Bachelet considera que «indulto» es un paso hacia la apertura democrática en Venezuela

Michelle Bachelet indicó que la ONU seguirá respaldo la liberación de presos políticos y el fortalecimiento de los DDHH en el país

La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su satisfacción este martes 1° de septiembre por la medida de Nicolás Maduro de «indultar» a 110 personas, en los que se beneficiaron diputados en el exilio, líderes políticos y sindicales presos, así como actores sociales que fueron acusados de cometer delitos por moticaciones políticas.

A juicio de Bachelet, el «indulto» hecho por el mandatario venezolano pone punto final a los procesos judiciales que estaban abiertos contra estas personas y se les otorga la libertad incondicional, recalcando que muchos diputados -cuya inmunidad había sido «despojada» por la impuesta asamblea constituyente- junto a asesores y otros políticos fueron beneficiados.

«Valoro esta decisión como un paso significativo en los esfuerzos en favor de la apertura del espacio democrático y de la mejora de la situación de derechos humanos en el país», dijo la alta comisionada chilena según el diario La Vanguardia.

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Bachelet adelantó que el organismo que dirige seguirá apoyando procesos de liberaciones y de fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos en Venezuela.

Desde que presentara su primer informe sobre la situación de DDHH en nuestro país, la también expresidenta chilena ha hecho señalamientos importantes acerca de lo que ocurre en Venezuela respecto a las violaciones de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza contra los disidentes del Ejecutivo, tratos crueles e inhumanos dentro de las cárceles y detención de presos politicos.

Cuando se otorgó la medida de casa por cárcel al diputado Juan Requesens el viernes 28 de agosto, que no entró en la lista de «indultos» hechos por Maduro, Michelle Bachelet se pronunció al respecto, diciendo que la misma era algo positivo.

“Saludo la concesión del arresto domiciliario al parlamentario opositor venezolano Juan Requesens. Dicha decisión es un gesto muy positivo. Aliento a las autoridades a seguir tomando medidas similares que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país”, expresó.

En julio de 2020, denunció que persiste un «patrón» de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela, a pesar del argumento del régimen de Nicolás Maduro de haber «sofocado» varios intentos subversivos en el país para intentar deponerlo y establecer una nueva administración.

«Me preocupan las presuntas alegaciones de torturas y detenciones arbitrarias a raíz de una presunta incursión militar. Estoy consciente que el Estado debe esclarecer estos hechos, pero debe respetar los derechos humanos y evitar las acciones documentadas», destacó.

Reconoció que en Venezuela hay tortura contra los privados de libertad por razones políticas, se detiene sin respetarse el debido proceso y sus delegados no han podido entrar aún a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para constatar el estado de salud de estas personas y de las instalaciones.

El gobernante Nicolás Maduro, a través de un decreto presidencial, ordenó un «indulto» el 31 de agosto para 26 diputados con inmunidad «allanada» y más de 50 presos políticos o personas que se encontraban bajo régimen de presentación en tribunales por causas políticas.

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El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, leyó el decreto presidencial, durante una rueda de prensa,  donde se establece como uno de los considerandos que las elecciones parlamentarias «constituyen una oportunidad estelar para garantizar la participación de los partidos políticos y representar a los más de 20 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral».

Además, se otorgó el «indulto» a presos políticos como el sindicalista Rubén González, a los médicos Williams Aguado y José Alberto Marulanda, al igual que a José Luis Santamaría, Vasco da Costa y Régulo Castro, señalados de estar vinculados con el fallecido expolicía rebelde Óscar Pérez.