Cecodap: 12% de casi un millón de niños son aquellos que reciben ayuda psicológica
«El Estado venezolano tiene una gran ausencia en materia de salud mental, esto sumado a la migración masiva produce una fragmentación de la familia», indica el psicólogo Abel Saraiba
En 1990 el Estado venezolano se suscribió a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas un año antes. En ese tratado se comprometía a garantizarle educación, salud, vivienda, y muchos otros derechos económicos y culturales a los niños venezolanos. Sin embargo, a 31 años de haberse suscrito, son más los papeles firmados, que las acciones ejecutadas para garantizarle bienestar social a esa población.
Durante el foro «Derechos de la niñez: Mucho en papel y poco en la práctica», realizado por TalCual este 19 de noviembre, el psicólogo Abel Saraiba de Cecodap indicó que la emergencia humanitaria que atraviesa el país, afecta a los niños, niñas y adolescentes produciéndoles sufrimiento.
En este sentido, destacó que cuando se mira la realidad del país, al no tenerse acceso a la salud, educación, justicia y sistema de protección adecuada esto se transforma en sufrimiento para estos niños. «El Estado venezolano tiene una gran ausencia en materia de salud mental, esto sumado a la migración masiva produce una fragmentación de la familia».
Saraiba de Cecodap, expresó que la escuela es un espacio de soporte para los niños, «de los casos que recibimos en Cecodap, 31% tienen que ver con alteraciones del estado de ánimo ansiedad y depresión, el 20% tiene pensamientos suicidas. Menos del 12% de casi un millón de niños son aquellos que reciben ayuda psicosocial. Ya más o menos damos una idea como los niños están dejados a la deriva».
Protección a la infancia
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un instrumento muy importante para la protección de la infancia, así lo destacó Ageyeimar Gil, Trabajadora Social de Redhnna. Expresó que lamentablemente fue un proceso interesante lograr transformar la ley en Venezuela. «Fueron casi 10 años de participación social, que efectivamente parece que quedan en el papel».
Gil indica que la realidad de la infancia es sumamente agobiante y que el Estado debe asumir con humildad, que perdieron el rumbo y que se tiene una responsabilidad con la emergencia humanitaria compleja. «La ley establece un sistema especial para la responsabilidad penal. Ninguno de los 12 sistemas tiene la capacidad operativa».
Más de 1400 homicidios de niños, niñas y adolescentes fue la cifra contabilizada por Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia, en este sentido el coordinador de la organización Carlos Trapani expresa que el último boletín epidemiológico del 2016, hablaba de 11.146 muertes de niños de menos de un año, por causas prevenibles».
En este sentido, Trapani denuncia que el país se encuentra frente a un colapso en el sistema educativo, y ante la pandemia por la covid-19 se han marcado profundas brechas sociales entre los niños que tiene posibilidades y recursos y aquellos que no los tienen.
En cuanto al impacto de la migración, Cecodap expresa que los últimos datos recopilados señalan que un millón de niños perdieron el cuidado de sus padres, producto de la migración. «Frente a un sistema de protección profundamente debilitado, sin capacidad de respuesta, sin acciones contundentes de prevención de promoción y con una capacidad de atención mermada frente a la usencia de programas de servicios y déficit de personal, lo poco que se mantiene es por une esfuerzo enorme de iniciativas privadas».
Trapani indica que Venezuela no tiene diagnostico y no tiene cifras para poder testificar cuales son los derechos reales de los niños, «no hay datos desagregados ni en educación, ni en vivienda, ni en acceso a agua potable, en vacunas existe ausencia de datos. Todo esto es una dificultad, que nos permite poder afirmar si hemos avanzado o retrocedemos».
Tenemos ausencia de un plan nacional, Venezuela no tiene como país una estrategia que permita que esos derechos que están plasmados en la convención sean tangibles para los niños».
A la ausencia de datos y un plan, Trapani destaca que existe una débil infraestructura institucional, «la reforma de la
Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (Lopna) en 2007 se denunció que iba a representar un retroceso importante en los derechos de los niños, y hoy los hechos nos dan la razón esa reforma conllevó al cierre importante en los canales de información para los niños, se reconoce la participación pero no hay».
Velar por los derechos
Carmen Virginia Galera, de la Fundación Luz y vida, señala que su organización hace vida en el municipio Sucre desde hace mas de 26 años, con el objetivo de velar porque no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes viéndolo desde una idea integral.
