Asfixias y descargas eléctricas: así torturaron a 220 adolescentes detenidos en protestas
La Misión de Determinación de la ONU denunció que las detenciones de 220 adolescentes en el país estuvieron marcadas por graves violaciones al debido proceso y torturas, incluidas golpizas, asfixia y descargas eléctricas. Aunque 216 fueron excarcelados bajo medidas cautelares, cuatro siguen presos
El más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela registró la detención arbitraria de 220 adolescentes en el contexto de protestas poselectorales. En total pudo confirmar 187 niños, 22 niñas y otros 11 niños y adolescentes, de los cuales no ha podido corroborar su género. Las encarcelaciones ocurrieron en el período del 29 de julio al 30 de agosto de 2024 y luego las que se dieron en el marco de la toma de posesión presidencial del 10 de enero de este año.
Estas aprehensiones ocurrieron en 16 de los 24 estados de Venezuela, siendo Carabobo la entidad con la mayor cantidad de registros. Las edades de los adolescentes apresados oscilaron desde los 12 años hasta los 17. Cuatro de estos jóvenes aún permanecen encarcelados.
«La mayoría de las detenciones de los niños, niñas y adolescentes se produjeron en la vía pública, durante la celebración de protestas o posteriormente, al ser revisados sus teléfonos celulares por miembros de cuerpos de seguridad y encontrarse en ellos críticas al gobierno o información antigubernamental», denunció el documento; sin embargo, enfatizó que otras de estas aprehensiones se llevaron a cabo en otras situaciones en las que los menores no participan de protestas.
«Esa sonrisita se te va a quitar pronto», le advirtió un colectivo a una persona el 28 de julio, durante una celebración por los resultados en su centro electoral y, al día siguiente, el hijo del amenazado, de 15 años de edad, fue apresado mientras jugaba en la calle con otros adolescentes. Este fue uno de los testimonios recogidos por la Misión de Determinación.
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Otras de las situaciones en que la ONU constató detenciones de menores de edad fueron:
- Interceptaciones de forma violenta cuando transitaban por la calle.
- Mientras esperaban el transporte público.
- Tras salir o ir a consultas médicas.
- Cuando realizaban actividades recreativas, como jugar fútbol.
- Como represalia contra personas que habían apoyado a la oposición en las elecciones presidenciales.
Entre los casos documentados por la ONU está la detención de un adolescente de 17 años en una región occidental del país, ocurrida el 11 de enero de este año: «El arresto se produjo en su propia casa. Varios encapuchados portando armas largas entraron en su vivienda con violencia en horas de la noche y se lo llevaron a la fuerza sin dar explicaciones ni a él, ni a la familia que estaba con él».
Por otra parte, registraron la aprehensión de al menos tres niños de 13 años, quienes después fueron liberados sin cargos. Estos fueron detenidos en Amazonas, Anzoátegui y Zulia, uno estuvo tras las rejas cinco días, el otro uno y el tercero algunas horas.
«Esto supone una grave violación de las disposiciones de la Lopnna, que establece que, en tales casos, los niños o niñas deben ser remitidos a los Consejos de Protección para la adopción de medidas no penales», expuso el informe de la ONU.
La ONU aseguró que las detenciones de adolescentes en el país siguieron un patrón similar a la de los adultos, incluyendo falta de información sobre el motivo, ausencia de flagrancia y orden de captura, así como incomunicación inicial con los familiares. También denunció que estas encarcelaciones «no tuvieron en cuenta el interés superior de niñas y niños, y fueron tratados como adultos en las audiencias judiciales y en los centros de detención, donde permanecieron juntos con personas adultas sin distinguir por sexo».
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Violaciones al debido proceso
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU halló que en los casos de los adolescentes se cometieron múltiples violaciones al debido proceso, «sin tener en cuenta las circunstancias de la edad y el interés superior de la niñez». Algunas de las vulneraciones son:
- Realización de audiencias de presentación más allá del plazo legal de 48 horas desde la detención.
- Detención en régimen de incomunicación.
- Celebración de audiencias de preliminares, la mayoría telemáticas, sin la presencia de los padres, madres o representantes legales.
- Imputación de delitos graves como terrorismo e incitación al odio sin investigaciones previas.
- Ausencia de defensa técnica de elección.
Por otra parte, se denunció que los casos en que los niños, niñas y adolescentes aseguraron haber sido víctimas de violencia sexual y de género en el momento de la detención o traslado, «los jueces no ordenaron la apertura de investigaciones ni dispusieron medidas de protección urgentes».
