Censo sin rigor técnico no es aval para cambiar circuitos electorales
El director de Súmate, Francisco Castro, llama a activar la contraloría ciudadana. Destacó que el gobierno ha manipulado varias veces la configuración de las circunscripciones, objetivo que no resulta descabellado cuando Nicolás Maduro ha asomado el adelanto de las parlamentarias. El investigador Héctor Briceño cree que los cambios deben darse de forma excepcional y cualquier modificación es sospechosa
El XV Censo de Población y Vivienda que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro es el blanco de una cadena de cuestionamientos y de irregularidades denunciadas por académicos, asociaciones civiles, comerciantes y hasta los partidos políticos. Estos últimos han dejado que el proceso también servirá para el control político y los cambios en los circuitos electorales.
El coordinador de Súmate, Francisco Castro, señaló que la sociedad civil y los partidos deben activar la alerta ante el avance de un proceso que, aparte de extemporáneo, carece del rigor técnico. De allí su llamado también a la contraloría ciudadana.
“Los circuitos para las elecciones de la Asamblea Nacional, los cuerpos legislativos colegiados y los consejos legislativos estadales se hacen con las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicita al INE las proyecciones que debe aprobar la Asamblea Nacional (AN), y, a partir de allí, se hace una estimación de las circunscripciones”, explicó Castro.
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El vocero de Súmate destacó que el gobierno ha manipulado en varias ocasiones la configuración de los circuitos, objetivo que no resulta descabellado si se considera que Maduro y varios voceros oficialistas han puesto sobre la mesa la posibilidad de adelantar las elecciones parlamentarias, que deben realizarse en diciembre de 2020, para principios del mismo año.
Castro destacó que el mecanismo de levantamiento de información activado por el gobierno, en el que participan milicianos y otros actores ligados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no es, en esencia, un censo poblacional ni permitirá hacer proyecciones confiables.
“La posición de Súmate es que cualquier otro mecanismo distinto a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de los Procesos Electorales es ilegal e inconstitucional. El problema es que el CNE ya ha violado el proceso para la conformación de circunscripciones en el pasado, con lo cual no puede descarte una nueva estrategia de este tipo”, enfatizó Francisco Castro.
Bajo sospecha
Héctor Briceño, investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad de Rostock (Alemania), advirtió que la continua modificación de circunscripciones electorales siempre resulta sospechosa.
“La redefinición de las circunscripciones o circuitos electorales es un fenómeno excepcional que debe ocurrir únicamente cuando se han dado profundos cambios en las estructuras sociales, geográficas o institucionales, como pueden ser la modificación del ordenamiento político territorial (creación o eliminación de estados, municipios o parroquias). También se hace cuando cambian los principios legales rectores de los procesos electorales (proporcionalidad y representación) como consecuencia del cambio en la normativa electoral, o como consecuencia de intensos cambios sociales y poblacionales como por ejemplo migraciones internas y externas”, explicó Héctor Briceño.
Sostuvo que les corresponde a todos los actores relacionados con el tema electoral presionar para que el CNE no intente modificar las circunscripciones sin cumplir la normativa y para que no busquen privilegiar al partido de gobierno. Esto incluye a partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y observadores electorales.
El investigador explicó que el diseño de las circunscripciones se rige por la representación. En este sentido, el objetivo de los circuitos es establecer la forma como se relacionan los electores y sus representantes y de estos con el resto de los representantes de la institución política que se esté eligiendo (por ejemplo: parlamento nacional, regional o municipal), al definir como se suman los votos en una determinada área geográfica.
“En democracia el único criterio permitido es el de igualdad política. Ello quiere decir que todos los electores deben tener un poder, peso electoral, relativamente igual para elegir a sus representantes. Este principio está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 19, según el cual el uso del índice poblacional es el resultado de la división de la población habitante en el área geográfica determinada, es decir, estado, municipio o parroquia, según el tipo de elección, y el número de representantes que le corresponde a dicha entidad”, expresó Briceño.
Añadió que, de manera inconstitucional, el artículo mencionado establece la posibilidad de dividir unidades geográficas (municipios y parroquias) en otras unidades que no tienen validez legal constitucional como son las «comunidades o comunas”.
“La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que las modificaciones pueden hacerse considerando dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales, intentando legalizar las manipulaciones políticas conocidas con el nombre de Gerrymandering: el diseño de circunscripciones electorales que permitan maximizar los votos para obtener un mayor número de representantes al que le correspondería según su poder o peso electoral real”, subrayó Héctor Briceño.
Por su parte, Vicente Bello, experto electoral y dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), dijo que el censo nacional es necesario, especialmente por la alta movilidad que vive el país, pero no en los términos en que pretende el Ejecutivo. Destacó que la alteración de los circuitos es una posibilidad latente, como recordó lo hizo el Poder Electoral en 2014 y 2015, pero eso no impidió que la oposición “le diera una paliza” en las parlamentarias de ese año.
“Según el censo de 2011, que es el vigente, por ejemplo, al Zulia le corresponden 13 diputados y a Delta Amacuro, 3. Se agrupan de acuerdo con la población de cada municipio y/o parroquia. Cada 10 años esa población se redistribuye por crecimientos diferentes de cada estado, si el censo está bien hecho la cifra es adecuada a la realidad, pero ese censo puede ser manipulado, y, por ejemplo, las simpatías políticas de un estado por el PSUV favorece a esa organización en forma variable, los estados llaneros beneficiaban, en el pasado, al chavismo, o pusieron al sur de Aragua a elegir más diputados que Maracay, igual el rechazo ya era tan alto que aun así perdieron la mayoría de la Asamblea Nacional”, apuntó Vicente Bello.
Boleta censal
En un intento por bajar las tensiones respecto a la estrategia política escondida detrás del adelanto del evento, el censo aplicará la boleta censal en el primer trimestre del año 2020, informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.
“Siempre se hace primero el levantamiento de lo que corresponde a la unidad inmobiliaria, para poder definir el marco muestral y posteriormente se va a lo que corresponde de la boleta censal. Todo está completamente llevado a sistemas informáticos, nosotros no vamos a levantar censo en papel, no vamos a levantar censo en boleta”, explicó el funcionario, el miércoles 2 de octubre.
Dijo que el registro de unidades inmobiliarias es la primera parte del censo.»A Venezuela le corresponde en este evento levantar 11 millones de inmuebles y 6 millones 200 mil parcelas», aseveró.
Aunque las verdaderas razones del adelanto de la consulta siguen siendo una todo un misterio, el hecho de que sean los milicianos, miembros del partido Somos Venezuela e integrantes de las unidades de batalla los encargados del empadronamiento, dejan mucho que desear de las intencionalidades escondidas detrás del censo.
