Chavismo estrechó lazos con empresariado privado en evento de Conindustria
El Ministerio de Comercio Nacional, el Viceministerio de Economía Productiva y el Ministerio de Industrias y Producción Nacional tuvieron una participación protagónica en la presentación de perspectivas de Conindustria de cara a 2024, haciendo balances sobre el trabajo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro para beneficiar al empresario privado
El acercamiento entre los funcionarios del oficialismo y los empresarios privados se hace cada vez más evidente, en un contexto en el cual ambos actores afirman que es necesario el trabajo conjunto para impulsar la economía del país. En esta ocasión, ministros del chavismo participaron en un evento de perspectivas de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Durante el cierre del evento, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, cedió la palabra a los representantes de carteras ministeriales presentes, la ministra de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez; el viceministro de Economía Productiva, Héctor Silva; y el ministro de Industrias y Producción Nacional, José Félix Rivas.
Los funcionarios ofrecieron sus visiones acerca de la política económica implementada por el gobierno de Nicolás Maduro, así como las medidas que han aplicado tras tomar en cuenta las opiniones del sector privado, como la reducción de exenciones arancelarias a productos importados o el combate contra el contrabando.
«El viceministerio se ha convertido en un enlace del Consejo Nacional de Economía Productiva, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, precisamente para tener ese contacto permanente en lo que respecta a todo el sector productivo. Creemos que el sector privado juega un papel fundamental en la economía, al igual que el público», sostuvo Silva.
El viceministro recalcó que, de las 8.000 exoneraciones arancelarias que se aplicaban en 2019, se han reducido a apenas 1.500 y se sigue trabajando para eliminar códigos exentos del pago de aranceles de importación.
Las exoneraciones de productos importados han sido un eje angular en las peticiones de los productores nacionales al Gobierno, pues argumentan que la reducción de impuestos de estos bienes provoca que sean comercializados a menor precio que los fabricados en Venezuela, que sí están sometidos a diversas cargas impositivas. Por lo tanto, denuncian una «competencia desleal» con las importaciones.
«Hemos venido trabajando en la revisión de la política arancelaria. Por instrucciones de la vicepresidenta, hemos venido trabajando en la reducción de las exoneraciones para darle más competitividad a nuestros productores nacionales a través de herramientas, políticas arancelarias y paraarancelarias», destacó Silva.
El funcionario justificó la aplicación de esta política arancelaria que ha perjudicado al tejido productivo nacional con las sanciones de Estados Unidos, afirmando que fue necesario para afrontar el desabastecimiento, pese a que este se produjo previo al recrudecimiento sancionatorio de 2019.
Finalmente, adelantó que pronto se llevará a cabo la segunda discusión del proyecto de ley de fomento de exportaciones no petroleras en la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, que busca reducir los trámites administrativos y burocráticos en aras de facilitar los procesos para exportar bienes y, mejorar la competitividad de los productores venezolanos que colocan sus mercancías en el exterior.
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Lucha contra el contrabando
La segunda al bate en el evento de Conindustria fue Dheliz Álvarez, titular de la cartera de Comercio Nacional, quien centró su discurso en la lucha contra el contrabando y las fiscalizaciones ordenadas desde el Ejecutivo en los comercios nacionales.
«En el marco del consejo una de las preocupaciones es el tema del contrabando. Es un flagelo que atenta contra la salud y la vida de la población cuando se trata de alimentos y cosméticos, pero también contra la producción nacional, además de no beneficiar al Estado porque no paga impuestos», declaró.
En este sentido, ofreció un balance sobre las operaciones del Plan Mano de Hierro, encabezado por el Ministerio de Defensa para combatir, entre otros temas, el contrabando. Informó que el ministerio ejecutó 2.636 actuaciones, en las cuales encontró 404 incidencias, alrededor de 15% de las revisiones hechas.
Álvarez aclaró que la mayoría de las incidencias tenían relación con irregularidades en la permisología de los comercios, más no en la venta de productos contrabandeados. Sin embargo, el estudio abarca únicamente al comercio formal, pese a que la mayoría de la actividad del contrabando se centra en la informalidad.
