Chile: entre una nueva Constitución o un Plan de Gobierno, por Luis Ernesto Aparicio M.
Twitter: @aparicioluis
El pasado domingo 5 de septiembre, y como lo indicaban todos los sondeos de opinión, en Chile se impuso el «rechazo» por encima del «apruebo» en la consulta a los ciudadanos sobre la nueva Constitución. Llegar a ese día significó ver y escuchar más de una vez, las diferentes opiniones de citadinos comunes, de estudiantes, catedráticos y por supuesto opinadores. Cada versión arrimaba los asuntos de interés para su punto de vista. Sin embargo, en medio de toda la trama para estrenar, o no, una nueva Constitución, algo se dejaba ver como evidente: la existencia de una confusión.
Si retrocedemos un poco, lograremos recordar buena parte de la opinión de los chilenos. Para este ejercicio, bastó con indagar entre las grandes agencias informativas lo que se entendía y aspiraba sobre la futura Constitución, cuáles eran las debilidades, las fortalezas y lo que gustaba o no.
Por ejemplo, Reuters buscó entre opiniones y podemos encontrar la opinión de una ciudadana chilena: «Dios quiera que gane la nueva Constitución, porque la que era…era de la dictadura. Así que Dios quiera que le resulte…o si no va a quedar la escoba». Mientras que, en CNN, otra opinaba lo siguiente: «Yo voy a votar rechazo, porque no estoy conforme con lo que se está proponiendo. No me gusta el tema salud, que habían dicho que iba a cambiar…, no ha cambiado nada. Ya he escuchado cosas como que la gente ya no quiere invertir en Chile, porque está en ascuas, no saben qué va a pasar».
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De esa manera, y con las expectativas de lado y lado, avanzaban los preparativos para que los chilenos acudieran a dejar su opinión sobre la nueva carta magna. Antes de que el proceso electoral ocurriera, los sondeos ubicaban a la opción: «rechazo» entre el 48% por ciento, mientras que para la: «apruebo» estaba en un 36%. Al final, solo el apruebo estuvo cerca del resultado definitivo.
Como lo indicaba una de las personas entrevistadas, ciertamente, la actual Constitución de Chile es una de las herencias dejadas por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, aunque ha sufrido ciertas modificaciones que han mitigado lo relacionado con el sello de fuerza y escasa atención a lo equitativo que había impreso el dictador en ella; lo que frenaba el espíritu de amplitud y democracia deseado por los chilenos.
Siempre buscando democratizar al sistema con verdaderos cánones de convivencia; que lograra integrar a todos por igual; que organizara y constituyera las normas necesarias, tal y como debe hacer cualquier Constitución, desde el fin de la dictadura, los chilenos han sentido la necesidad de contar con una moderna y adaptada a los nuevos tiempos. ¡¡¡Y por qué no!!! a los venideros. Pese a ello, la Constitución de la República de Chile, solo había sufrido las modificaciones por intermedio de disposiciones transitorias y otras metodologías que se utilizan para tal fin. No obstante, era necesario ir a un proceso de conversión para de esa manera integrar al país dentro de las sociedades genuinamente democráticas.
Luego de los disturbios ocurridos durante el 2019, al año siguiente – 2020– surgió el Plebiscito de Salida. Al efectuarlo, el 80 por ciento de los chilenos se manifestó a favor de reemplazar la Constitución. Ante las protestas por la subida del transporte público, el gobierno de Sebastián Piñera y los dirigentes de las acciones de calle, en ese entonces, optaron por un cambio de la carta magna, lo que, a nuestro parecer, inició una confusión entre los chilenos.
Bien es sabido que los reclamos sobre los aumentos en los servicios y las políticas públicas no tienen una exclusividad, mucho menos soluciones, en la estructura de una Constitución, aunque en muchas partes del mundo –sobre todo Latinoamérica– ella se utiliza para asumir asuntos que van más allá de la vida en comunidad, el orden, las libertades individuales y colectivas, tratando de servir como plataforma para la construcción de políticas públicas.
Más allá de lograr que el gobierno se enfocara en la solución de los problemas que enfrenta el ciudadano, el reclamo tomó el curso del cambio de la Constitución, que insistimos: necesario, pero no para ser utilizado como plan, ni programa de gobierno que atienda las necesidades básicas de los ciudadanos, que fue el origen de las protestas. Allí comenzó el largo y tortuoso camino que acaba de culminar. Y no ha sido fácil porque los problemas comenzaron a agitarse desde el mismo momento de haber compuesto la Convención Constitucional.
La opinión generalizada sobre los integrantes de la convención ha dejado bastante en el camino. Muchos de sus integrantes fueron responsables de conductas poco apropiadas para un constituyente, incluso llegaron al punto de enfundarse sendos disfraces y así deliberar sobre el contenido de la nueva Constitución. Ya ese tipo de conductas estaba sembrando el rechazo que han recogido.
Por otra parte, por alguna razón, los nuevos textos constitucionales se han convertido en una especie de enciclopedia que todo lo debería saber y abarcar. Sin dejar lugar a dudas, la de la República Bolivariana de Venezuela, inauguró ese estilo con sus 350 artículos. Ese hito es como una especia de Everest al que hay que conquistar, por lo que la Convención Constitucional de Chile optó por los casi 400 artículos -388 para ser exactos-.
El elevado número en su articulado, evidentemente, era el ancla que le ataban a la propuesta de nueva carta magna, porque entre tanto contenido, la confusión se incrementaría y como colofón insistieron en temas como «lo plurinacional», el «indigenismo» y la «igualdad de género». Toda esa mezcla abría la brecha de tal tamaño, que era difícil de disminuir en un tiempo tan relativamente corto.
Había mucha tela que cortar para quienes se oponen al cambio de Constitución y para los de mayor duda. Todo estaba servido para ellos, puesto que, aunque están consciente que es necesario definir una Constitución nacida en tiempos de una democracia liberal; hacerla en un gobierno presidido por una persona como Gabriel Boric es difícil de digerir en los momentos por los que transita Chile. El presidente lleva sobre sus hombros una crisis inflacionaria y otros problemas, además de ser parte de un movimiento de izquierda más bien ortodoxo y en muchos chilenos prevalece la historia contemporánea entre Pinochet y Allende o la derecha y la izquierda frente a frente.
Ahora bien, para los chilenos ha quedado claro la urgencia de construir una base jurídica que les garantice el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadanos, pero también que los gobiernos asuman las verdaderas responsabilidades ante ellos.
El rechazo, no debería seguirse viendo como un mandato del pueblo para que se elabore una nueva Constitución; más bien debería verse como una clara señal para que el gobierno comience a diseñar, si es que no lo tuviera, un plan de gobierno con programas dirigidos hacia la atención de las obligaciones para su sociedad, sobre todo aquellos de orden social y de servicios. Esto no contradice el abordaje de una nueva Constitución, pero más allá de crear una lista de deberes y atenciones, una nueva carta magna, no es garantía para la superación de las desigualdades, por lo que luce urgente periodo de negociación que permita resolver el dilema entre Constitución y Plan de Gobierno.
Luis Ernesto Aparicio M. es Periodista Ex-Jefe de Prensa de la MUD
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