Baja de ingresos por pandemia causó inseguridad alimentaria en 60% de venezolanos en Perú
La canasta alimetaria para una familia migrante venezolana de tres personas, con un consumo aproximado de 2,100 kilocalorías, cuesta 158 dólares, según un estudio del Subgrupo de Trasnferencias en Efectivo. Mientras, por concepto de alquiler o alojamiento gastan al menos 127 dólares mensuales. Lo que alcanza a ganar en Perú escasamente cubre esas necesidades
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) publicó el estudio «Análisis conjunto de necesidades 2022″ de connacionales en Perú, en donde se determinó que durante el año 2021, 6 de cada 10 venezolanos en ese país sufrió inseguridad alimentaria debido a los efectos económicos por la pandemia por covid-19, que generó una disminución de hasta 26% en sus ingresos.
Los migrantes venezolanos pasaron de ganar en promedio 332 dólares mensuales a 244, lo cual, a su vez, se tradujo en que, por ejemplo, el ingreso per cápita de una persona venezolana en Lima fuese casi tres veces menor que el de un limeño. Ello hizo que los recursos limitados se consolidasen como una de las principales barreras para que pudiesen tener una alimentación adecuada.
Las medidas que tomaron en los hogares de migrantes venezolanos ante esta situación de precuariedad, de acuerdo con lo que reseñan en el documento, fueron las siguentes: comer alimentos más baratos, disminuir el número de comidas diarias. Esto siempre como parte de las estrategias de los adultos para alimentar a los más pequeños.
En casos más extremos, tuvieron que pedir en las calles, sacar a los niños de la escuela, aceptar trabajos ilegales o denigrantes, y hasta vender bienes.
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«Con la falta de empleo y dinero, preferimos pagar el alquiler en vez de comer», fueron las palabras de una personas venezolana en la nación andina.
La canasta alimetaria para una familia de tres personas con un consumo de 2,100 kilocalorías cuesta 158 dólares, según un estudio del Subgrupo de Trasnferencias en Efectivo. Mientras, por concepto de alquiler o alojamiento gastan al menos 127 dólares mensuales, 28 en transporte y 24 en salud. Este último monto sin sumarle el valor de medicinas especiales que necesitan algunas familias que, en la mayoría de los casos, no cuentan con un seguro médico.
Estimaciones del R4V apuntan a que al menos 1.486 migrantes de origen venezolano tienen necesidades de alimentación. Algunos de ellos son de desplazados en tránsito y otros ya están establecidos en el Perú, cuyos gobiernos locales deben implementar planes de ayuda alimenticia, como ollas comunitarias o programas de comidas escolares.
«El acceso de refugiados y migrantes a los programas alimentarios gubernamentales aún es limitado. Si bien más de 60,000 niños y niñas venezolanas reciben asistencia a través del programa nacional QaliWarma (lo que equivale a poco más de la mitad de toda la población escolar con matrícula activa), aún se requiere la inclusión en otras iniciativas, por ejemplo, el plan multisectorial Hambre Cero, para reducir brechas de inseguridad alimentaria en población vulnerable ante el covid-19», reseñan en el boletín.
Aumenta la malnutrición en niños venezolanos
Con la llegada de la pandemia, el servicio sanitario en Perú, como en todo el mundo, se dedicó a atender las emergencias por coronavirus. Como consecuencia se descuidaron los servicios de atención dirigidos a niños y niñas menores de cinco años y a mujeres embarazadas y lactantes, causando, en parte, un incremento de la malnutrición por desnutrición aguda y desnutrición crónica, y por sobrepeso y obesidad en la población infantil venezolana migrante.
«Se ha identificado un empeoramiento de la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años, el nivel de desnutrición aguda
en esta población es mayor que en la peruana, 5.4 por ciento y 1.6 por ciento, respectivamente. Asimismo, el sobrepeso y obesidad en menores de 5 años también se incrementó de 7.4 por ciento en 2020 a 8.7 por ciento a julio 2021″, comentan en el documento.
Estas tendencias se debieron sobre todo a la caída en los ingresos económicos de los hogares migrantes durante la pandemia, forzando a recurrir a estrategias negativas para acceder a alimentación, como las ya anteriormente mencionadas, que implicaron una reducción del consumo de alimentos nutritivos o la sustitución por otros más accesibles, pero de menor calidad nutricional.