Asco, por Teodoro Petkoff
La justicia militar había condenado al teniente Alessandro Siccat a 16 años y unos meses de presidio por el asesinato del soldado Jesús Alberto Febres y la tentativa de asesinato de otros dos soldados bajo su mando. El Tribunal Supremo, considerando que el caso debía ventilarse ante la justicia ordinaria, anuló el juicio militar y lo repuso ante un tribunal ordinario.
Todos expresamos satisfacción porque ciertamente el delito de Siccat, aun siendo este un uniformado, no es de naturaleza militar sino común y es la justicia ordinaria la que debe juzgarlo; de modo que el TSJ hizo lo correcto, a tenor de lo que establece la Constitución sobre esta materia. Las organizaciones de Derechos Humanos manifestaron su complacencia.
El tiro, sin embargo, salió por la culata. El tribunal civil aragüeño donde se realizó el juicio, con el voto de dos escabinos (novedosa figura del COPP, que incorpora ciudadanos comunes a los juicios, al lado de los jueces), e incluso contra la opinión de la jueza, que fue más dura que la propia acusación, absolvió a Siccat y le concedió libertad plena.
Es obvio que se trata de una decisión amañada. A los escabinos ni siquiera se les puede dar el beneficio de la duda. La justicia militar había ya condenado al indiciado, con testimonios de más de una decena de personas que presenciaron el bárbaro acto del teniente, quien roció con una sustancia inflamable a los soldados, presos en un calabozo, y les prendió fuego, matando a Febres y dejando con quemaduras graves a los otros dos. De hecho, el propio teniente al narrar los hechos no los desmintió. La sentencia es monstruosa porque el argumento de los escabinos fue que no se había comprobado que la sustancia inflamable hubiera sido thinner, como habían señalado los testigos y la acusación, tanto la pública como la privada. ¿Qué importancia puede tener el que haya sido thinner, gasolina, kerosen o líquido para yesqueros?
Una sentencia con base en tal argumento sólo puede ser tomada por gente comprada o amenazada, porque ni siquiera un cretino clínico lo habría hecho.
Irónicamente, al mismo tiempo que en Aragua ocurrían estos hechos, Chávez repetía en Apure su cantinela sobre la inexistencia de una verdadera justicia en Venezuela, con su tema de que aquí sólo pagan penas los pobres mientras los ricos compran veredictos favorables. Pues bien, ayer humildísimas familias venezolanas presenciaron asombradas e indignadas una decisión judicial que puso en libertad a un asesino convicto. ¿Será por rico? ¿Será por militar? ¿Será por militar hijo de ricos? ¿Será porque los deudos del muerto son pobres de toda pobreza? Lo que sí es indiscutible que no fue justicia lo que se impartió sino injusticia.
Podría uno decir que Chávez tiene razón, de no ser que su gobierno ya tiene cuatro años y su “reforma judicial” no ha pasado de ser un episodio más de la corrupción de la justicia.
Sin embargo, todavía queda el recurso de la apelación. Será ejercido no sólo por la Fiscalía, que ya lo anunció, sino por el acusador privado, Humberto Mendoza D’ Paola, quien solidaria y generosamente, y a solicitud de TalCual, ha prestado sus servicios a la familia Febres. Ya veremos.
