Cepaz registró 434 casos de persecución y criminalización durante primer semestre del año
Respecto a la persecución ciudadana, Cepaz destacó que el gobierno de Maduro «ha creado un entorno de dependencia en la población»
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 434 casos de persecución y criminalización durante los primeros seis meses de 2021, situación que calificaron como una «práctica recurrente del gobierno de Nicolás Maduro» contra la sociedad civil y la disidencia política.
En la presentación del informe de Cepaz, de manera virtual, la investigadora Nicole Hernández señaló que por la forma en la que fue elaborado el informe hay un subregistro de casos, pero en total se contabilizaron estos más de 400 casos de persecución y criminalización donde los principales afectados fueron trabajadores de la prensa, de organizaciones no gubernamentales, líderes o activistas políticos y sociedad civil.
Hernández señaló que pudieron identificar un patrón, por parte del gobierno de Maduro, que incluye la apertura de procedimientos judiciales, amenazas, hostigamiento; incautación de equipos; allanamiento irregular a la propiedad privada; actos violentos (desde las fuerzas de seguridad o el consentimiento a grupos irregulares); detenciones arbitrarias; cierre de emisoras; bloqueos de páginas web; despidos injustificados; uso de poderes públicos para actos de discriminación; e inhabilitaciones políticas.
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Cepaz señaló que durante el primer semestre de 2021 han registrado una «agudización de la censura», pues debido al cierre de los espacios «el gobierno de Nicolás Maduro ha limitado el acceso a la información de la población libre y veraz». Además se criminaliza la labor del periodista «y la información que quería transmitir este trabajador no llega a la población».
En total contabilizaron 114 ataques ataques contra trabajadores de la prensa, 12 detenciones arbitrarias, 64 ataques de amenazas, hostigamiento y violencia; 11 ataques a portales web; cinco procedimientos judiciales abiertas; dos allanamientos con incautación de equipos; cierres de emisoras y clausuras temporales.
Los trabajadores de organizaciones no gubernamentales o humanitarios también han visto como se ha reducido su espacio de acción, destacó Cepaz. La investigadora Nicole Hernández recordó la promulgación de leyes y providencias restrictivas contra estas organizaciones de la sociedad civil, lo que derivó en más prácticas persecutorias.
Cepaz identificó los primeros seis meses del año 31 ataques contra ONG. Específicamente se registraron 10 detenciones arbitrarias, un allanamiento a la sede de una organización; 8 actos de amenaza, estigmatización u hostigamiento; siete actos de criminalización a la cooperación financiera internacional.
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Además se bloquearon dos portales web vinculadas con las organizaciones de la sociedad civil y un mural con denuncias y exigencias borrado.
Respecto a la persecución ciudadana, Cepaz destacó que el gobierno de Maduro «ha creado un entorno de dependencia en la población. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no solo ha sido propiciada por el gobierno, sino que además ha sido utilizada para que a cambio del respaldo político la población pueda ser beneficiaria de planes alimentarios y económicos insuficientes para paliar los efectos de la crisis».
Durante el primer semestre contabilizaron 21 ataques contra la población, «lo cual se traduce en múltiples víctimas que no es posible cuantificar toda vez que afectan a toda una población».
Entre estos ataques, Cepaz identificó siete detenciones arbitrarias, tres actos de control o discriminación, ocho actos de amenaza, dos allanamientos arbitrarios de viviendas y el desarrollo de un juicio provisto de irregularidades.
Persecución como crímenes de lesa humanidad
Por su parte la investigadora Sara Fernández resaltó que los actos de persecución por motivos políticos pueden constituir un crimen de lesa humanidad, que pueden ser investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «cuando son cometidos como parte de una ataque generalizado o sistemático contra una población civil», de acuerdo con lo contemplado en el Estatuto de Roma.
Cepaz recordó que la Fiscalía de la CPI informó en diciembre del 2020 que existe fundamento razonable para creer que en Venezuela se cometió el crimen de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos desde al menos abril de 2017. «Estos actos serían investigados más profundamente por la Fiscalía en caso de abrir una investigación formal».
Desde la ONG se exigió poner fin a la aplicación de estos «patrones de criminalización, persecución, represión y control»; además de la restitución de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales de la población, así como garantizar su ejercicio.
Por último, pidieron dar cumplimiento a las recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. «En especial, en las causas relativas a la persecución, criminalización e intolerancia por motivos políticos en Venezuela».
