Bachelet critica retardo procesal y la creciente represión contra defensores
Una de las cuestiones que enfatizó Michelle Bachelet fue sobre el debido proceso, “incluido el derecho a la libertad y a un juicio sin demoras indebidas, y el acceso a un abogado de su elección. De los casos individuales de preocupación planteados a los funcionarios desde septiembre de 2021, se han dado a conocer la liberación de 16”
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó este jueves 17 de marzo el retardo procesal en Venezuela, pese a las recientes reformas judiciales y de cuerpos policiales, además de la creciente represión y estigmatización contra defensores de DDHH, activistas y periodistas.
Al inicio de su actualización oral ante el Consejo de DDHH de la ONU, Bachelet resaltó los aspectos positivos de algunas iniciativas de reforma como la del sistema de justicia y de cuerpos policiales, que calificó además como «pasos prometedores».
At #HRC49, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet updated the Human Rights Council on the human rights situation in #Venezuela.
«I call on the authorities to investigate all allegations of human rights violations and abuses,» she said. pic.twitter.com/yDmPIXzieF
— UN Human Rights Council 📍 #HRC49 (@UN_HRC) March 17, 2022
Recordó que este tipo de reformas deben abordarse de forma genuina y efectiva «para evitar revisar violaciones a derechos humanos del pasado y evitar que se repitan. Mi equipo está disponible para acompañar estos esfuerzos».
El pasado 25 de enero, durante una actualización oral, Bachelet también reportó los pocos avances sobre los procesos judiciales contra las cadenas de mando señaladas de ser presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país.
Dijo que se les ha dado acceso a algunos expedientes sobre violaciones y solo una audiencia judicial, una situación que espera cambién en los próximos meses. Tomó en cuenta las sentencias en algunos casos, como la condena contra los homicidas del capitán Rafael Acosta Arévalo, pero recordó que «aún quedan casos por resolver».
Bachelet resaltó que el memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es otra oportunidad para que se demuestre el compromiso para prestar justicia de forma efectiva y eficaz, al igual que la promoción en la rendición de cuentas por violación a derechos humanos.
Una de las cuestiones que enfatizó la Alta Comisionada fue sobre el debido proceso, “incluido el derecho a la libertad y a un juicio sin demoras indebidas, y el acceso a un abogado de su elección. De los casos individuales de preocupación planteados a los funcionarios desde septiembre de 2021, se han dado a conocer la liberación de 16”.
Indicó que “al menos seis personas permanecen detenidas a pesar de las órdenes de liberación para ellas, y al menos 22 han solicitado su liberación argumentando el vencimiento de los límites legales. De los casos resueltos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 12 personas continúan detenidas”.
La Alta Comisionada además solicitó la liberación de todas aquellas personas detenidas de forma arbitraria, así como el acceso a atención médica adecuada. “Mi Oficina ha estado llamando periódicamente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos”.
Defensores y periodistas perseguidos
La Alta Comisionada Michelle Bachelet, durante su actualización oral, destacó que su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, amenazas y estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios independientes y sindicalistas.
“Sigo preocupada por el enjuiciamiento de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentando cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, continúa detenido y su salud parece deteriorarse”, destacó.
En particular, la Oficina de la Alta Comisionada ha contabilizado 24 casos de estigmatización de defensores de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos, desde septiembre de 2021.
También incluyó en el recuento el cierre de ocho estaciones y programas de radio durante el último año, así como bloqueos al acceso de sitios web de al menos siete medios de comunicación. Por ello, instó a las autoridades a “fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todos los venezolanos”.
Bachelet además manifestó su preocupación por la falta de disponibilidad de información pública. “A pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre de 2021, no se ha ubicado ningún presupuesto nacional desde 2018”.
Diálogo y grupos irregulares
Michelle Bachelet mencionó brevemente los intentos por retomar una negociación entre autoridades de la administración de Nicolás Maduro y sectores opositores, y recomendó que ambas partes “se comprometan” a que sea inclusiva y con pleno respeto a los derechos humanos.
Sobre este tema, dijo también estar lista “para brindar apoyo técnico y animo a la comunidad internacional a facilitar las condiciones conducentes a alcanzar e implementar acuerdos significativos”.
Otro punto mencionado por Bachelet, al igual que en sus últimos cuatro informes orales y escritos, es la presencia de actores armados no estatales y grupos criminales, que dijo han incrementado la violencia, “especialmente a lo largo de la frontera con Colombia; en regiones mineras; y en los centros urbanos”.
Mencionó los enfrentamiento en el estado Apure, que “han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos, muchos de ellos indígenas (…) Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas”.
Indicó que espera “con interés la creación de un mecanismo nacional para el seguimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal. Acojo con satisfacción el compromiso de las autoridades con mi Oficina y confío en que continuaremos profundizando nuestra cooperación para promover los derechos humanos en el país”.
Respuesta venezolana
Héctor Constant, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, dijo que toman nota de la actualización oral de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y ofrecerán respuesta a sus señalamientos de forma escrita.
El funcionario dijo que los «señalamientos negativos» sobre la administración de Nicolás Maduro, al tiempo que criticó que, en su informe, Bachelet y su Oficina «no tomaron en consideración de información enviada por el Estado».
Resulta ya habitual la contextualición mediática, por lo que hacemos un llamado a preservar la objetividad e imparcialidad para evitar el uso parcializado de este tipo de mecanismos, dijo Constant.
También lamentó «escuchar líneas discursivas que no se ajustan a la realidad. No se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela sin hablar de los efectos de las medidas coercitivas unilaterales por Estados Unidos y otros países». Reiteró que han enviado aprobado la visita de cuatro procedimientos especiales, entre ellos sobre el derecho a la vivienda y alimentación.
Durante marzo, la Alta Comisionada ha sostenido dos reuniones virtuales con las autoridades venezolanas, entre ellas Nicolás Maduro, donde se revisaron “temas de trabajo conjunto”, en particular temas relacionados a la asistencia técnica que provee su Oficina en materia de derechos humanos y justicia.
*Lea también: Informe de Bachelet se afinca en sanciones para reflejar la crisis agravada en Venezuela
Al igual que en otras actualizaciones, diversos países tuvieron la oportunidad de emitir comentarios sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Tanto la Unión Europea, Estados Unidos y otros diez países enfatizaron las violaciones de derechos humanos de forma sistemática, en particular de torturas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
Estos países también hicieron hincapie en que la rendición de cuentas es necesaria para proveer de justicia efectiva y reparación a las víctimas. También resaltaron las restricciones al espacio democrático y solicitaron a Venezuela aceptar la implementación de una Oficina país.
Mientras que Arabia Saudita, en nombre del Grupo de Consejo de Cooperación del Golfo; Rusia, Corea del Norte, Cuba, Siria, Sri Lanka, Nicaragua, Bolivia y China rechazaron un «debate politizado» sobre Venezuela, pues consideran se instrumentalizan los derechos humanos en base a agresiones a otros países.
Además recomendaron a la Oficina de Bachelet perseguir una vía de interacción sincera cumpliendo con prinicipios de independencia, soberanía y no injerencia.
