Cecodap: Existe debilidad en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
El abogado y coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, indicó que a pesar de la «estigmatización y criminalización» y de las limitaciones de financiamiento «son las organizaciones de la sociedad civil mucho más efectivas que el propio Estado» en cuanto a la atención de los casos referentes a la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) emitió este jueves un informe donde revela una importante debilidad institucional del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar una adecuada atención de esta población durante el primer año de la pandemia de covid-19.
La Organización No Gubernamental (ONG) aseguró que, a través del Servicio de Atención Jurídica (SAJ), se registró poca respuesta efectiva para la atención de casos que fueron remitidos a distintos órganos del Estado.
“Es motivo de preocupación que de cada diez casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio Público y otros organismos, seis no fueron atendidos a pesar de existir en la ley un mandato expreso de atención prioritaria”, manifestó Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap.
En el informe denominado “Somos Noticia, Capítulo Vulneraciones y Protección a los Derechos del Niño en Contextos de Pandemia”, Cecodap señaló que los datos recopilados, entre abril de 2020 y marzo de 2021, no son representativos de la realidad nacional, “solo son elementos que nos permiten identificar tendencias y alzar la voz para fortalecer los mecanismos de protección jurídica, social y psicológica para los niños y sus familias”.
Señalaron que la situación de debilitamiento institucional, se agrava aún más en el interior del país. “Es un motivo de preocupación los limitados e incluso inexistentes programas de apoyo jurídico y atención psicosocial en el interior del país. Las zonas rurales, ciudades intermedias y comunidades más alejadas de las capitales de estados son zonas más desprotegidas”, expresó Trapani.
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Informaron que en un año, el SAJ realizó un total de 507 intervenciones en casos. El resultado de la atención derivó en orientaciones legales en (80,07%) de los casos; remisiones y recomendaciones a otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil (17,94%); mientras que denuncias (1,97%).
En este sentido, la organización señaló que de los 40 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, un 65% de las solicitudes no fueron atendidas y que solo el 35% de ellas fueron tramitadas. Por otro lado, manifestaron que de los 29 casos enviados al Ministerio Público, un 59% de las solicitudes no fueron atendidas; mientras que de los 18 casos remitidos a otros organismos del Estado se registró que un 50% de las solicitudes no fueron atendidas.
“Hay falta de atención o demora de atención de los casos. Encontramos una suerte de remisiones entre organismos del Estado. Si una persona toca el Sistema de Protección debe ser atendida. Evitar el peloteo. Cuando un niño alega una violación de derechos y va a un organismo del Estado, no es por placer o porque quiere pasar tiempo allá. Es porque lo necesita. Por eso es importante que el apoyo sea accesible, no solo formal para recibir la denuncia, sino que los niños tengan respuesta a sus necesidades jurídicas y que sean restituidos sus derechos”, alertó Trapani.
En el informe se explica que la desestructuración de los órganos administrativos del Sistema de Protección se convierte en otra forma de violencia hacia la población a la que se deben.
Integridad personal, el derecho más vulnerado
El informe detalla que Servicio de Atención Jurídica (SAJ) identificó la integridad personal física y psicológica (violencia física, psicológica, malos tratos y abuso sexual) como el derecho más vulnerado durante un año de pandemia.
“Encontramos familias con altos niveles de estrés, frustración, ansiedad, rabia y tristeza, en las que el contexto económico, el vertiginoso deterioro en la calidad de vida y los conflictos de convivencia constituyen unos de los principales conflictos identificados durante la pandemia”, dijo.
El documento de Cecodap manifestó que el 40,55% estuvo relacionado al derecho a la integridad, es decir, situaciones de castigo físico, maltrato y abuso (sexual, físico), de los cuales 17,24% corresponde a situaciones de riesgo generados por el propio adolescente.
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Mientras que el derecho a la familia alcanzó el 12% de los casos; el derecho a la salud un 11,88%; derecho a la educación un 9,79%. Los datos recogidos por el SAJ incluyen quiénes son los presuntos agresores.
Según el informe de Cecodap, las madres y padres constituyen los principales agresores a los derechos de los niños. “Son personas muy cercanas a los niños. La pandemia y los cambios de rutinas sin lugar a dudas incrementaron las tensiones y la violencia en el hogar”, apunta Trapani.
Las ONG son más efectivas
De acuerdo con el con informe del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), las organizaciones de la sociedad civil aparecieron con más eficacia en su respuesta.
Señalaron que en un 72% de los casos llevados a una ONG fueron atendidos de manera efectiva, mientras que el Estado solo alcanzó 38% de respuesta adecuada. (Cecodap remitió casos tanto a organismos del Estado como a ONG).
“Esto nos demuestra que a pesar de los problemas, del contexto, de la estigmatización y criminalización y de las limitaciones de financiamiento son las organizaciones de la sociedad mucho más efectivas que el propio Estado. Nos encontramos que donde el Estado no llega, hay una organización civil dando respuesta a situaciones que debe atender el Estado”, puntualizó el abogado y coordinador general de Cecodap.
Reflexionó sobre la necesidad de que el Estado reconozca, valide y fortalezca los esfuerzos de la sociedad civil.
Recomendaciones de Cecodap
Finalmente, la Organización No Gubernamental emitió un conjunto de recomendaciones para que el Estado venezolano agilice y garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los que se encuentran diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Priorizar programas y servicios de gestión de casos y atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección. Disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan sus derechos.
Como también reconocer y apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de programas y servicios de protección para los niños, niñas y adolescentes. Evitar todo intento de criminalización, estigmatización o amenazas por parte del Estado al trabajo que sea desarrollado por las organizaciones de la sociedad.
