Comité por la Libertad de Trabajadores Presos exige revisar Sistema de Justicia del país
La organización se apoya en las declaraciones de Pedro Carreño para hacer una serie de peticiones en pro de trabajadores presos injustamente
El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Los Trabajadores Presos emitió un comunicado el viernes 8 de abril para reiterar su preocupación por la «criminalización de las luchas reivindicativas de los trabajadores y trabajadoras por sus derechos», enfatizando que muchos de ellos han sido llevados ante los tribunales y ser víctimas de procesos judiciales por solo denunciar hechos de corrupción o exigir sus derechos.
En ese sentido, dicho Comité asegura que han denunciado en varias ocasiones lo que el presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, Pedro Carreño, quien dijo en días pasados que el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es “un desastre” y que dentro que hay dos personas que a pese de que no son magistrados, imponen decisiones.
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Para la organización, este tipo de irregularidades es lo que mantiene al menos a 16 trabajadores judicializados y detenidos de manera injusta; enfatizando que los procesos que se les abre a estas personas pareciera tener un sentido «aleccionador» para evitar que existan más protestas en contra de lo que está mal.
Refieren que los trabajadores son víctimas de atropellos variados como su arresto sin una orden, incomunicación, presentación ante los jueces sin sus abogados; algunos con signos de tortura y malos tratos; al igual que los juicios transcurren sin que existan elementos de convicción que justifiquen la sentencia.
Además, señalan que en el país existe la violación a la presunción de la inocencia y advierten que aunque no hay pruebas que incriminen a los trabajadores, los jueces les piden a los acusados que asuman una culpabilidad por medidas menos gravosas y quienes se niegan, obtienen una sentencia condenatoria sin bases.
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«Esta realidad, como lo ha señalado el diputado Carreño, parece tener su razón de ser en una administración de justicia que pone el acento en lograr un alto número de condenas, pretendiendo hacer ver ese indicador como muestra de eficiencia. Un verdadero sistema de justicia penal no es aquel que se mide por el número condenas obtenidas, sino porque permite a los ciudadanos ejercer su derecho a la defensa, protege la presunción de inocencia en todo momento del proceso y cuyas decisiones se apegan a derecho, cuestión que no vemos está sucediendo», escribe el texto.
Por ello, este Comité exige que sean revisados los casos en profundidad de los 16 trabajadores pertenecientes a esta organización; se inicie la corrección de las fallas estructurales dentro del Sistema de Justicia venezolano con la elección de magistrados «probos, idóneos e independientes»; se tomen las medidas para evitar que personas sin competencia, impartan justicia; termine la judicialización de los trabajadores por sus derechos.
