Caso de balseros desaparecidos en Güiria cumple un año estancado
A un año de que se le perdiera el rastro al bote Jhonaili José en la costa de Güiria, los familiares continúan preguntándose qué pudo haber pasado mientras aguardan porque el Estado emprenda acciones serias por las víctimas y los más de 60 desaparecidos que se sumaron a las listas en meses siguientes
Este 23 de abril de 2020 se cumple un año desde que 38 personas desaparecieron sin dejar rastros entre las costas de Güiria, estado Sucre, y la isla de Trinidad y Tobago. 365 días después las familias aún esperan que el Gobierno actúe para la búsqueda y rescate de sus parientes.
Hace un año, 38 personas abordaron el bote Jhonaili José, 29 eran mujeres y adolescentes. Fue la primera desaparición de una embarcación de al menos cuatro que han ocurrido desde entonces, que fueron calificadas como «naufragio», a pesar de que las investigaciones apuntan a que se trata de víctimas de una red de trata de personas.
A pesar de ser considerados como «naufragios» las denuncias de familiares fueron atendidas por las autoridades con días de retraso y luego de la insistencia y búsqueda particular de varios de ellos.
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La ruta marítima que lleva a los emigrantes en pocas horas hasta Trinidad y Tobago desde entonces se convirtió en una especie de triángulo de las Bermudas que poco tiene que ver con algo místico: todos los caminos señalan que la trata de personas es el verdadero monstruo que se está devorando a los balseros venezolanos.
Aún así los familiares de los desaparecidos aseguran que lo único que ha naufragado son sus denuncias, pues hasta ahora las autoridades ni siquiera los llaman para verificar datos o darle indicios de los avances de la investigación o siquiera para saber que se está haciendo algo para esclarecer el caso.
Con la mirada en el calendario
Desde que se le perdió el rastro a la embarcación, la zozobra reina entre las familias de los desaparecidos. Ana Arias, madre de Luisannys Betancourt, una de las jóvenes perdidas en el mar, cuenta cada uno de los días que han pasado en estos 12 meses desde que su hija salió rumbo a Trinidad y Tobago.
La madre relata que desconocía lo que haría Luisannys. La última vez que la vio fue el 15 de abril cuando dos amigas la fueron a buscar a su casa, en Cumaná. Una de ellas era compañera de clases y la otra prima de su amiga.
Arias cuenta que días después de la última vez que la vio, la joven la llamó llorando para decirle que quería regresar a casa, pero no la dejaban y luego se colgó la llamada repentinamente. La madre aún guarda los últimos mensajes recibidos de la joven que tenía 15 años de edad cuando salió, y en los cuales se evidencia que fue sacada del país contra su voluntad, víctima de mafias dedicadas a la prostitución forzada.
“Mamá, ellas me dicen que para dejarme ir tengo que pagar 200 dólares”, fue el mensaje que la joven le envió a su madre luego de caerse la llamada, pero no hubo más respuesta, a pesar de que la mamá le anunció que ella conseguiría el dinero para rescatarla.
Ana Arias puso la denuncia ante funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) pero le dijeron que esperara 72 horas porque su hija seguramente estaba «de rumba». Ya han pasado 8.760 horas desde entonces y Ana todavía espera que las autoridades asuman la búsqueda y así como ella los familiares de más de 20 personas que aún siguen desaparecidas.
El 20 de febrero de este año, familiares de los desaparecidos del bote Jonhaili José se unieron en protesta con las familias de los desaparecidos del Ana María (mayo 2019) y también de los parientes de las personas a las que se le perdió la pista en La Vela de Coro, Falcón (junio 2019) para exigir respuestas a las autoridades. Ese día les prometieron en el Ministerio Público que serían designadas nuevos funcionarios para investigar los casos, por lo que tendrían que volver a proporcionar datos, los mismos que habían repetido una y otra vez al avanzar los meses sin ver frutos.
Al cierre de 2019 el Comité de familiares de los desaparecidos había protestado varias veces en la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir al Estado acciones para esclarecer el caso. Sin embargo, la respuesta del organismo fue confusa. Solo les dijeron que la investigación «avanzaba» pero no dieron mayores detalles a los parientes por lo que quedaron como al principio: en el aire.
El día de la protesta en diciembre de 2019, los familiares se dirigieron a la sede de Interpol, en Caracas. En el organismo fueron notificados de que el Ministerio Público no había compartido la información de la desaparición de la primera embarcación y por esta razón aún no se había activado la alerta amarilla para los desaparecidos y la alerta roja para los presuntos implicados en la desaparición del bote Jhonaili José.
“No hemos tenido respuesta en cuanto a las desapariciones de nuestros familiares. No nos han dado ningún tipo de información. Nos dijeron que estaban trabajando, pero a esta altura no tenemos ni la copia de nuestro expediente”, indicó a TalCual Luisa Estee, familiar de Anabelle Aguilera, también desaparecida en el bote Jhonaili José.
Tras la desaparición de los primeros tres botes (dos partieron desde Guiria, en Sucre, y otro desde la Vela de Coro, en Falcón) la Asamblea Nacional creó una Comisión Especial que investiga las desapariciones de las embarcaciones, integrada por los diputados Carlos Valero, Robert Alcalá y Luis Stefanelli. Hasta 2019 la investigación que adelantaron los parlamentarios daba cuenta de que hay un entramado de corrupción que empieza con los funcionarios de la Capitanía de puertos y el Comando de guardacosta, encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago.
Según el diputado Robert Alcalá «solo con pagar 550 dólares las mafias obtienen un zarpe legal sin tomar en cuenta protocolos de seguridad». Asimismo, advirtió que la hipótesis de que estas personas son víctimas de trata y esclavitud moderna tomaron más fuerza a medida que se tejieron cronológicamente cada uno de los casos.
A un año de la desaparición del bote Jhonaili José los familiares continúan preguntándose cuál es el paradero de los suyos y aguarda que los organismos del Estado emprendan acciones serias para rescatar a las más de 60 personas que en el transcurso de 2019 también desaparecieron en altamar.
