Aspectos económicos de una plataforma opositora, por Humberto García Larralde
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Tres elementos motivan las siguientes reflexiones. Primero la ilusión de que, con la respuesta de algunas actividades a la liberación de precios y del mercado cambiario, estamos en presencia de un proceso de “normalización” del país. Segundo, la carta recientemente publicada, firmada por 25 integrantes de la sociedad civil venezolana, cuyo aspecto más polémico es el llamado al presidente Biden de EE.UU. a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela. Y tercero, la constatación de que, frente a los dos elementos anteriores, las fuerzas democráticas no comparten ninguna política clara, ausencia importante ante la oportunidad planteada de desalojar a Maduro del poder en las elecciones de 2024.
Primero, la economía venezolana, efectivamente, da muestras de que dejó de contraerse el año pasado, aunque no hay cifras oficiales al respecto. ¿Significa que, después de tantos años de criminal destrucción, el país empieza a recuperar la normalidad? Depende, por supuesto, de qué se entiende por “normalidad”. Para algunos, la reducción drástica de la inflación, la proliferación de comercios con productos importados (bodegones), el abastecimiento de supermercados y la activación de algunas construcciones en el este de Caracas, son criterios que satisfacen.
Pero las bondades de tal “normalidad” son disfrutadas por aquellos sectores (minoritarios) con ingresos suficientes en divisas o –cuando no—los “enchufados” en distintos negocios con el gobierno. Aparentemente, no les afecta la inseguridad o no les importa. Pero, al revisar los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida levantada por la UCAB en 2021, impactan las evidencias de inopia, hambre, insuficiencias en la prestación de servicios de salud y otras calamidades que atormentan a la gran mayoría de los venezolanos.
Más del 94% de los hogares son pobres, medidos por su ingreso, y Venezuela exhibe una de las mayores inequidades en cuanto a distribución del ingreso en América Latina. Más allá, el colapso del Estado se refleja en su notoria incapacidad por asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales: agua, luz, salud, educación, seguridad y transporte. En el país que alega tener las mayores reservas petroleras y que alguna vez fue el mayor exportador de este hidrocarburo, hasta la gasolina escasea.
No basta un crecimiento leve para hablar de “normalidad”. Lo verdaderamente anormal es que la economía venezolana haya estado cayendo, a trancos y barrancos, por siete años consecutivos. Y, como alertó un tweet reciente, cuando una economía se ha reducido en un 80%, recuperar su nivel anterior implica crecer en un 400% (¡!)
No puede existir “normalidad” en ausencia de garantías básicas a los derechos fundamentales de la población, entre ellos, de asociación política, de protesta en reclamo de condiciones dignas de vida, de medios de comunicación libres, sin mencionar los derechos básicos a la salud, a la seguridad y a la vida misma.
Venezuela exhibe una de las tasas de homicidio más altas del mundo, muchos a mano de las “fuerzas públicas”, existen 240 presos políticos y más de seis millones de migrados buscando mejores condiciones de vida. Las garantías básicas no existirán mientras no se restablezca un Estado de Derecho que haga cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes que, de él, se derivan. Este desapareció, no por azar o por hechos fortuitos, sino como resultado de un proceso deliberado de desmantelamiento de las instituciones democráticas y las asociadas al funcionamiento de una economía mercantil, por parte de una camarilla que, en nombre de una supuesta “revolución”, se cogió al país para su usufructo exclusivo, depredándolo hasta dejarla exangüe.
Luego está la “carta de los 25” firmada, entre otros, por amigos que merecen mi mayor respeto, tanto por su historial de luchas a favor de la libertad y la justicia, y/o por su desempeño profesional. Infelizmente, han sido objeto de descalificativos inaceptables por parte de quienes se arrogan derechos de pontificar sobre quien es o no, “auténtico” opositor, en total contraposición a los valores de tolerancia y de respeto al derecho de opinar de los demás que, supuestamente, animan el proyecto de democracia liberal con el que se identifican.
Sin entrar en mayores detalles, creo que el “pecado” cometido por los firmantes estriba en proponer al presidente Biden el levantamiento de algunas sanciones, argumentando que no han cumplido con sus propósitos y que, no obstante culpar a la desastrosa gestión de Maduro y Chávez la causa principal de la situación de miseria, éstas la han empeorado. Es muy discutible que las sanciones no hayan tenido efectos sobre el gobierno. Si bien no han forzado el cambio político esperado, por sí solas y con una oposición débil y dividida, ello era demasiado pedir. Aunque no es fácil demostrarlo, puede argumentarse que la incipiente liberalización económica es, precisamente, una respuesta obligada a las restricciones asociadas a las sanciones.
