CIDH pide la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y otros presos en Nicaragua
La madrugada del 19 de agosto, la Policía Nacional de Nicaragua ingresó a la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa y detuvo al obispo Álvarez y otros siete religiosos. Para la CIDH, estos hechos forman parte «de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este viernes 19, a través de un comunicado, la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y el resto de presos políticos en Nicaragua, tras el aumento de la represión por parte de la administración de Daniel Ortega.
En el escrito, la CIDH condenó la «escalada represiva» de la administración Ortega contra la Iglesia Católica nicaragüense y la sociedad civil. Por ello piden la liberación inmediata de ocho religiosos, entre ellos el obispo, informar inmediatamente sobre su paradero y a garantizar su vida e integridad personal.
La madrugada de este viernes, la Policía Nacional ingresó a la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa y detuvo, de forma arbitraria, al obispo Álvarez y otros siete religiosos que estaban encerrados y bajo sitio en ese lugar desde hace 15 días.
Según un comunicado de la Policía, el obispo quedó la figura de «arresto domiciliar» en Managua (capital de Nicaragua), mientras que el resto de los religiosos fueron enviados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el nuevo Chipote.
La otras siete personas que permanecían con el obispo en la curia episcopal fueron trasladas al Chipote. pic.twitter.com/449yIqlBea
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 19, 2022
El obispo fue responsabilizado por las autoridades de «actividades desestabilizadoras y provocadoras», ejecutar «actos de odio» y «desestabilizar al Estado»; asimismo, en declaraciones públicas, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, lo acusó de cometer «crímenes de lesa espiritualidad», debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa.
Para la CIDH, estos hechos forman parte «de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado».
La institución además recordó los actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, debido a su rol mediador en el diálogo nacional de 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país.
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En el primer semestre de 2022, la administración Ortega aumentó la persecución contra religiosos nicaragüenses lo que obligó a varios al exilio o prisión, así como la confiscación de bienes y supresión de servicios o celebraciones de índole religiosa bajo la excusa de «seguridad interna».
El pasado 12 de agosto, la asamblea general de la Organización de Estados Americanos, a la cual pertenece la CIDH, aprobó una resolución donde se condena el hostigamiento de la administración de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, la prensa independiente y organizaciones no gubernamentales.
Concretamente, hacen referencia al cierre de casi 1.500 ONG en Nicaragua por orden de Ortega, de las cuales las últimas 100 fueron ilegalizadas hace apenas días por el parlamento nicaragüense bajo el control del oficialismo.
