Bachelet rechaza la condena a Rubén González y denuncia hostigamiento a la familia
La Alta Comisionada sostiene que la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechaza la condena del dirigente sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión “por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical”.
“Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”, dijo Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela este lunes 9 de septiembre en Ginebra durante el 42° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que culmina el 27 de septiembre.
La familia de González, que ha sido víctima de persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo dos allanamientos realizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), agradece a la Alta Comisionada por tomar en cuenta en el informe actualizado al líder sindical, quien lleva más de 9 meses tras las rejas en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Los familiares también esperan que el caso de González pase a instancias mayores.
“En nombre de mi familia, de los trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco y de mi papá, Rubén González, quiero agradecer públicamente a la señora Bachelet ya que en su reciente informe fue tomado en cuenta el caso de Rubén González como un caso político, un caso de violación a los derechos humanos, a la libertad sindical”, expresa Yarudid González, secretaria de doctrina y formación sindical de Sintraferrominera e hija del sindicalista.
Considera que el haber tomado en cuenta el caso de González en su informe es una evidencia del atropello a la libertad de expresión, al derecho a la protesta y a la libertad sindical en Venezuela.
La sindicalista también destacó el pronunciamiento de la Alta Comisionada sobre la arremetida del gobierno contra la familia de González, sus amigos y allegados que defienden sus derechos.
En agosto de 2018, cuando se intensificaron las asambleas de trabajadores de Ferrominera frente a los portones de la empresa por el “paquetazo antiobrero y antipopular de Maduro”, la Dgcim allanó el hogar de González ubicado en la ciudad de Ciudad Piar, en el estado Bolívar.
La familia se vio obligada a mudarse de su hogar a una vivienda en Ciudad Guayana, donde fue víctima de otro allanamiento. Entretanto, a los familiares del sindicalista que también son empleados de la estatal, como Yarudid González y Degraín Marichales (yerno), la directiva de empresa los sacó de la nómina y sus cuatro hijos dejaron de gozar de los beneficios otorgados por Ferrominera, como educación, salud y cultura.
“Esto deja en evidencia que este gobierno se ha dedicado a perseguir a todo aquel que decida levantar la voz. Estamos seguros de que este caso va a seguir siendo llevado a instancias mayores y que se le dará pronta solución y libertad no solo a Rubén González sino a todos los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, añadió la sindicalista.
El 13 de agosto, el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín, Monagas, a cargo del coronel Alexis Baloa, condenó a 5 años y 9 meses de cárcel a González por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional (FAN), aun cuando el artículo 49, numeral 4, de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”.
González fue detenido en la madrugada del jueves 29 de noviembre de 2018 luego de que guardias nacionales retuvieron en Anaco a 60 trabajadores de empresas básicas de Guayana, entre ellos el dirigente sindical.
Regresaban de una protesta laboral realizada el miércoles en Caracas, en la que trabajadores de la administración pública les entregaron a comisionados de la Defensoría del Pueblo un documento en el que le exigen al funcionario Alfredo Ruiz Angulo que “ejerza las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo o cualquier instancia judicial en defensa de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores del sector público”.
El viernes de esa misma semana un tribunal militar de Maturín le dictó privativa de libertad y lo trasladaron a La Pica.
Del 8 al 12 de julio, la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó al país para constatar las denuncias de violaciones a los convenios internacionales laborales relativos a la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos por parte del gobierno de Maduro.
Los miembros de la Comisión de la OIT también visitaron Guayana, donde la Intersectorial de Trabajadores de la ciudad (ITG), capítulo Heres, denunciaron la persecución a trabajadores y dirigentes de las empresas básicas de Guayana por exigir mejoras salariales.
Por otro lado, Bachelet sostiene que la situación económica y social en Venezuela sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. “La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”.
Indica que el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. “Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades”.
