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Bachelet pide a Maduro investigar ejecuciones extrajudicionales y cesar asedio a ONG



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Michelle bachelet Venezuela 25.09.2020 Cuba
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TalCual | marzo 11, 2021

Michelle Bachelet también se refirió a la debacle de los servicios públicos en el país. Aseveró que desde septiembre, el acceso a los servicios básicos ha sido cada vez más difícil para la ciudadanía debido a los efectos de la pandemia por el coronavirus, por lo que se han generado protestas sociales y se ha profundizado la emergencia humanitaria compleja


La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al régimen de Nicolás Maduro investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad y detener su política de persecución y hostigamiento a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y líderes de la disidencia política.

«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», dijo Bachelet este jueves 11 de marzo.

*Lea también: El último mandato sobre la visita de relatores de la ONU al país lo tiene Maduro

Durante la actualización oral de su informe sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación a la imposición de restricciones indebidas a organizaciones dedicadas a atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Bachelet pidió la reanudación de los proyectos que han sido suspendidos debido a la persecución del gobierno.

De acuerdo a lo señalado por la Alta Comisionada, el régimen de Nicolás Maduro continúa restándole espacio al civismo en Venezuela. Informó que desde septiembre del 2020 su oficina documentó al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.

«Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONG siguen siendo investigadas por motivos similares», agregó.

Por otra parte recordó que a inicios de año se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en medios de comunicación. La exmandataria chilena afirmó que las acciones de asedio del régimen de Maduro no contribuyen a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario.

Bachelet resalta crisis social

La alta comisionada Michelle Bachelet también se refirió en su actualización oral sobre la debacle de los servicios públicos en el país. Aseveró que desde septiembre de 2020, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, ha sido cada vez más difícil para la ciudadanía debido a los efectos de la pandemia por el coronavirus, por lo que se han generado protestas sociales y se ha profundizado la emergencia humanitaria compleja.

Desde el año pasado, diversos observatorios sociales han puesto de manifiesto el aumento de las protestas por los servicios públicos, así como una mayor organización social para lograr una resolución a la escasez, que se observa principalmente -en los casos del gas, alimentos y gasolina- en los estados del interior del país.

Otro de los puntos resaltados por Bachelet dentro de su informe fue la precariedad del salario en el país. «Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de $1 al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria».

También puso de manifiesto la muerte de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020. Para la Alta Comisionada es un «recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas».

Estas muertes, así como la desaparición y redes de tráfico y explotación de personas han sido evidenciadas en la investigación de TalCual «Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula», en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.

«Perdida de objetividad» y revisión

La administración de Nicolás Maduro, por medio del canciller Jorge Arreaza, emitió una respuesta pública rechazando la actualización oral de la Alta Comisionada que denominaron como «desbalanceada»,  y se destacó que someterán a revisión el convenio que se suscribió en 2019.

El canciller dijo que «es muy preocupante» que la Alta Comisionada «ceda ante la presión» de los actores internacionales, «y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad», una respuesta similar a la que dio el embajador Héctor Constant sobre la Misión de Determinación de Hechos el pasado 10 de marzo.

Además, Arreaza lamentó que pese a la presencia en el terreno de varios representantes de la Oficina de Bachelet, la información que presenta «no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran un escenario de violencia en Venezuela».

Por último, dijo que mantener la carta de compromiso y cooperación que actualmente manejan con la Oficina de la Alta Comisionada dependerá «de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo».

Apoyo de Argentina

El embajador de Argentina en la ONU, Federico Villegas Beltrán, celebró el trabajo de Bachelet con la actualización de su informe, ya que demuestra que «existen progresos en la asistencia técnica» brindada por la agencia de la ONU.

En aras de estrechar la cooperación entre Venezuela y la Acnudh, el diplomático instó al gobierno chavista a establecer una oficina permanente para el equipo de la comisionada y cooperar plenamente con todos los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Además, también exhorta a implementar las recomendaciones hechas por Bachelet en sus informes y comunicados, entre las cuales destacó realizar investigaciones exhaustivas sobre las alegaciones de violaciones a derechos humanos,así como poner fin a los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas.

Estas declaraciones fueron aplaudidas por Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, y ratificó que «las víctimas de las violaciones a los DDHH merecen justicia y el país entero volver a la democracia que nos ha sido arrebatada».

1/2 El Comisionado Presidencial @HUMBERTOPRADOS agradece las palabras emitidas por el Embajador de Argentina en la ONU, tras la actualización del Informe de la Alta Comisionada @mbachelet sobre Venezuela. pic.twitter.com/RI6jcMBPhl

— ComisionadoDDHH (@ComisionadoDDHH) March 11, 2021

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