CIDH exige al Estado venezolano garantizar derechos de las personas Lgbti
La CIDH recibió información de la sociedad civil sobre la ausencia de políticas estatales para recopilar datos sobre actos de violencia contra personas Lgbti. También denunció que en Venezuela no existe legislación que garantice el acceso de figuras jurídicas para asegurar la protección de los derechos de las familias diversas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la ausencia de políticas públicas y legislación que garanticen los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex (Lgbti) en Venezuela.
En un comunicado, la CIDH exigió al Estado venezolano tomar medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas Lgbti y erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas.
En las últimas semanas, organizaciones defensoras Lgtbi han denunciado una ola de crímenes y discriminación contra estas personas. Entre los meses de julio y agosto se registró un aumento de asesinatos de mujeres trans, además de denuncias de discriminación a personas gays y lesbianas en lugares de esparcimiento.
9° asesinato a persona LGBTIQ+ en Venezuela durante 2021:
Asesinan a Michelle, mujer trans, en San Carlos estado Cojedes. Exigimos a @MinpublicoVE @Defensoria_Vzla actuación ante asesinatos a personas LGBTIQ+ https://t.co/qenAWqqY8j https://t.co/75lp1JEoWe
— Yendri Velásquez️️ 🌺 (@yendrive) August 10, 2021
Ayer protestamos y hoy hay otro asesinato. Valentina Gámez, tenía 39 años. Es la cuarta mujer trans asesinada en Venezuela durante 2021.
Van 11 muertes de personas LGBTIQ+ reportadas. pic.twitter.com/zNrZh00j4x
— A.J. (@Arquimedes_r) August 13, 2021
La CIDH recibió información de la sociedad civil sobre la ausencia de políticas estatales para recopilar datos sobre actos de violencia contra personas Lgbti. También reiteró su preocupación por la vigencia del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que establece una pena de 1 a 3 años de prisión a la persona militar que «cometa actos sexuales contra natura», criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo género dentro del servicio militar.
«La existencia de leyes que criminalizan las relaciones consensuales puede contribuir a un entorno social en el que se entiende que la discriminación y la violencia contra las personas Lgbti es tácitamente permitida o tolerada», señaló la Comisión.
Asimismo, denunciaron que en Venezuela no existe legislación que garantice el acceso de figuras jurídicas para asegurar la protección de los derechos de las familias diversas, en un plano de igualdad y sin discriminación como el matrimonio.
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También recibieron información sobre la falta de procedimientos que garanticen el derecho a la identidad de género de las personas trans, no binarias y de género diverso, lo que tiene consecuencias en el goce integral de sus derechos humanos. «En ese orden, urge al Estado garantizar la rectificación de imagen, nombre y marcadores de sexo/género de las personas trans, no binarias y de género diverso, a través de un recurso interno, sencillo y expedito, de preferencia administrativo, a disposición de las personas que se encuentren en Venezuela y en el extranjero».
