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«Cárcel o muerte», por Teodoro Petkoff



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Teodoro Petkoff | septiembre 9, 2010

El ministro del Interior asumió y convalidó la declaración del general Benavides sobre el destino de los delincuentes: «cárcel o muerte».  De modo pues que ya no se trata de algún exabrupto aislado de un general bravucón sino de una política de Estado. Después de once años el gobierno de Hugo Chávez ha dado un bandazo copernicano. Desde aquella impropia declaración de «comprensión» ante el que roba por hambre, hecha por el Presidente casi inmediatamente de su toma de posesión, pasamos ahora al otro extremo: «Cárcel o muerte».

Es la confesión de un fracaso. Al gobierno se le escapó de las manos el problema de la inseguridad ciudadana y ahora, carente de política efectiva, apela, estrictamente por razones electorales, al discurso brutal, pero que sabe grato a muchos oídos de un país abrumado por el hampa.

Ambas declaraciones, la de Benavides y la de El Aissami son parte de la campaña electoral. Es pura demagogia. Porque, en verdad, lo que se anuncia como una «nueva» política, es la más antigua de todas. Aunque nunca anunciada tan rimbombantemente, «cárcel o muerte» ha sido la respuesta tradicional del Estado a la inseguridad.

Ahora adquiere un tono solemne porque el gobierno se compromete pública y abiertamente con los procedimientos que son propios de tal «política». La confesión de fracaso en la lucha contra la inseguridad pretende ser sustituida durante las tres semanas de la campaña electoral por declaraciones y acciones efectistas.

Nadie pide mano blanda con la delincuencia, ­que es la que ha habido durante todos estos años­ pero igualmente inaceptable es dar carta blanca a policías y guardias nacionales para aplicar la pena de muerte discrecionalmente.

Eso se vuelve un carrusel de delitos sobre delitos; de homicidios sobre homicidios. Cuantos casos de «resistencia a la autoridad» no han sido sino simples ejecuciones, de esas denominadas «extrajudiciales» ­como si las pudiera haber «judiciales», en un país donde ningún tribunal puede sentenciar a la pena capital. ¿Ha disminuido eso la criminalidad? Todo lo contrario; se puede afirmar que ha contribuido a incrementarla.

Firmeza y energía en la lucha contra la delincuencia implica, además de políticas sociales y económicas de mediano y largo plazo, una policía, unos tribunales y un sistema penitenciario que no sean, como lo son hoy, parte del problema y no de la solución.

Por cierto que militarizar la acción represiva, dando rol protagónico a la Guardia Nacional es exactamente una de las medidas más desaconsejadas por los expertos en estos asuntos, incluyendo los autores del proyecto Conarepol, (que llevó adelante Jesse Chacón y que su sucesor, Pedro Carreño, engavetó por «neoliberal»), quienes alertaron contra esa «tentación», a la cual cede con tanta frecuencia el gobierno cuando quiere simular que está haciendo algo.

Este problema de la delincuencia es muy gordo, en verdad, y no es de fácil solución, pero después de casi doce años de errores, pasividad, corrupción rampante e incluso estímulo a la barbarie, vía los brutales discursos de Chacumbele, con toda seguridad la solución no anda por esa peregrina transposición del «patria, socialismo o muerte» a la de «cárcel o muerte».

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