Burocracia retrasa graduaciones de universidades privadas más que la pandemia
La UCAB dijo que debido a que las graduaciones protocolares se podrán realizar una vez se levante el estado de alarma, su estudiantado podrá retirar los títulos correspondientes en fechas determinadas, y que eso no les quitará la oportunidad de asistir a la ceremonia futura
El pasado 9 de julio César Trompiz, ministro de Educación Superior de la administración de Nicolás Maduro, informó que debido a la pandemia, entre el 27 y el 31 de julio las universidades debían entregar los títulos por secretaría. Sin embargo, hay ciertos obstáculos burocráticos que han impedido que en las instituciones privadas esa orden se cumpla a cabalidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Universidades, a fin de darle validez legal a los certificados expedidos por las casa de estudio privadas, los mismos deben ser refrendados ante el órgano ministerial competente, por lo que en el contexto de la pandemia, las graduaciones se han retrasado más de lo «normal».
Ana Figueroa, futura egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), culminó su carga académica en febrero de 2020. Esperaba que su acto de grado fuera el 16 de julio, pero la universidad postergó la ceremonia para el próximo 15 de octubre, pues para el momento en que se decretó el confinamiento en Venezuela, sus documentos y los de los 166 alumnos de su promoción no habían sido mandados al ministerio.
Según un correo enviado por la casa de estudio, el órgano regulador les dio una cita para el 22 de julio para realizar el respectivo refrendo. Ese día revisaron los expedientes, firmaron los documentos correspondientes y reprogramaron los actos para octubre. Si bien en el comunicado no especificaron si en esa fecha sólo se haría entrega del título por secretaría, Ana mantiene la esperanza de que aunque sea con tapaboca y guantes, el rector Virtuoso le entregue su medalla en el Aula Magna.
«Oportunamente les informaremos cómo será el protocolo de entrega de los mismos (títulos) por parte de la universidad a los graduandos. La celebración de acto protocolar estará sujeta al levantamiento de las restricciones por parte del Ejecutivo nacional, lo cual informaremos, así como la logística que se implementará a tales efectos», rezaba el documento de la universidad.
Ante la incertidumbre, parte de la promoción de graduandos a la que pertenece Ana decidió enviar una carta en la que le pedían a su escuela que al pasar la pandemia les hicieran el acto protocolar correspondiente, pues creen que el estado de alarma no se levantará en dos meses, que es la condición que la universidad dice debe darse para que la ceremonia se realice.
En ese sentido, vale destacar que, si bien Trompiz había dicho que las universidades que tuvieran más de un núcleo debían habilitar una secretaria ad hoc en cada uno de ellos para poder hacer la entrega de los títulos y así evitar la movilización de los estudiantes de un estado a otro, en la sede de la UCAB Guayana siguen a la espera de los certificados.
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De acuerdo con una estudiante de esa sede y cuyo acto era en abril, secretaría de UCAB Guayana aún sigue coordinando el traslado de los certificados desde Caracas hasta Puerto Ordaz, pese a que ya están refrendados y revisados por el ministerio.
La estudiante de comunicación social aseguró que no le importaría tener su graduación durante la pandemia, pues prefiere tener su título en mano antes de que «pueda pasar algo en el país y yo me quede sin el chivo y sin el mecate: sin graduación y sin título».
Sin respuesta
Parte de los 70.994 alumnos que según Trompiz se gradúan este año vienen de universidades privadas, lo que significa que ese estudiantado, a diferencia del de la pública, debe esperar a que el ente -que no está trabajando como regularmente lo hacía- firme sus títulos.
Alejandra Alvarado, estudiante de la Universidad Monteávila (UMA), pertenece a ese grupo. Culminó su carga académica el 8 de mayo, dos meses después de haberse iniciado el confinamiento, y por ello debe esperar a que el ministerio le asigne a su institución una fecha para realizar los trámites que le faltan.
En una comunicación que envió el Comité de Graduación de la casa de estudios se explica que en condiciones ordinarias ya tuviesen todos los papeles en orden, pues esos trámites no demoran más de 10 días. Aclaran que los títulos que se estaban entregando eran únicamente aquellos que se habían consignado antes del 12 de marzo. No obstante, tal y como se mencionó anteriormente, ese no es el caso de Alvarado, quien a pesar de estar en el listado definitivo de graduandos de la promoción XVII de Comunicación Social, sigue en «una especie de limbo».
Desde la Monteávila se informó que se había pedido en consulta previa con el ministerio una fecha tentativa para realizar el trámite. Sin embargo, su respuesta fue que no tenían previsto iniciar un nuevo proceso de títulos pendientes de firmas. Ante eso, el ente advirtió a los cerca de 300 alumnos que se gradúan de la escuela de comunicación este año que debían tener sus documentos y trámites administrativos solventes, pues llegado el momento en el que se les otorgue la cita para refrendar los títulos, quienes no tengan sus expedientes completos quedarán para las graduaciones del año 2021.
Alvarado dice entender que la universidad no pueda hacer nada para acelerar ese trámite burocrático, y cree que su única opción es esperar. Agradece que al menos ya tiene un trabajo, a diferencia de algunos de sus compañeros que esperan por el título para irse del país o que en el lugar en el que trabajan les exigen un título.
Un poder para retirar el título
Gabriela Henríquez es una graduanda de la Universidad Católica Andrés Bello que en medio de la pandemia logró salir del país. Aun cuando por lo único que esperaba era su título universitario, decidió irse sin él. La ucabista dijo a TalCual que desde el departamento de egresados de la UCAB le informaron que debía dejar un poder notariado a nombre de la persona que retiraría el documento. Sin embargo, el precio debía pagar por ello y la inoperatividad de las notarias en Venezuela impidieron que pudiera dejar la autorización antes de marcharse a Estados Unidos.
La joven señaló que la universidad pautó la entrega de títulos para finales de año, sin embargo, piensa que no podrá regresar para la fecha porque duda que el espacio aéreo esté abierto para ese entonces. Es por eso que decidió hacer el poder notariado en la nación norteamericana y enviarlo, pues incluso así le sale mucho más barato que pagar la vacuna a los funcionarios venezolanos.
«Yo voy a hacer un poder aquí en EE.UU y lo voy a mandar. Lo traducen, se introduce en una notaría y es lo mismo. Es un poder legalmente válido. El poder iría apostillado y habilitado. Cuesta 90 dólares el mandarlo a hacer y 69 dólares el envío», detalló Henríquez, quien comentó en Caracas le estaban cobrando 500 dólares por redactar exactamente el mismo documento.
