Comisión que investiga a la AN 2015 saldó su deuda con puro «cuento viejo»
La indagación de la gestión de Juan Guaidó y compañía ha mutado desde el año 2020, cuando desde las reuniones que lideraba Luis Parra se creó una comisión para investigar el paradero de la ayuda humanitaria. Luego, en 2021, la AN de mayoría chavista creó una comisión para investigar daños a la nación por parte del Poder Legislativo opositor de 2015. Los organismos de justicia parecen desmeritar las pruebas contra la disidencia, pues hasta ahora, de las indagaciones no se han derivado mayores actuaciones contra los señalados
La comisión de la Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que investiga al Legislativo electo en 2015 por fin dio señales de vida y presentó este 3 de marzo el informe final de la indagación sobre las supuestas acciones perpetradas por el Parlamento opositor, esto luego de tener más de un año arrastrando esa deuda y dándole largas a punta de prórrogas.
En realidad, la indagación de la gestión de Juan Guaidó y compañía ha ido mutando desde el año 2020, cuando desde las reuniones que lideraba Luis Parra se creó una comisión para investigar el paradero de la ayuda humanitaria. En cada etapa, capítulo o episodio participó Brito, señalado en diciembre de 2019 de presunta corrupción.
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La nueva variante de la comisión investigadora nació el 7 de enero del 2021, en la primera sesión de la AN de mayoría chavista. Este día se nombró a Brito y el oficialista Hugbel Roa como presidente y vicepresidente de la instancia parlamentaria, respectivamente. El lapso de funcionamiento era de un mes, cumplido este período pidieron un tiempo extra de 30 días porque era «bien aguda» la investigación que debían realizar en el caso de Citgo y Monómeros.
Parecido a un déjà vu, un año, dos meses y dos días después de la génesis de esta comisión, José Brito dijo desde la tribuna de oradores que las pérdidas de la nación rondaban los 194 mil millones de dólares. Lo mismo dijo el 4 de marzo, pero del 2021, cuando se presentó el informe preliminar y pidió 45 días más para culminar el trabajo.
Según el parlamentario, se consignó ante la plenaria el informe final del trabajo realizado que contiene 12.592 folios con la descripción de las aspectos fundamentales de las averiguaciones. Detalló que hay 442 actores involucrados en los hechos de corrupción que encabezaría Juan Guaidó, de los cuales 203 son diputados (AN 2015) y 239 son los designados como representantes diplomáticos ante la comunidad internacional, juntas administradoras ad hoc en empresas venezolanas en el exterior, así como magistrados del simulado TSJ en el exilio y órganos del Estado.
Brito no presentó mayores hallazgos derivados de la investigación «profunda» que dijo era necesaria hacer. Se limitó a decir que los folios serían remitidos a los órganos de justicia para que tomen cartas en el anuncio. Evitó decir si había datos nuevos de interés nacional.
El 15 de abril del 2021, por ejemplo, el presidente de la AN madurista, Jorge Rodríguez, instó a la comisión a atender las denuncias sobre la supuesta pretensión del Legislativo liderado por Juan Guaidó de apropiarse de un presupuesto de 52 millones 118 mil 733 dólares que provendrían de los fondos represados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas in inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Brito no mencionó si esto abultaba el monto de pérdidas.
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Brito basó su discurso en repetir señalamientos que incluso datan desde el 2020. Aseguró que esta es una «investigación histórica» con argumentos supuestamente demostrativos de que se ha engañado, de forma reiterada y consecutiva, a través de las redes sociales y páginas web no solo a la población sino también a una parte de la comunidad internacional, que hoy es parte del problema, y a quienes diputados opositores burlaron en su buena intención, solicitándoles apoyo económico para traer ayuda humanitaria a Venezuela, la cual nunca llegó al pueblo.
Nada nuevo. Ya en 2020 formaba parte de la comisión que se creó en las reuniones de diputados lideradas por Luis Parra para investigar el destino de los recursos que otros países, incluyendo Estados Unidos, otorgaron a Venezuela con motivo de la ayuda humanitaria. La comisión estuvo integrada por los parlamentarios Ilenia Medina, José Brito, William Gil, Adolfo Superlano, Ángel Medina, Enrique Márquez y Omar Ávila.
En la sesión del 28 de enero de ese año, José Brito pidió colaboración al gobierno de EE. UU. para indagar sobre una supuesta trama de corrupción y «estafa al sentimiento de los venezolanos».
«Son unos chulos y los chulearon a ustedes y también a los venezolanos. Por eso apoyo que se abra una investigación exhaustiva, porque hasta discotecas saldrán a relucir».
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En ese momento, desde la bancada del oficialismo se aseveró que no podía pasar por debajo de la mesa «que EEUU haya admitido haber dado más de 460 millones de dólares a la oposición. Queremos que se debata qué es lo que han hecho con esos recursos».
El 18 de noviembre del 2020, Brito dijo, sobre el estatus de la investigación anunciada antes de la pandemia, que acudieron a todas las instancias internas y algunas externas. Argumentó que llegada la pandemia se hizo imposible viajar, pero prometió que llegará el momento y que el caso tendrá continuidad.
Los intentos del Parlamento por apresar a Guaidó y compañía han sido en vano. Parecería, incluso, que los organismos de justicia desmeritan las «pruebas contundentes» que, aunque ahora se presentan desde el Legislativo, ya habían sido expuestas.
La primera vicepresidenta del Legislativo dominado por el PSUV, Iris Varela, se preguntó el 3 de marzo pasado cuánto tiempo más deben esperar el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República para ejercer acciones contundentes. Ya en el pasado Varela a pedido a los mencionados organismo celeridad y actuación contra Guaidó y la oposición. A ella se le han sumado diputados tanto de oposición como de la propia tolda roja.
