Cartas Magnas marcadas, por Carlos M. Montenegro
El cinismo revolucionario siglo XXI está adquiriendo niveles artísticos. El Defensor del Pueblo venezolano, cuando declaraba sobre las “mentiras y falsedades” del informe de la señora chilena, la de los DDHH que nos visitó, que no le quedó más remedio que informar la verdad, conocida de todos, a la ONU so pena de suicidarse políticamente, tras cubrir de improperios a la vieja amiga del régimen añadió esta perla: “en todos los países del mundo se violan los DDHH, lo importante es que se tomen las medidas necesarias para corregirlas”. Y se quedó tan tranquilo.
No sería cierto decir que sorprendió semejante comentario tan lógico, por demás, tomando en cuenta al personaje, el cargo que ocupa, al régimen que representa y la catadura de los gobernantes que “monaguillea”. Asombraría si fuera lo contrario; de contar con algo de decoro mejor se hubiera callado.
Pero lo que indigna más es que nadie se rasgue las vestiduras de indignación y vergüenza, en el otro bando, ante tamaña expresión que lo dice todo. Solo se oye a los familiares de las victimas pedir justicia y los que reciben a cambio son declaraciones compungidas de solidaridad para, acto seguido, volver a lo mismo: que si diálogos en Noruega sí, que si diálogos en Barbados no… o donde quiera que nos lleve la zanahoria que nos pongan delante.
Definitivamente habrá que intentar que lo que vaya a venir sea un régimen totalmente diferente a los que hasta ahora hemos tenido; parece lógico cambiar la “mejor constitución del mundo” que estos revolucionarios de pacotilla nos endosaron hace 20 años, y borrar del mapa todo lo que han destruido a cuenta del librito más zarandeado de la historia literaria patria, a veces con nuestra impasible aquiescencia, eso también.
Claro que eso nos llevaría a incurrir en el mismo error de siempre, de modo que “si no es el chingo, es el sin nariz”. Cuando en Venezuela, llegan nuevos presidentes votados o impuestos, lo habitual ha sido con escasas excepciones cambiar la Constitución, al albedrío del que llega generalmente en su beneficio, político o pecuniario, y en no pocos casos si no una, varias veces.
Cuando en 1811 se declaró la independencia fue redactada promulgada y sancionada por el Congreso Constituyente en Caracas la primera Constitución de Venezuela y por cierto también de Hispanoamérica, de vida breve, pues fue derogada al año siguiente debido a la capitulación de Francisco de Miranda en San Mateo.
Desde entonces y hasta la Constitución de 1999, aún vigente, si no he contado mal, Venezuela ha sido inaugurada 24 veces. En los 208 años transcurridos desde que Cristóbal Mendoza y J. German Roscio redactaron el primer documento que creaba una nueva nación, la república ha sido, con sus correspondientes Cartas Magnas, de todo, vean
Federación de Estados Unidos de Venezuela (1 vez); Gran Colombiana (2); Estado de Venezuela (3); Estados Unidos de Venezuela (1); Republica Federal, Liberal Amarilla (4); Federal castrista (2); Estatuto constitucional de Márquez Bustillos (1); Federal gomecista (6); Federal lópezcontrerista (1); Federal Revolucionaria, del triunvirato con Betancourt (1); Rep. de Venezuela de P. Jiménez 1953 (1); Rep. de Venezuela, Punto Fijo (1); Rep. Bolivariana de Venezuela (1). Y ya nos quieren inaugurar de nuevo con una constituyente hecha, como Frankenstein, de retallones.
Puede decirse que, al margen de los toques personales aportados por cada presidente constitucional, (pocos), o de facto (bastantes más), el rasgo común a todas casi sin excepción es su marcado corte presidencialista. Con una breve mirada histórica puede afirmarse que las cosas en el país mejoraron muy poco, o nada; en gran parte porque el camino republicano de Venezuela ha estado sembrado de felonías, perjurios y traiciones, que como minas iban demoliendo lo bueno que se iba construyendo. Al final, incluido el espejismo democrático puntofijista todo se fue al garete, y ninguna de las 24 “cartas magnas” han llegado a su destino.
Las Constituciones en su mayoría son las mismas. Nada de reformas, con escasos argumentos los presidentes de turno redactaban a piacere una nueva, y punto. El General Juan Vicente Gómez solamente promulgó 6 constituciones que contenían apenas modificaciones menores.
El resultado es que somos los mejores malos en este certamen de fracasos constitucionales. Aunque no hemos estado solos
Bolivia nació a la vida independiente en 1825 y desde entonces se han aprobado 19 textos constitucionales, que al compás de los tiempos han enfrentado muy variados cambios políticos, económicos y sociales. La Asamblea de 1826 ejerció el poder constituyente “originario” para la creación del nuevo Estado. El último proceso constituyente en 2006 terminó rediseñando las estructuras del viejo Estado republicano, para bautizarlo en una especie de acertijo: “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”.
En Colombia, en un periodo de tiempo similar, fueron promulgadas 9 Constituciones. Lo curioso es que 8 fueron aprobadas durante el siglo XIX, y solamente una en el XX. Algo debieron aprender, pues con la constitución de 1886, y 8 ó 9 reformas, transitaron 105 años, hasta la vigente de 1991.
