales”.
-Trabajadores piden que se cumpla con lo establecido en el artículo 89, que garantiza la progresividad de los derechos y beneficios laborales…
-Los contratos colectivos se deberían discutir cada dos o tres años. El gobierno impuso unos lineamientos y casi impide discutir un contrato colectivo.
-¿Qué va a pasar después de la visita de la Comisión de Encuesta?
-En noviembre se reúne el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Si la comisión presenta antes su informe sobre la situación de los derechos laborales en Venezuela, dicho órgano puede revisarlo y presentar sus conclusiones.
-¿Qué tan mal parado deja un informe de la OIT a Maduro?
-Hay un efecto internacional que tiene que ver con la mira de los demás países sobre un gobierno que lo sometieron a una Comisión de Encuesta. Cuando eso ocurre, es como si estuviese permanentemente sentado en el banquillo de los acusados. No es cualquier cosa lo que se le acusa.
-¿Y qué peso tiene el informe en el país?
-Habrá muchísimas más razones para que el sindicalismo exija sus derechos.
