CIDH pide al Estado chileno garantizar principio de no devolución de migrantes
Hasta el 4 de noviembre de 2021, según informaciones que recoge la CIDH, el Gobierno chileno expulsó al menos a 120 personas migrantes provenientes de Colombia y Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el lunes 29 de noviembre su preocupación por las expulsiones de migrantes que llegan a Chile, incluyendo a personas con posibles necesidades de protección internacional.
En un comunicado, la CIDH urgió al Estado chileno a respetar «el principio de no devolución de acuerdo con las normas y los estándares interamericanos», además de garantizar el debido proceso y el acceso a mecanismos de protección efectivos en los procedimientos de expulsión o deportación de migrantes.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente a 7% de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.
Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), seis millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 para huir de “la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.
En el contexto de pandemia Chile inició una ola de deportaciones, principalmente de venezolanos y colombianos que ingresan al país vía terrrestre en la frontera con Bolivia, alegando una serie de decisiones judiciales que contaron “con las garantías de debido proceso”.
Hasta el 4 de noviembre de 2021, según informaciones que recoge la CIDH, el Gobierno chileno expulsó al menos a 120 personas provenientes de Colombia y Venezuela que, según información pública, incluyen a personas condenadas por delitos en Chile, así como aquellas que ingresaron por fuera de los canales regulares de entrada al país, por vía administrativa.
La Comisión destacó que estas expulsiones de migrantes no cuentan con un análisis de “posibles necesidades de protección internacional, reunificación familiar, o el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que previo a las expulsiones, muchos migrantes han sido detenidos e incomunicados.
“Como consecuencia de estos procedimientos, reportaron casos de separación familiar, así como la falta de implementación de medidas para garantizar el principio de unidad familiar y de reunificación familiar. Indicaron además que no se estaría brindando acceso a asistencia jurídica, ni a la posibilidad de presentar recursos judiciales efectivos contra las órdenes de expulsión. Además, se refirieron a casos en que se habría ordenado la suspensión de órdenes de expulsión, cuando las personas ya habían sido deportadas”, señaló la CIDH.
El organismo interamericano también resaltó los distintos pronunciamientos de Oficinas y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas sobre el aumento de las expulsiones colectivas y la vulneración de los derechos de los migrantes más vulnerables.
La CIDH recordó al Estado chileno la necesidad de respetar el principio de no devolución y que “ninguna persona puede ser expulsada, devuelta, extraditada, trasladada de manera informal o entregada, de ninguna manera, puesta en las fronteras de otro país, sea o no de su nacionalidad, donde su vida o libertad corran peligro o donde pueda ser sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
