¡Claro que queremos elecciones ya!, por Carolina Gómez-Ávila
Hora de quitarse las máscaras. ¡Todo el país reclama elecciones ya! Aquí no hay abstencionistas. Sólo media docena de dementes -amplificados en las redes sociales por cientos de cuentas ficticias creadas exclusivamente para ello- privilegia la vía armada para cumplir su aspiración de dar fin a un gobierno de facto que merece los peores calificativos de la historia patria.
Pero es hora de superar el falso dilema entre “votar es bueno” y “no votar es malo” que nos costó tanto metabolizar en 2018. No se puede ser tan perversamente básicos para aspirar al poder y aquí intento explicarlo, una vez más:
El punto de partida es que no hay autoridad en los poderes públicos a menos que les sea dada por la voluntad del pueblo en elecciones libres y justas, celebradas a intervalos regulares a través del voto universal, directo y secreto.
Para ser consideradas elecciones libres y justas, deben cumplirse derechos de tres tipos: los relativos propiamente al voto y la elección, los que se relacionan con las candidaturas, partidos políticos y campaña y los exclusivos del Estado.
Cada vez que lea que uno de esos criterios depende de las leyes, usted está obligado a evaluar no sólo al Poder Electoral sino que también debe revisar el estado de la administración de justicia en el país, que es un asunto exclusivo del Poder Judicial.
Relativos al voto y la elección son el derecho a votar sin discriminaciones con un procedimiento de inscripción eficaz e imparcial; sin negarle ese derecho a un aspirante a candidato a menos que esté estrictamente justificado por la ley (hacerlo no sólo reduce las oportunidades del aspirante sino las del pueblo al disminuir sus opciones de representación). Cualquiera privado del derecho a votar debe tener derecho a apelar judicialmente para corregir, si hay error, eficazmente. Es mandatorio el derecho de todos a votar en locales idóneos, que el voto de cada uno tenga peso equivalente al de los demás y el derecho a votar en secreto absoluto, sin restricción alguna, sin temor ni intimidación.
Sobre los derechos y responsabilidades relativos a la candidatura, al partido y a la campaña, todos tienen derecho a presentar su candidatura cumpliendo la ley, a formar parte o fundar junto con otros un partido político para competir en elecciones, a expresar sus opiniones políticas sin interferencia, a buscar, recibir e impartir información para ir a elecciones conociendo todo lo que esté relacionado con el proceso, a circular libremente por el país para hacer campaña electoral y a hacerla bajo las mismas condiciones que los demás partidos políticos, incluido el partido que forma el gobierno existente. Esto implica iguales oportunidades de acceso a los medios de comunicación para dar a conocer sus opiniones políticas y el derecho de ser reconocidos y protegidas su vidas y bienes.
Los candidatos y partidos tienen derecho a apelar, ante una jurisdicción competente, las decisiones que limiten sus derechos electorales para que sean corregidos con prontitud y eficacia. Y tienen el deber de respetar los derechos y libertades de los demás y de aceptar los resultados del sufragio que se obtenga según este estándar de elecciones libres y justas.
Finalmente, en lo que respecta al Estado, este tiene el deber de garantizar los derechos mencionados con un procedimiento eficaz, imparcial y no discriminatorio para la inscripción de electores, hecho con criterios claros y que se apliquen sin distinción, actualizando las listas electorales y procedimientos de sufragio. También está obligado a facilitar la formación y libre funcionamiento de los partidos políticos, reglamentar su financiación, asegurar la separación del partido y el Estado y establecer condiciones equitativas de competencia en las elecciones legislativas. Y tiene el deber de impartir programas nacionales de educación cívica para que la población esté al corriente de los procedimientos electorales y de los problemas planteados, a dar adiestramiento que garantice imparcialidad a los responsables de los distintos aspectos electorales y a garantizar que existan procedimientos coherentes de votación que sean conocidos por los electores y, si corresponde, que estos cuenten con la asistencia de observadores nacionales e internacionales.
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El Estado está obligado a impulsar a los partidos, a los candidatos y a los medios de comunicación a que acepten y adopten un código de conducta que rija la campaña y el escrutinio; a impedir la votación múltiple o la votación por quienes no tienen derecho a hacerlo y a asegurar la integridad del proceso de recuento de votos.
También es obligación del Estado reforzar el respeto y garantía de los derechos humanos en época de elecciones. Especialmente el de libertad de movimiento, reunión, asociación y expresión, en particular en el contexto de las manifestaciones y reuniones políticas; la libertad de los candidatos y partidos para comunicar sus opiniones a los electores con igualdad de acceso a, y con garantía de cobertura imparcial de la campaña en, los medios informativos estatales y de servicio público.
Para que las elecciones se consideren justas, el Estado debe asegurar que candidatos y partidos gocen de oportunidades razonables de presentar su programa electoral; también deben conseguir que el escrutinio se organice de modo que se evite el fraude o cualquier otra ilegalidad, que se mantengan la seguridad y la integridad del proceso y que el recuento de los votos esté a cargo de personal adiestrado, sometido a vigilancia y/o verificación imparcial.