Otra irregularidad es que no hubo comparecencia a audiencias con representación legal de la Defensa Pública de defensores especializados en niños y adolescentes. La Misión tuvo conocimiento de que en al menos un caso, «la jueza a cargo de la audiencia intentó inducir a los adolescentes a declararse culpables a cambio de una reducción de pena. Al negarse, los niños y adolescentes, sus causas fueron remitidas a juicio».
La mayoría de los casos, estos menores de edad fueron imputados por delitos graves como terrorismo e incitación al odio, «en procedimientos marcados por la ausencia de investigaciones previas que permitieran esclarecer los hechos».
La Lopnna establece que en casos de niños, niñas y adolescentes, las actuaciones judiciales deben realizarse con carácter «educativo»; es decir, en un lenguaje «claro, accesible y adaptado a la edad» para que los menores comprendan; pero la ONU halló que este principio tampoco se cumplió.
La Misión de Determinación de la ONU identificó como responsables de estas violaciones del debido proceso a los jueces y juezas Keidimar Ramos Castillo, Dayana Desirée Castillo Hernández, Joel Abraham Monjes, Kelly Núñez, Berllyna Darab, Laisdys Martínez y Rafael Hernández, «quienes concentraron casos provenientes de diversos estados, incluyendo La Guaira, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Yaracuy y Bolívar», especificaron.
La investigación de la ONU también encontró que mientras los niños y adolescentes permanecieron en detención, las familias denunciaron a autoridades de suspender las visitas carcelarias «si hablaban públicamente de los casos».
La ONU contabilizó 216 excarcelaciones «bajo medidas cautelares» y alertó que no están adaptadas a sus edades; de acuerdo con exigencias internacionales y enfatizaron que estas medidas «pueden ser más gravosas que las impuestas a personas adultas, como, por ejemplo, una mayor frecuencia para presentarse ante los tribunales, que en algunos casos ha llegado a ser cada ocho días», solo con presentaciones en Caracas.
También denunciaron que cuatro adolescentes aún siguen detenidos: tres de ellos en La Guaira y uno en Lara.
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Torturas y malos tratos
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU encontró que los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral fueron víctimas de tortura y malos tratos y advirtió que en los menores el umbral del dolor y sufrimiento varía; por lo que restricciones temporales de contacto con sus familias pueden convertirse en tal.
Algunos de los casos de tortura y malos tratos en contra de menores de edad documentados por la ONU destacan:
- Golpes severos.
- Amenazas de muerte.
- Asfixia con bolsas plásticas.
- Aplicación de corriente eléctrica.
- Actos de violencia sexual y de género como tocamientos y solicitudes de relaciones sexuales a cambio de favores y violencia psicológica, incluyendo amenazas de prisión perpetua.
Los expertos de la ONU indicaron que la mayoría de estos actos de tortura fueron cometidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional (GN) e indicaron que registraron casos de adolescentes con «las manos quemadas tras obligarles a sujetar cauchos calientes o sangrando en el pecho con motivo del uso de electricidad».
La Misión investigó el caso de un adolescente de 16 años, detenido el 29 de julio de 2024, por funcionarios de la PNB, en Carabobo, quien fue llevado a una instalación militar, allí, el joven fue «golpeado con un bate mientras tenía las manos atadas a la espalda y asfixiado con bolsas plásticas mientras le exigían que grabara un video en el que declarara haber recibido dinero para participar en actos violentos. Ante su negativa, le aplicaron descargas eléctricas».
Además, lo amenazaron de «partirle la cabeza», diciéndole que nadie sabía dónde estaba y que lo iban a matar. Este adolescente fue privado de alimentos y agua por varios días y después reportó insomnio recurrente y pesadillas vinculadas a descargas eléctricas, atribuibles a torturas y abusos sufridos.
Otro de los casos documentados es el de un adolescente, de 16 años, diagnosticado con trastorno el espectro autista, detenido el 2 de agosto de 2024, sometido a tortura mediante asfixia y descargas eléctricas para obligarlo a grabar una confesión en un video.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU identificó que los adolescentes excarcelados presentan trastorno de estrés postraumático, ansiedad, alteraciones de sueño, adicciones, dificultades de concentración, aislamiento familiar y social, y episodios de ira y violencia y enfatizan que estos «son indicios de haber sufrido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Los familiares de los jóvenes también reportaron presión emocional y psicológica tras la incomunicación con sus hijos, que les provocó cuadros de ansiedad, depresión y agotamiento emocional, así como alteraciones de la salud física.
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