Cifras reflejan la represión: ONG registró 97 ataques a defensores de DDHH en enero
Para el Centro para los Defensores y la Justicia, el avance de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines supone una amenaza para la sociedad civil y las ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 97 «ataques e incidentes de seguridad» contra activistas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en Venezuela tan solo durante enero de 2024.
Las primeras semanas de 2024 se han caracterizado por un recrudecimiento en la persecución política ejecutada por los organismos oficiales, tal y como han denunciado diversas organizaciones no gubernamentales, actores políticos y agencias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (Oacnudh).
Un informe presentado por el CDJ parece confirmar esta tendencia, pues la publicación advierte que «aumenta la criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático», que se evidencian en esos 97 ataques a defensores de derechos humanos.
La ONG detalla que, de estos 97 ataques, 39 fueron casos de estigmatización, otros 32 correspondieron a situaciones de intimidación y hostigamiento, se contabilizaron 23 amenazas, dos ataques digitales y un caso adicional bajo la categoría de «otros».
«Los señalamientos, acusaciones, amenazas y campañas de estigmatización que han ocurrido durante los últimos años se materializan con hechos concretos que afectan la operatividad, vida e integridad de las organizaciones no gubernamentales y de quienes las integran», alerta la publicación.
Para el CDJ, parte de esta escalada guarda relación con el inicio de la consulta pública de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que habría propiciado nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento, así como agresiones por parte de funcionarios públicos contra diversas organizaciones.
«Conspiración», «traición» y «desestabilización» son algunas de las acusaciones que parten de las autoridades en contra de estas organizaciones, base a partir de la cual justifican la creación de este instrumento legal para regular el financiamiento internacional que reciben múltiples oenegés.
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El CDJ destaca la necesidad del trabajo que promueven las ONG en Venezuela en un contexto de crisis económica y social que está lejos de resolverse en el país.
«Se hace aún más necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la crisis de derechos humanos, la emergencia humanitaria, y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, contribuir al alcance de justicia y a la recuperación de las libertades, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución sin que existan represalias por el ejercicio de dichas actividades», señala el informe.
Finalmente, le organización alerta que el avance de la ley de fiscalización contra oenegés «representa una grave amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación».