En Perú la Constitución, también «Carta Magna», es la ley fundamental donde se asientan el Derecho, la Justicia y las normas sobre las que se organiza el Estado peruano. Desde la primera redactada en 1823 hasta la última en 1993, han sido doce en total, si no se toman en cuenta estatutos ni reglamentos provisorios.
En la Historia de Chile han existido 10 textos constitucionales y un proyecto de constitución federal que no llegó a materializarse. Su elemento común ha sido la creación de un estado unitario con diversos grados de presidencialismo, salvo el ensayo federal de 1826.
México ha sido más contenido a pesar de su turbulenta historia. Desde 1821, el año en que logró su independencia, ha tenido 4 constituciones, aunque hubo antecedentes de reglamentos, tratados y diversos convenios, que ejercieron transitoriamente como constituciones.
Sorprende que la Constitución de la Nación Argentina, aprobada en la ciudad de Santa Fe en 1853 es la misma que rige a la actual República Argentina. En 166 años; diferentes artículos han sido retocados varias veces, la última en 1994; sin embargo, en nueve oportunidades han sido dejados sin efecto o retocados por militares o gobernantes de facto.
Sin embargo, en el norte de América, el 4 de julio de 1776, los representantes de 13 colonias inglesas firmaron una Declaración de Independencia y anunciaron su separación formal de Gran Bretaña, creando una nueva nación: los Estados Unidos de América. Su Constitución fue redactada en la Convención de Filadelfia en 1787, firmada y promulgada en 1788. Es su única Constitución, y consta de un preámbulo y apenas 7 artículos a los que en 231 años solo se les han hecho 27 enmiendas.
Suele decirse que el constitucionalismo nació a finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa acabó con el Antiguo Régimen, pero la verdad es que los franceses se copiaron de la Constitución de EEUU que era anterior. Pero a su vez los norteamericanos habían redactado la suya tomando nota de las tradiciones de su antigua metrópoli, con lo que podría afirmarse que el constitucionalismo original viene de Inglaterra, un país que curiosamente carece de una constitución escrita, lo mismo que Israel, Nueva Zelanda, Canadá y algún otro.
No puede decirse que a esos países sin constitución les haya ido tan mal. En el caso inglés, las leyes fundamentales británicas han evolucionado a lo largo de muchos siglos, y nunca han sido recopiladas en un documento único. El Reino Unido se rige por el derecho común o consuetudinario, el derecho estatutario y las convenciones.
Las Constituciones sirven, pero solo si se cumplen a cabalidad, si no logra que las instituciones funcionen correctamente, se convierten en papel mojado. Las Cartas Magnas decretadas y ejecutadas por tahúres aprovechados, son cartas marcadas, y solo sirven para hacer trampa.
El buen funcionamiento de las instituciones es más importante que los gobiernos y las constituciones de los países. Hay muchos casos que lo demuestran. Un caso emblemático se dio no hace tanto.
Bélgica no es fácil. Es un país federal que habla varias lenguas oficiales y parece estar siempre a punto de romperse, amenazado por el eterno conflicto entre dos culturas opuestas Puede decirse que el Guinness de la ingobernabilidad está en poder de los belgas.
La cosa arrancó en abril de 2010 con la dimisión del primer ministro democristiano Yves Leterme. Las elecciones del 13 de junio las ganó el partido separatista de Flandes, pero sin mayoría absoluta con 27 escaños de los 150 de la Cámara, debido a la enorme cantidad de partidos. El rey Alberto II convocó hasta ocho formadores de gobierno distintos sin resultados hasta que lo logró el 6 de diciembre de 2011.
Había pasado 18 meses, más de año y medio sin gobierno. Lo que presagiaba un desastre siendo los años más duros de la crisis económica en Europa; en Bélgica vivieron 541 días con un gobierno en “standby” inhabilitado para aplicar medidas especiales de emergencia, subidas o bajadas de impuestos, recortes de funcionarios, reformas laborales o ajustes que impusieran austeridad como única receta ante la crisis.
Pero sorprendentemente el país creció durante ese periodo más del 2% del PIB; la percepción de la corrupción mejoró y el país pasó de ocupar el puesto 22 al 16 en la eurozona; bajó el paro y subió el salario mínimo y el Ingreso Nacional per Cápita subió de 31.299 a 31.600 euros. La economía y la sociedad avanzaron y tuvieron un comportamiento equiparable al de sus vecinos europeos. El crecimiento, el desempleo y las cuentas públicas evolucionaron incluso mejor que la media de la Unión Europea.
Los trenes llegaron a la hora, los aviones también, no falló la electricidad ni el agua, los hospitales siguieron curando, las escuelas, colegios y universidades siguieron enseñando, los bancos funcionando, Los comercios vendiendo y las empresas operando sin contratiempos, todo el mundo cobraba sus salarios y hacían sus compras y no hubo inflación…
Ante la inevitable (¿¿??), el consenso general de los entendidos, fue que las instituciones cumplieron con el cometido que les fue encomendado y la gente también.
La política económica es una especie de género literario disfrazado de ciencia: en economía no hay leyes impepinables como la de la gravedad. Y desde luego tampoco las hay en política, a pesar de lo que pontifican tantos blabladores