Calixto Ávila: El Estado deberá actuar «bajo presión» para mostrar progresos ante la CPI
Las recientes declaraciones del fiscal sobre la investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela ponen de manifiesto la poca actuación del gobierno de Nicolás Maduro para lograr una justicia real y efectiva para las víctimas. El representante de Provea en Europa, Calixto Ávila Rincón, señala que el foco de la Fiscalía de la CPI está en la aceleración de las actividades investigativas. Provea también destaca la deuda del Estado venezolano con la CPI (14,1 millones de euros), más de la mitad de la deuda de los 123 Estados parte de la Corte
Calixto Ávila Rincón, abogado especialista en Derechos Humanos y representante de Provea en Europa, señaló que tras las recientes declaraciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la actuación del Estado venezolano y el avance de la investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, las autoridades deberán «actuar bajo presión» durante el año 2025 para mostrar una verdadera voluntad de hacer justicia y sortear –de momento– el escenario internacional.
«Podemos esperar un año donde el Estado venezolano deberá necesariamente mostrar progresos, no simplemente mediante la propuesta de proyectos o talleres dirigidos a mejorar el sistema judicial, sino mediante medidas concretas, en particular, leyes concretas y prácticas que indiquen que hay una verdadera voluntad en avanzar en el establecimiento de los responsables de los crímenes que investiga el fiscal de la Corte Penal Internacional», afirmó Ávila en conversación con TalCual.
De no haber avances específicos, el abogado destacó que ya el fiscal Karim Khan mencionó que la segunda vía –la investigación en curso– puede profundizarse.
«El Estado venezolano deberá actuar para mostrar progresos, pero actuar ya bajo presión, una presión real transmitida por este fiscal en un discurso de la Asamblea de Estados partes, donde el objetivo es buscar el apoyo de los 123 Estados parte del Estatuto de Roma para lograr sus objetivos de complementariedad en la situación de Venezuela», señaló el representante de Provea.
Esta complementariedad, establecida a través de un memorando de entendimiento durante la primera visita al país del fiscal de la CPI en noviembre de 2021, «ya se está agotando» en palabras del propio funcionario, que también ha insistido este año en la necesidad de ver un progreso real sobre las investigaciones y enjuiciamiento que apunten a los responsables de crímenes cometidos en Venezuela, incluyendo la cadena de mando responsable.
«Esta situación lo que pone en evidencia es que la estrategia dilatoria del Estado venezolano para hacer frente a la investigación Venezuela I se está volviendo totalmente contraproducente. El tema de la complementariedad no es un tema nuevo, y como dice el fiscal Khan es un tema que se ha venido trabajando desde hace tres años con el enfoque de ver si es posible en el país», apuntó Ávila.
Respecto a la investigación, el abogado explicó que el equipo de la Fiscalía de la CPI, en situaciones como Venezuela I, Burundi, Costa de Marfil y Filipinas, tiene como foco la aceleración de sus actividades investigativas. Esto «con el ánimo de llegar a lo que llegan las investigaciones: poder identificar casos concretos y poder llegar a establecer responsabilidades y responsables específicos».
Pero también como cualquier fiscalía que actúe de manera adecuada, advirtió el representante de Provea, no sólo recogen evidencia incriminatoria sino material exoneratorio de responsabilidades.
Calixto Ávila también destacó que «es difícil saber cuál es la valoración del fiscal» para una solicitud de órdenes de captura a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, encargados de aprobar estas medidas, y si pueden aprobarse en el corto plazo.
«El fiscal deberá valorar si existen las condiciones suficientes para solicitar las órdenes de captura si los casos son suficientemente sólidos. De todas maneras hay que tener presente que el fiscal puede estimar que esa solicitud y órdenes de captura pueden ser mantenidas de manera confidencial para evitar que los individuos que son objetos de estas órdenes de captura estén alertas y se evadan de la justicia», dijo.
Deudas ante la CPI
La organización Provea puso de manifiesto, en redes sociales, la gran deuda que mantiene el Estado venezolano con la Corte Penal Internacional.
La morosidad del gobierno de Nicolás Maduro alcanza los 14,1 millones de euros, lo que representa «más del 50% del total de deudas acumuladas entre los 123 miembros» de la Asamblea de Estados parte. que llega a 27,6 millones de euros.
Desde noviembre de 2018, afirmó la ONG, las autoridades venezolanas no han hecho pago de las cuotas al organismo. Según el Estatuto de Roma (artículo 112, numeral 8), una deuda superior a dos años conlleva la suspensión del derecho a voto en la Asamblea de Estados Parte, que se reúne esta semana en La Haya.
El representante del gobierno de Maduro pidió que se restituyera su derecho al voto, tras alegar «circunstancias ajenas a su voluntad» para estar en mora, pero la Asamblea de Estados partes no ha decidido sobre esa solicitud.
«Como Estado Parte del Estatuto de Roma, Venezuela tiene la obligación de cumplir con sus compromisos financieros. La CPI afronta serias carencias presupuestales y la morosidad de Venezuela solo contribuye a debilitar el trabajo de la Corte», señaló Provea.
