Comisión de Ambiente de Caroní pide a CVG retomar vigilancia de contaminación atmosférica
El 27 de septiembre la Comisión de Ambiente se reunió con la delegación de derechos humanos del Colegio de Abogados, Colegio de Médicos, comisión ciudadana de investigación ambiental y habitantes de las parroquias Unare y Universidad, a fin de discutir medidas a propósito de que continúan las emisiones de óxido de aluminio provenientes del área de calcinación de CVG Bauxilum
Autora: Laura Clisánchez | Correo del Caroní
La Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario del Concejo Municipal en Caroní pide a la gerencia general de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que retome la vigilancia de contaminación atmosférica –desactivada desde hace al menos 14 años-, para determinar el impacto ambiental que genera la mínima producción actual de las empresas básicas.
Esto a propósito de que continúan las emisiones de óxido de aluminio provenientes del área de calcinación de CVG Bauxilum, que iniciaron el 5 de septiembre tras la avería de los filtros del único calcinador operativo de la estatal.
Bauxilum se pronunció luego de cuatro días de silencio, pero hasta el momento autoridades competentes del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) y Gestión Ambiental de la CVG no se han pronunciado o publicado el avance de alguna investigación que permita conocer la concentración actual del material en el aire, ni si se están aplicando correctivos que garanticen que el incidente no se repita.
A 20 días del inicio de las emisiones que violan la Ley Penal del Ambiente y las Normas de calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, el Ministerio Público tampoco ha manifestado públicamente avances de alguna investigación para determinar responsabilidades.
Este martes 27 de septiembre, la Comisión de Ambiente se reunió con la delegación de derechos humanos del Colegio de Abogados, Colegio de Médicos, comisión ciudadana de investigación ambiental y habitantes de las parroquias Unare y Universidad, afectados por la inhalación prolongada de óxido de aluminio para estudiar el caso desde distintas aristas, especialmente aspectos legales y efectos sobre la salud de las personas, con acento en la población más vulnerable: niños, adultos mayores, personas con enfermedades pulmonares de base o con infecciones respiratorias como la COVID-19.
Aliana Estrada, presidenta de la Comisión de Ambiente, manifestó que la estatal debe tomar los correctivos necesarios para garantizar la operatividad de los equipos industriales y, por lo tanto, para prevenir accidentes que perjudiquen al ambiente, la salud humana, salud animal y seguridad laboral.
“Ya el daño está hecho, no se puede revertir. Ya se violó un procedimiento que es el permiso de trabajo, este permiso tiene una valoración de los procedimientos seguros para que el proceso de producción sea óptimo, evidentemente esto no se dio toda vez que viene de una supuesta parada de mantenimiento de la planta”, denunció.
“Aquí quedó en evidencia que el Gobierno no ha cumplido con su función de ser garante de que los procesos se den, con las condiciones en las que se garantice la salud de los ciudadanos y seguridad de los trabajadores”, agregó.
Sin control ambiental y vigilancia de contaminación atmosférica
Luis Guzmán, biólogo y especialista en ciencias ambientales, informó en entrevista con Correo del Caroní que en Ciudad Guayana no hay ningún equipo de vigilancia de calidad del aire y agua desde hace 14 años. Antes de 2008 había al menos 12 de estos equipos distribuidos en las empresas básicas que ya no funcionan por falta de mantenimiento.
“Desde 2006 o 2008 no se tiene información alguna de la calidad del aire que respiramos ni la calidad del agua que tomamos”, dijo el biólogo.
De la calidad del aire en Ciudad Guayana poco se sabe y las únicas pistas que tiene la sociedad civil sobre las afectaciones reales de las emisiones de óxido de aluminio son la tos, irritación y dificultad respiratoria que presentan los miembros de las al menos 1.200 familias afectadas que habitan en el eje Atlántico y avenida Paseo Caroní.
Desde la sociedad civil surgieron iniciativas como la comisión ciudadana de investigación ambiental conformada por parlamentarios del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) o la investigación emprendida por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, gremio que recolectó muestras de óxido de aluminio para analizarlas en un laboratorio industrial privado con el propósito de determinar qué tan nociva puede ser la alúmina calcinada para la salud en un contexto de inhalación prolongada.
El gremio también emitió una denuncia ante la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público para determinar responsabilidades legales por los daños ocasionados a la salud pública.
El óxido de aluminio no es considerado como una sustancia peligrosa o corrosiva, pero la Organización Mundial de la Salud establece que la inhalación prolongada del material provoca daños pulmonares y neurológicos.