Por otra parte, hizo referencia a la reducción de las regulaciones que ejecutaba el Gobierno hasta 2018, replicando el argumento de Silva sobre las sanciones como causa fundamental de la escasez y por lo tanto, la necesidad de flexibilizar las políticas que asfixiaban al comercio nacional.
Asomó que, con una economía más estable, esperan retomar la aplicación de controles, aunque no habló de precios, sino de normativas y permisología, apuntando a un mayor nivel de formalidad.
«Bajamos el control a muchos de los productos, tanto importados como nacionales. El objetivo principal era abastecer y que la población tuviese acceso a bienes y servicios; pero en esta etapa, estamos retomando las normas y procesos», sostuvo.
Una segunda fase de estas fiscalizaciones se ejecutaría en los próximos meses, mediante labores de supervisión de la Contraloría Sanitaria, Sundde, Sencamer y Sunavi en los 24 estados del país.
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Señalando a las sanciones
El ministro de Industrias y Producción Nacional, José Félix Rivas, cerró la ronda de intervenciones por parte del oficialismo en Conindustria, con un discurso centrado en el levantamiento de las sanciones y el cambio del modelo económico.
Para Rivas, todo análisis económico tiene que tener en cuenta el impacto de las sanciones en la población, en lo que pareció hacer referencia a los estudios de economistas y consultoras sobre las condiciones de la economía el próximo año.
«No podemos hablar de perspectivas sin hacer un balance. Aquel macroeconomista que solamente hable de variables y modelos económicos sin tomar en cuenta el terreno, está hablando de parte de la realidad. Si no toma en cuenta el impacto de las sanciones, es un ejercicio casi de mitología. Eso es una realidad», subrayó.
En esta línea de ideas, puntualizó que todos los actores económicos, incluyendo a los empresarios presentes, tenían que pedir el cese de las sanciones.
«Tenemos que decir al unísono que se detengan y suspendan las sanciones, que en realidad son medidas coercitivas unilaterales que han destruido la economía, afectando a la gente», insistió.
A diferencia de sus antecesores, Rivas no profundizó en las políticas o medidas tomadas desde el Ejecutivo y los avances de su ministerio, sino que resaltó la recuperación económica a pesar del contexto sancionatorio y la pandemia por covid-19, llegando a afirmar que se logró recuperar la economía.
«Hemos recuperado la economía, estamos pasando de recuperar el crecimiento a un crecimiento sostenido, que implica desarrollo. Hemos sacado al enfermo de terapia intensiva, pero si le das una comida muy pesada, se puede desmayar. Para fortalecer ese crecimiento tenemos que hablar de una política económica para la industrialización y el desarrollo», sostuvo.
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Petitorio de Conindustria
El evento culminó con la lectura de un documento por parte de Luigi Pisella, en el cual se resumía una lista de ideas, iniciativas, propuestas y peticiones surgidas en el seno de Conindustria para mejorar la economía de cara a los próximos años, incluyendo tópicos que fueron incluso rechazados por los ministerios durante sus participaciones.
Pisella remarcó 10 puntos a modo de compilatorio de propuestas que ha hecho el sector durante los últimos años, las cuales han sido ignoradas total o parcialmente por el Ejecutivo.
Sin entrar en mayores detalles, destacó la importancia de recuperar el financiamiento, llevar a cabo una reforma tributaria, reinsertarse en el comercio global mediante tratados internacionales, mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas, eliminar los controles de precios derogando la ley de precios justos, recuperar la infraestructura portuaria y aeroportuaria, llevar a cabo alianzas públicas y privadas para recuperar empresas controladas por el Estado, entre otras.
La lectura de Pisella se centró en la modernización y actualización de los procesos productivos, preponderando la innovación tecnológica con una nueva visión que permita mejorar las cadenas de valor de la industria nacional.
El documento mantuvo algún parecido con otro petitorio presentado por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) la semana pasada, en el cual se abarcó un plan con siete puntos para una reforma económica con elementos que han sido dejados de lado por el Gobierno en, al menos, el último lustro.
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