Obispos advierten que parlamentarias no solucionan la crisis sino que la agravan

La CEV advirtió que el Ejecutivo ha mostrado ser incapaz para solucionar los problemas del país y la oposición de presentar una alternativa

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado este jueves 15 de octubre en el que hace una serie de consideraciones y análisis acerca de la crisis que atraviesa el país en la que cree que la realización de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, en vez de ayudar a solventar los problemas actuales en el ámbito político, lo que hacen es agravar la situación.

Calificó de «inmoral» que la administración de Nicolás Maduro quiera organizar y ejecutar los comicios legislativos cuando la población está sufriendo los embates de la pandemia del covid-19 y en un contexto donde se carece de las condiciones mínimas para subsistir. Además, afirmó que «no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral».

Hizo hincapié la CEV en que hace falta llevar a cabo las elecciones presidenciales porque las realizadas en mayo de 2018, «estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto» y recordó que la población tiene el derecho a escoger su futuro político vía electoral.

En ese sentido, aseveró que el llamado a procesos electorales legislativos y presidenciales debe tener condiciones de «igualdad y libertad» para todos aquellos que deseen participar, al igual que debe tener el acompañamiento internacional plural.

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Las consideraciones del ente eclesiástico advierten que la ciudadanía está pasando por momentos de angustia y carencias, que se han visto agravadas por la presencia del covid-19 en el país como por ejemplo fallas en los servicios públicos, escasez de alimentos y de gasolina, que los ha llevado a ejercer su derecho a protestar de forma pacífica ya que no encuentran respuesta por parte de los líderes políticos del país.

Sin embargo, sus quejas encontraron una vez más la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la censura informativa y la persecución política. «Rechazamos este modo de actuación por ser contrario a los principios democráticos consagrados por nuestra legislación y como un ataque directo a la soberanía popular que tiene derecho a expresarse».

La CEV criticó duramente a la administración de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana en sus consideraciones. Por un lado, afirmó que el Ejecutivo «ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos» con el aparente objetivo de permanecer en el poder a toda costa.

Por otro, a la oposición le endilgó la división interna que ya es evidente y que no tienen una propuesta para una alternativa que signe el cambio necesario para el país. Además, puntualizó que las facciones políticas carecen de un proyecto «que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política».

Además, lamentan que muchos venezolanos decidan dejar todo atrás en Venezuela para buscar una mejor calidad de vida en otros países, ya que están cansados de escuchar promesas y no encontrar respuestas a sus necesidades. Agregó que más que emigrar, lo que hacen es huir de un país «que no les ofrece garantías de una vida digna» y que en su trajinar a pie sufren vejaciones por parte de policías y militares, quienes les roban las pocas pertenencias que llevan consigo.

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Subrayó que los informes de DDHH que han sido emitidos sobre Venezuela se «quedan cortos» ante la realidad que se vive en el país y destacó que los derechos humanos son de todos y no de los dirigentes políticos. La CEV destacó que aquellos que hayan cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, debe ser juzgados.

Se refirió a la llamada «ley antibloqueo», diciendo que ese instrumento legal -aprobado por la impuesta asamblea constituyente- es un acto más por parte del Ejecutivo de llevar al país por caminos alejados de la legalidad y «dilapidar los recursos nacionales que son de todos, con el agravante, que ahora pretende hacerse de forma oculta y totalmente discrecional».

Para la Conferencia Episcopal, el hecho de abstenerse al proceso de elecciones no basta para evidenciar lo ilegal que es el proceso de las parlamentarias, por lo que instó a todos los sectores de la sociedad civil a hacer esfuerzos conjuntos que colaboren a restituir los derechos democráticos en Venezuela.

«Para ello es necesario acompañar la protesta pacífica, cívica y social que hoy se extiende en todo el país, establecer una ruta clara para la transformación política, democrática y civil, y superar personalismos que dañan la misión colectiva de lograr una Venezuela donde vuelva a imperar la justicia y la paz», reza el comunicado.

Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país (15-10-2020) by TalCual on Scribd