CEV expresó su solidaridad a la Iglesia en Nicaragua ante persecución del régimen Ortega
El régimen de Daniel Ortega ha expulsado a varios sacerdotes y otros religiosos de Nicaragua, como la congregación de las Hermanas de la Caridad. El pasado 10 de febrero se condenó a monseñor Rolando Álvarez a 26 años de prisión por supuesta «traición a la patria». Su caso llevó a un pronunciamiento público del papa Francisco
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, tras los recientes ataques y la condena a 26 años de prisión contra monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar el país tras las presiones del régimen de Daniel Ortega.
En un comunicado, de fecha 14 de febrero, los obispos venezolanos mostraron su preocupación por sus pares nicaragüenses. Señalaron la expulsión de sacerdotes y otros religiosos de ese país, como la congregación de las Hermanas de la Caridad; además de la reciente sentencia contra monseñor Álvarez, cuyo caso llevó a un pronunciamiento público del papa Francisco.
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«Su coherencia, decisión profética y acompañamiento al pueblo es una luz que mantiene viva la Palabra de la Verdad, la única que libera a los seres humanos», destacó la CEV sobre el obispo de Matagalpa, al tiempo que pidieron a las autoridades revertir su situación y la persecución contra los religiosos.
El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez Lagos, fue condenado el viernes 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados como «traición a la patria» y fue despojado de su nacionalidad.
La autoridad eclesiástica se negó a salir de Nicaragua para exiliarse en los Estados Unidos (EEUU). Se rehusó a abordar un avión el jueves 9 de febrero en el que sería llevado a la nación norteamericana junto a unas 222 personas, entre diringentes políticos, campesinos, estudiantes y críticos de de la administración Ortega.
El obispo está acusado de «conspiración para atentar contra la integridad nacional y la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses».