Centrados pide a la AN remover directiva del CNE y regular financiamiento a partidos
En medio de la discusiones para reformar las leyes electorales que lleva la Asamblea Nacional (AN), el partido Centrados presentó varios planteamientos a la Asamblea Nacional en una carta, que luego fue divulgada en redes sociales para aclarar que la minuta que distribuyó el Legislativo -dominado por el oficialismo-, no expresó sus planteamientos correctamente
Centrados pidió a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 remover la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y trabajar en leyes que regulen el financiamiento de los partidos políticos. La organización urgió que se aclaren las irregularidades presentadas en los comicios presidenciales del 28 de julio y a partir de las debilidades que se identifiquen en ese proceso, hacer las modificaciones a las leyes.
El partido presentó varios planteamientos a la Asamblea Nacional en una carta, que luego fue divulgada en redes sociales para aclarar que la minuta que distribuyó el Legislativo -dominado por el oficialismo-, no expresó sus planteamientos correctamente. Al momento de publicarse esta nota, TalCual no obtuvo respuesta de algún directivo de Centrados.
«Creemos que, con miras al futuro, y pensando en el desarrollo de venideros procesos electorales (…) la Asamblea Nacional debe proceder al nombramiento de nuevos integrantes para el CNE, en virtud de la lamentable circunstancia del incumplimiento de funciones de los actuales Rectores Electorales», expresó Centrados en la carta dirigida al Parlamento.
Consideró que los rectores actuales «son responsables de atentar contra el sufragio y la forma política que se ha dado nuestra República, y deben ser sustituidos».
El partido dijo estar de acuerdo en proceder a construir una reforma a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y abogó porque el proceso de construcción sea amplio y participativo, «alejado del beneficio a cualquier parcialidad política, que fortalezca las atribuciones del CNE y eleve la transparencia indispensable en nuestros procesos electorales».
Resaltó la necesidad de transformar el sistema electoral para garantizar, como lo establece la Constitución, la representación proporcional en los órganos parlamentarios y evitar la sobrerrepresentación en los parlamentos, beneficiando la participación de las minorías en la vida pública del país.
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Destacó la necesidad de que se discuta y apruebe una Ley de Control de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales. Detalló que el objetivo de este planteamiento persigue garantizar el adecuado control de fondos, penalizar el uso indebido de los mismos o por la utilización de fondos públicos para el financiamiento de la política de cualquier parcialidad partidista.
«Consideramos que esta búsqueda por construir un conjunto de reformas electorales, debe comenzar por examinar lo acontecido en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de Julio de 2024 e impulsar que se cumpla con los asuntos pendientes en esa materia», expuso.
En la línea de lo antes expuesto, Centrado pidió que se avance en el fortalecimiento del voto y que para ello el Consejo Nacional Electoral «cumpla con lo establecido en la Constitución y en las leyes y normas, y publique los resultados electorales discriminados para cada mesa electoral que funcionó en la mencionada elección».
Añadió que los resultados de las presidenciales, que constituyen la fuente de legitimidad de este proceso, deben ser publicados, so pena de infringir un grave daño a las bases de nuestra República.
Abogó porque se discuta y apruebe una ley de Amnistía General que facilite la liberación de los ciudadanos que se encuentran detenidos por las protestas poselectorales. «Son miles las familias que hoy sufren por esta circunstancia y creemos que, cualquier esfuerzo por fortalecer nuestra democracia, debe incluir inicialmente el que se garanticen los derechos ciudadanos para el ejercicio de la política, en el marco de la Carta Magna».
El partido político dejó claro que como organización siempre estará de acuerdo en participar en cualquier proceso de intercambio de ideas que conduzca a mejorar la calidad de vida de los venezolanos y, en particular, a resolver «la aguda» crisis política, económica y social que agobia a Venezuela.
«Defendemos la vigencia de la Constitución como el único marco de convivencia posible para los venezolanos y planteamos que, cualquier proceso político de entendimiento de los venezolanos, se desarrolle en estricto apego a los fundamentos de nuestra Carta Magna», agregó.
Por último, propuso que la AN aborde la discusión de una serie de aspectos que, consideramos, perturban el ejercicio de las instituciones democráticas «y que deberían ser objeto de la proposición de reformas puntuales a nuestra Constitución». Entre estas reformas, consideró, que el país reclama la revisión y eliminación del esquema de reelección indefinida para todos los cargos de elección popular.
«Esta disposición, incorporada en la enmienda constitucional del año 2009, no ha contribuido, y creemos que no contribuirá, al ejercicio de nuestra democracia participativa y protagónica. Existen otros aspectos a destacar, que nos reservamos para con tribuir a la síntesis de este documento y que serían presentados si se diera la oportunidad de discutirlos en el marco de los necesarios procesos de reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia y de la calidad de vida de nuestros compatriotas», añadió Centrados.
Las ideas de reformas
Desde inicios de este mes de octubre, la AN-2020 trabaja en reformas a las leyes electorales que están vigentes en el país. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que antes del 15 de diciembre todas las normas que regular el derecho al sufragio estarán modificadas.
Desde el estado Lara, Rodríguez sugirió, entre otras cosas, que se trabaje para desarrollar el tema de la proporcionalidad en los cargos legislativos. Señaló que la Constitución establece que es con respecto al 1,1% de la base poblacional y que se construye la distribución de esos cargos.
Desde el 13 de agosto la presidencia de la Asamblea Nacional 2020 presiona por la reforma de todas las leyes electorales, tras la crisis desatada por las elecciones presidenciales, las protestas subsiguientes y las constantes denuncias por parte del oficialismo de «actos terroristas» supuestamente planeados por dirigentes opositores.
Con la venia anticipada del gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez, convocó a un «diálogo político» con todos los partidos que postularon candidato el 28 de julio para recoger las propuestas. Luego se conformó una subcomisión con tres mesas (legislativa, constitucional, técnica y de reglamento) para filtrar los planteamientos.
También hay planteamientos sobre un régimen sancionatorio más severo para aquellos que violenten las normativas electorales, como la prohibición de participar en procesos electorales a aquellas personas que cometan delitos de traición a la patria, terrorismo o corrupción, aunque todavía no hay un desarrollo específico.
Centrados en los últimos meses
Tras las elecciones del 28 de julio, Enrique Márquez, quien compitió en los comicios por el máximo cargo de la administración pública, ha criticado la actuación del Poder Electoral, que incumplió su propio cronograma al proclamar a Nicolás Maduro como ganador sin mostrar los resultados desagregados mesa por mesa.
Márquez interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de revisión a la sentencia 31 de la Sala Electoral del Poder Judicial que convalidó los resultados que ofreció el CNE pasadas las 12:00 de la madrugada del 29 de julio. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso. Pese a lo anterior Márquez ha afirmado que continuará denunciando por las vías legales la irregularidades en torno al proceso de elección.
Para el trabajo Exigencia por resultados desagregados no se agota: «El problema es quién decide», hecho por TalCual el politólogo Jesús Castellanos aseguró que las vías para continuar la exigencia de los resultados electorales no han mermado.
Juan Carlos Apitz Barbera, abogado y especialista en derecho constitucional, destacó, por su parte, que a los excandidatos les corresponde hacer la respectiva apelación natural de las actuaciones del Estado a través del TSJ. Celis Mendoza, exconsultor jurídico del CNE, señala que los afectados tras el boletín del CNE pueden solicitar un amparo contra la omisión de no publicar las actas.