Borges asegura que caso del capitán Acosta Arévalo debería mover la conciencia de la FAN
Borges dijo que se está trabajando para activar la justicia universal y evitar que el caso del capitán Acosta Arévalo y de otras personas quede impune
El diputado Julio Borges, quien fue designado comisionado de Relaciones Exteriores por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, aseveró este jueves 15 de octubre que el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió estando en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debería ser un testimonio capaz de mover la conciencia de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Recordó que la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas reveló que Acosta Arévalo «prácticamente murió frente a un juez», luego de ser presentado en silla de ruedas por la golpiza que había recibido por parte de los funcionarios de seguridad.
En ese sentido, Julio Borges manifestó que se encuentran trabajando para llegar a activar la justicia universal en este caso y en el de todas aquellas personas que han sido víctimas de la actuación de la administración de Nicolás Maduro en violación a DDHH.
Dijo que el oficial recibió post mortem la orden Fernando Albán en reconocimiento a su lucha por Venezuela. «Tanto él como Fernando entregaron su vida por la libertad de todo un país, nuestro deber es tomar su legado y continuar hasta completar la gesta que tanto soñaron”, recordó.
Asimismo, Borges reiteró que en sus conversaciones con los cancilleres de varios países del mundo ha insistido en la importancia de la activación de la justicia universal.
“Ya logramos la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, ese era un paso muy importante. Ahora bien, la justicia universal debe ser el próximo instrumento de la comunidad internacional. En nuestras conversaciones con líderes y cancilleres hemos enfatizado en la necesidad de activar procesos penales contra los responsables de las violaciones a los DDHH en Venezuela, casos como los del Capitán Acosta Arévalo no pueden quedar impune”, aseveró.
El caso del Cap. Acosta Arévalo debe ser un testimonio que mueva la conciencia de la familia militar, murió prácticamente frente a un juzgado, luego de recibir golpes por parte de esbirros de la dictadura. Luchamos para lograr la justicia en este caso y el de todas las víctimas. pic.twitter.com/5gTlM1L5jQ
— Julio Borges (@JulioBorges) October 15, 2020
Por último, aseguró que la conjugación entre la Fuerza Armada Nacional, junto a la presión interna del pueblo venezolano y el apoyo internacional es la clave para lograr un cambio en la administración del país.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, decretó el viernes 9 de octubre la nulidad de la acusación hecha por el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, señalados como los presuntos responsables por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
También ordenó reponer la causa a la fase en la que el Ministerio Público debe presentar -dentro de los próximos 30 días- un nuevo acto conclusivo » con prescindencia de los vicios observados», ya que considera que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Posteriormente, el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, indicó que la Fiscalía volverá a conocer del expediente de los acusados por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, «para precalificar estos hechos que significaron una violación de derechos humanos».
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Su abogado, Alonso Medina Roa, indicó que cuando llegó al juzgado el 29 de junio, ya presentaba evidentes signos de tortura y murió unas horas después en el Hospital Militar.