La transparencia de todo el proceso electoral, incluyendo, por ejemplo, la presencia de representantes de los partidos y de observadores debidamente acreditados, también es obligación del Estado. Y es obligado que tome medidas para garantizar que los partidos, los candidatos y los simpatizantes gocen de seguridad por igual a fin de evitar la violencia electoral, sin dejar de lado que las violaciones de los derechos humanos y cualesquiera otras relativas al proceso electoral deben ser resueltas con eficacia y prontitud en el curso del período electoral y a través de una autoridad independiente e imparcial, como deben ser los tribunales o una comisión electoral.
Todo lo dicho aquí es una lista resumida de los criterios que definen las Elecciones Libres y Justas, vigentes en el mundo democrático y actualizada periódicamente por el foro internacional más antiguo del planeta, la Unión Interparlamentaria fundada en 1889 1.
Ahora, unas pocas preguntas de las muchas que se me ocurren.
¿Diría usted que exigir este estándar a un gobierno de facto es descabellado? ¿A cuántos -o mejor: a cuáles- de estos derechos está usted dispuesto a renunciar para acudir a una cita electoral? ¿Considera usted que en 2020 cuenta con los mismos derechos con los que contó en 2015? Si la cifra le parece coincidente, cualitativamente hablando, ¿los criterios que se cumplen hoy le parecen más importantes, menos importantes o de importancia relativamente igual a los que se cumplieron en 2015? ¿Concluiría que ha habido un deterioro significativo de su derecho a tener elecciones libres y justas, por responsabilidad exclusiva del Estado? En caso afirmativo, ¿considera usted que su decisión sobre ir a votar o no, debe estar fundamentada exclusivamente en este baremo?
Con especial atención, ¿considera que los derechos más afectados corresponden a los electores o a los candidatos y partidos políticos? Como elector, ¿le preocupan menos estos últimos que los suyos propios? ¿Considera que no defender los derechos de los candidatos y partidos, no le perjudica o le beneficia de algún modo? ¿Cree que los deberes del Estado se pueden soslayar?
Otras preguntas: En vista de que constitucionalmente este año están previstas elecciones parlamentarias, ¿acudir, sin mejoría alguna en las condiciones, legitimaría el fraude del 20 de mayo de 2018? ¿O es que ese no le pareció el más gigantesco fraude electoral hecho en Venezuela en, al menos, el último siglo? ¿Considera que no debe importar legitimar aquel írrito proceso con tal de competir incluso con peores condiciones? ¿O es que usted cree, al repasar la lista de criterios, que las condiciones son iguales o mejores a las de 2018?
Sin hablar de la farsa parlamentaria y del reparto, entre ladrones, de tarjetas y símbolos partidistas, ¿le tengo que recordar que los partidos con representación mayoritaria absoluta en la Asamblea Nacional (AD, PJ, VP y UNT) fueron inhabilitados poco antes o poco después del 20 de mayo de 2018? Vamos más allá, ¿quiere usted participar en un proceso donde esos partidos no puedan competir porque a usted le satisface que ninguno de ellos tenga oportunidad de acceder al poder? Si este fuera el caso, ¿es usted un demócrata?
¿Comprende usted que auspiciar unas elecciones parlamentarias en las que no puedan competir quienes ahora son mayoría, es colaborar con el gobierno de facto? ¿Logra ver que las personas que le recomiendan votar en elecciones no competitivas como fórmula de protesta, no instrumentaron acciones de protesta al perder en 2018 porque en el fondo no tenían (ni tienen) previsto protestar sino engañarle a usted para que legitime un proceso en el que sólo tienen opción los candidatos y partidos que a ellos les interesa, pero no le confiesan?
¿Cree usted que hay que dejar de presionar para lograr unas elecciones libres y justas? ¿Cree que se debe disminuir la presión para ello? ¿Cree que si usted no sabe cómo presionar, los demás tampoco? ¿Cree que los partidos y aspirantes a candidatos no tienen tanto o más interés que usted en unas elecciones libres y justas? ¿Se cree con derecho a que los partidos mayoritarios le consulten a usted estrategias que, si se pusieran en práctica por sorpresa, pudieran ser más efectivas? ¿Cree que deben consultarlas con quienes han traicionado el pacto unitario?
Finalmente, ¿cree que hay que esperar la voz de los partidos políticos hoy proscritos, para que nos indiquen si les parece que se puede acudir a una próxima cita electoral y confiar en los resultados? ¿O cree que su poder individual es mayor que el del conjunto que aquellos convoquen?
Eso es todo. Ojalá estas líneas sean de utilidad y ojalá sirvieran también para honrar la memoria de la diputada Addy Valero, principal por el estado Mérida a quien nunca conocí. Pero los republicanos no tenemos que conocernos para reconocernos. La diputada respetó el escaño obtenido por el voto popular incluso cuando no hacerlo hubiera podido alargar su expectativa de vida. Dicen sus colegas que fue contactada durante la operación de compra de votos para dar al traste con la presidencia de Guaidó, pero ella no privilegió tener un tratamiento médico adecuado ni la posibilidad de dejar en mejor situación económica a su familia; dicen sus colegas que en las postrimerías sufrió, sin quejarse, el miedo a la persecución por la defensa de sus ideas. No puedo hacer nada por ella ahora, seguramente tampoco hubiera podido mientras vivía, así que me queda este extraño vacío cuando musito el merecido “Que Dios y la patria os lo premien” y me exijo redoblar la defensa de los valores revelados por las circunstancias de su muerte, para que su ejemplo viva.
1 http://archive.ipu.org/PDF/publications/Free&Fair06-s.pdf
