Autoridades educativas y de salud han desamparado a los colegios en su reinicio a clases
El caso de la vacunación del grupo poblacional de menores, entre tres y doce años, merece atención especial; a la fecha actual, la OMS todavía no ha autorizado ninguna vacuna contra la covid-19 para menores de 12 años
Este viernes 5 de noviembre representantes de diversas organizaciones que se agrupan en el gremio médico, denunciaron que desde las autoridades tanto educativas como de salud, se ha dejado solo a los educadores luego de que se llamara a clases presenciales en todos los niveles.
“La apertura de los centros educativos no ha contado con un plan de apoyo por parte de las autoridades educativas y de salud”, advirtieron, al tiempo que señalaron que esta reactivación de clases presenciales después de año y medio de pandemia se ha dado “en condiciones que garanticen la seguridad y la protección de niñas, niños y adolescentes, y de su grupo familiar”.
Además, desde el gremio médico condenaron que desde la administración de Nicolás Maduro no se haya consultado a las instituciones académicas, sociedades científicas, gremios, padres y representantes ni a la sociedad en general, sobre las medidas y condiciones que debían establecerse para lograr el regreso a clases seguro, sin poner en riesgo a la población involucrada.
En el comunicado, los especialistas de salud refieren que los ciudadanos tienen derecho a disponer de información confiable sobre el desarrollo de vacunas seguras y efectivas para ser utilizadas en los distintos grupos poblacionales, así como a conocer el tipo de vacunas administradas.
Asimismo, consideraron que es importante que se cumplan los procedimientos y protocolos sobre el uso de vacunas, “tener información confiable y oportuna sobre el curso de la pandemia, a fin de adoptar las decisiones que su desarrollo amerita”.
A casi nueve meses de haberse iniciado el proceso de inmunización en el país aún no ha sido publicado un plan oficial de vacunación, que esté actualizado, que permita el ejercicio de la contraloría social.
“El regreso a clases presenciales debió haberse hecho bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, funcionamiento regular de los servicios públicos, especialmente en los planteles educativos oficiales, que atienden al 80% de niñas, niños y adolescentes provenientes de los sectores más depauperados de nuestra población. De igual manera, debió haberse reactivado el Programa de Alimentación Escolar, así como un plan de recuperación de la infraestructura y dotación de las instituciones educativas, y de todo el ámbito de protección del estudiante, la familia y el personal docente. En el marco de estas condiciones, debió garantizarse de manera expresa la inmunización del estudiante, familia y personal docente, previo al reinicio de las clases presenciales, para el caso de la población comprendida entre los 13 y 17 años”.
El caso de la vacunación del grupo poblacional de menores, entre tres y doce años, merece atención especial; a la fecha actual, la OMS todavía no ha autorizado ninguna vacuna contra la covid-19 para menores de 12 años; la autorización más reciente es la adoptada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos el 3 de noviembre de 2021, al aprobar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores de cinco a 11 años.
“Los datos recientemente publicados muestran que los niños y adolescentes están ahora propagando la enfermedad en sus comunidades y hogares, por ello no dudamos en mostrar nuestro acuerdo en que se iniciase la vacunación en los grupos etarios entre 13 y 17 años, sin dejar de tener presente que los programas de vacunación contra la covid-19 están guiados principalmente por dos principios fundamentales:
- Proteger a los más expuestos y vulnerables contra la enfermedad grave y muerte.
- Cortar la cadena de transmisión del virus en la comunidad; la implementación de esta medida en este grupo etario, aunque justificada, no debe hacerse a expensas del primer objetivo.
A su juicio, el Estado venezolano debe considerar los riesgos que implica una flexibilización prolongada en el escenario de una dinámica epidémica de intensidad creciente, por lo cual es importante generar las condiciones para el cabal cumplimiento de las normas de bioseguridad como una medida fundamental que garantizará el éxito de las actividades de prevención y vacunación emprendidas.
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