Ataques a defensores de DDHH aumentaron 44% en entre enero y junio
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que en el primer semestre del año 2023 se evidenció la continuidad de una política de criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes promueven y defienden DDHH. Documentó casos de estigmatización (191), intimidación y hostigamiento (70), amenaza (35), detención arbitraria (4) , ataques digitales (3), judicialización (2) y otros (4)
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre del año. La cifra representa un incremento de 44% con respecto al mismo período del 2022, cuando se registraron 2014 vulneraciones.
A través de un informe, divulgado en su página web, el centro señaló que en el primer semestre del 2023 se evidenció la continuidad de una política de criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos.
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«Entre enero y junio de 2023 se documentó cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos», agregó el CDJ en el informe.
De acuerdo con el centro en los primeros seis meses del año se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, lo que aumentó el nivel de riesgo para las personas y organizaciones defensoras en el país.
Entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento documentó casos de estigmatización (191), intimidación y hostigamiento (70), amenaza (35), detención arbitraria (4) , ataques digitales (3), judicialización (2) y otros (4).
La organización no gubernamental (ONG) señaló que en el primer semestre del año se retomaron acciones para avanzar en dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines y el proyecto de ley de cooperación internacional.
Para la ONG las mencionadas normas constituyen los avances más recientes del Estado en la profundización del cierre del espacio cívico y democrático. Aseguró que los instrumentos legales ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela y restringen (las normas) de forma arbitrara los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica.
«Reiteramos que, en el caso de los dos Proyectos de Ley, se han conocido de manera extraoficial, y están caracterizados por estar compuestos de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos», advirtió.
Alertó el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos.
Por otra parte, recomendó que, ante los próximos eventos electorales, el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro. «El trabajo de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país, es esencial para responder a la crisis, promover los valores democráticos y proteger dignidad humana de los venezolanos».
