Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional (I), por Beltrán Vallejo
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La Corte Penal Internación es un organismo que tiene ya varios años asumiendo un rol de amenaza latente que pende sobre el régimen de Nicolás Maduro y que ha acompañado el imaginario de la sociedad venezolana informada, que ha formado parte del ideario de algunos sectores que lo ven como la pesadilla que algunas veces apareció en el ayer de Chávez y que hoy irrumpe de vez en cuando con Maduro.
Desde esa perspectiva, es interesante hacer historia y reflexionar sobre las verdades o mitos de la CPI, y para eso hay que conocer como ha funcionado y cuáles son sus antecedentes, considerar las acusaciones que pesan sobre el régimen de Maduro en materia de crímenes de lesa humanidad, y también tomar en cuenta que, a pesar de que el propio régimen madurista le resta a ese organismo legitimidad y credibilidad, calificándolo como instrumento de potencias enemigas, sin embargo también la dictadura introdujo allí una demanda contra EEUU por la aplicación de sanciones que para el punto de vista del régimen son las únicas responsables de que los hospitales sean adefesios sanitarios; son las únicas responsables de que ya no produzcamos tres millones de barriles diarios de petróleo; son las únicas responsables de la ruina de nuestros agricultores; y son las únicas responsables de que, a pesar de los bonos, la mayoría de los venezolanos vive con penuria y hambre, menos la élite chavomadurista.
Sobre el historial de desencuentro entre el chavismo y el CPI, hay que remontarse hasta el año 2009 cuando Hugo Chávez, durante su participación en una cumbre de países árabes y de países latinoamericanos celebrada en Qatar, cuestionó severamente la orden de arresto dictada por la CPI contra Omar al Bashir, presidente de Sudán. Cabe destacar que ese dictador, que le apretó el cuello a su país durante treinta años, fue acusado por la Corte Penal Internacional de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, emitiendo dicho organismo una orden de arresto contra él, y siendo rechaza esta medida, no sólo por Chávez, sino también por China, Rusia, y por la Unión Africana y la Liga árabe.
Se recuerda que este Bashir, defendido por Chávez y demás autócratas, terminó derrocado por una junta militar, y fue lejos en el tiempo, en el año 2019, cuando esa junta militar decidió entregarlo a la CPI para que sea juzgado, y desde el 2023 es un prisionero esperando la definitiva sentencia. Es decir, el caso Bashir precisamente es el claro ejemplo de una justicia que tarda mucho, aunque posiblemente llegue porque todavía no ha sido sentenciado.
No es la única vez que Chávez tuvo que ver con la CPI, y por eso es bueno hacer historia para darle su debida dimensionalidad al presente en que vivimos con un régimen de Maduro siendo objeto de una investigación por crímenes de lesa humanidad ante este tribunal. Se recuerda que el difunto presidente fue denunciado también en el 2.009 ante ese organismo por Diego Arria, ex candidato presidencial, ex gobernador y ex embajador de Venezuela ante la ONU. Arria presentó 500 entrevistas de víctimas, extractos de discursos de Chávez, un copioso material audiovisual y otras supuestas pruebas de asesinatos, desplazamientos forzados y torturas, pero su iniciativa particular no prosperó, y algunos especialistas formulan que ese organismo es proclive en rechazar las iniciativas individuales.
Se recuerda que años antes, en el 2004, este tipo de acción la comenzó un abogado de nombre Williams Cárdenas Rubio con su campaña internacional denominada “juzga a Chávez”. Y en el año 2010, un abogado del Presidente Álvaro Uribe, de nombre Jaime Granados, llegó ante la CPI denunciando a Chávez por su vinculación con la organización terrorista FARC; eso tampoco prosperó.
Lo último contra Chávez ante la CPI lo activó en ese mismo 2.010 nada más y nada menos que ese venezolano que es una “eminencia pura de lo jurídico”, cuyo nombre es Hermann Escarrá. Así es, no se equivocan mis lectores al leer este nombre; es ese mismo Escarrá que es el que pinta, acomoda o embarra acciones y textos en pro de hace lo imposible, que es darle algún fundamento constitucional y legal a las tropelías de la dictadura madurista, pues en su momento de radicalísimo opositor fue a delatar a Hugo Chávez ante la CPI por “graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y por la privación ilegítima de libertad de un numeroso grupo de presos políticos y de conciencia”; eso tampoco prosperó, y por eso es que casos como el de este Escarra fundamentan de sobra la escasa credibilidad y nula fiabilidad que hoy en día tiene la clase política venezolana.
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