Capturan a 10 funcionarios por cobrar para readjudicar apartamentos de Misión Vivienda
Los funcionarios de la Misión Vivienda habrían cometido diversas irregularidades en el manejo de los urbanismos creados por el gobierno
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) capturó a 10 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat, cinco de ellos directores de esa cartera, que formaban parte de una presunta red que desalojaba apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y hacía adjudicaciones de los inmuebles cobrando en dólares para ello.
De acuerdo con el diario oficialista Últimas Noticias, la PNB recibió una denuncia de la viceministra Carolina Cestari sobre la adjudicación irregular de apartamentos de la Gran Misión Vivienda.
Los agentes de ese organismo de seguridad llevaron a cabo dos operativos: uno de ellos en en el urbanismo Felipe Antonio Acosta (parroquia Coche, municipio Libertador) donde detuvieron a las funcionarias Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno, junto a la líder de la comunidad identificada como Ada Llovera Castellanos.
Según las primeras investigaciones, estas personas habrían amedrentado con armas de fuego a ocupantes de estos inmuebles de la Misión Vivienda para que se salieran de allí y luego, cobrando previamente un importe entre cinco y siete mil dólares, se entregaban los apartamentos a nuevos inquilinos. Ada Llovera fue identificada como la persona que ejercía las amenazas de forma directa contra los adjudicatarios, mientras que las funcionarias hacían el papeleo.
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En otro procedimiento, la PNB detuvo en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano (Las Mercedes, municipio Baruta) a Peregrina Alejandrina Amor Morelo, directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares; Mary Yoselin Trejo Peñaloza directora de Adjudicación; Miguel Ángel Tovar Quijada, director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares; Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez, director de la Escuela del Constructor Popular, y la analista Karla Eduviges Sáenz Camacho.
También fue detenido el analista del Ministerio de Vivienda Germán Antonio Medina Vargas, acusado de supuestamente desalojar a alguien de un urbanismo en Ciudad Tiuna.
Además, se conoció que ya había una auditoría parcial a los urbanismos de esta Gran Misión en Caracas donde se hallaron algunas irregularidades como ocho casos de registros de cédulas incongruentes: cinco presentan sólo dos dígitos y tres con dígitos duplicados.
Se identificaron 3.382 cédulas duplicadas en el sistema, 486 casos de doble beneficio en diferentes parroquias, 2.841 casos con doble registro, 53 casos con tres registros y dos casos con cuatro registros, entre otras irregularidades.