Más allá, está el intento, poco eficaz, por maquillar las apariencias ante las indagaciones del CPI sobre las responsabilidades del gobierno ante la violación de los derechos humanos de muchos venezolanos. A la camarilla mafiosa que controla el Estado le interesa anular la amenaza de mayores sanciones. Por algo será.
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Pero quizás el aspecto más discutible es pensar que, de levantarse algunas sanciones –aquellas, presumiblemente, que afectan a las exportaciones petroleras—, aliviará la situación de miseria que padece la inmensa mayoría de compatriotas. Sucede que, para el primer trimestre de este año (2022), los ingresos por exportación de petróleo fueron entre 2,5 a 3 millardos de dólares superiores a los del primer trimestre del 2021, resultado del alza de precios atribuible a las sanciones contra las ventas rusas de crudo y a incrementos en la producción doméstica. ¿A dónde fueron esos reales? ¿Hay mejoras visibles en los servicios, en el empleo, en la capacidad adquisitiva de la gente?
Porque el incremento decretado de sueldos se va a financiar, en buena medida, con emisión monetaria. Ergo, se anticipa mayor presión inflacionaria y una eventual “licuefacción” de estos aumentos. ¿A dónde sospechamos que puedan ir ingresos adicionales de levantarse las sanciones? El efecto “derrame” sobre el bienestar de la población de mayores ingresos externos es muy bajo, por la sencilla razón de que el leit motif de los que ocupan el poder es quedarse con lo que entra.
En función de ello han desmantelado las instituciones que regulan la cosa pública, entre otras la autonomía y equilibrio de poderes (supervisión independiente del gasto), la transparencia y la rendición de cuentas de su gestión, y el respeto al Estado de Derecho en lo concerniente a los derechos y libertades de los venezolanos, incluyendo garantías para la iniciativa privada. Sin recuperar el marco institucional correspondiente, será poca la mejora en las condiciones de vida de las mayorías que podemos esperar. Y de ahí la importancia de levantar las sanciones como arma de negociación que fuerce tal fin, condicionado a avances concretos, verificables, en esa dirección. Por el contrario, suponer que, al levantarlas primero, Maduro, a cambio, introducirá reformas políticas, sería, como dice la crítica, poner la carreta delante del caballo.
Y, por último, ¿Cómo lograr cambios que lleven a la liberación de presos políticos, la restitución de garantías, la observación del Estado de Derecho y a unas elecciones nacionales confiables, de parte de quiénes están interesados en mantener las condiciones con base en las cuales han podido expoliar a sus anchas las riquezas del país? En el actual estado de debilidad, división y confusión de las fuerzas opositoras, luce poco plausible.
Sin una política nacional clara, que cohesione, fortalezca y movilice a la mayoría opositora, habremos de desperdiciar las oportunidades de cambio planteadas por las elecciones de 2024. Sin una estrategia eficaz, asimismo, es poco el fruto que puede brindar la presión de las sanciones. Un elemento básico es aprovechar los reacomodos a que se ha visto obligado Maduro para articular acciones centradas en la ampliación y consolidación de la liberalización iniciada, y para enfrentar las arbitrariedades que habrán de ocurrir.
Ello debería conectar con los nuevos liderazgos que emergen de la lucha reivindicativa, por demandar servicios públicos y/o que se manifestaron en las conquistas recientes de algunas alcaldías a nivel nacional. Más allá, la recuperación de un marco institucional confiable, capaz de suscitar cuantiosos préstamos de las multilaterales, podrá sanear al Estado para que pueda producir los bienes públicos que requiere la población y podrá atraer las inversiones capaces de aprovechar las enormes potencialidades de nuestra economía. S
in ello, será difícil alcanzar las condiciones de bienestar a que aspiran y tienen derecho los venezolanos. Sin estas conquistas, la famélica recuperación con que Maduro alardea de sus “mejoras”, tardará interminables décadas en sacarnos de la miseria. Hacer de esa política una bandera para el cambio es, por tanto, un desiderátum.
Humberto García Larralde es economista, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor (j) de la Universidad Central de Venezuela.
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