Ballestas, el aeropirata; por Simón Bocanegra
Lo del aeropirata colombiano es un asunto político y no podía ser manejado por la PTJ y el DAS. Ballestas es un perseguido político en su país y su destino debe depender de instancias políticas y no policiales. En un proceso tan complejo como el colombiano, en el cual insurgentes y gobierno se han reconocido mutuamente como interlocutores para poder negociar, el gobierno venezolano debe evaluar todas las circunstancias políticas que envuelven el caso, e incluso consultar con Bogotá, antes de tomar una decisión. Por eso no se podía aceptar que la PTJ actuara como si se hubiera tratado de un delincuente común, entregando al hombre sin siquiera consultar a los niveles políticos del MRIJ. Si Ballestas pide asilo habrá que considerar su solicitud no sólo a la luz de ese derecho sui generis que es el derecho de asilo, típicamente latinoamericano, sino también a la luz de la legislación internacional sobre delitos de terrorismo o que violan derechos humanos. Eso toma tiempo y debe ser una decisión judicial. Por eso este minicronista cree que Provea actuó acertadamente al impedir la entrega de Ballestas a la policía colombiana.
