¿Cómo agrava la contaminación el bajo tratamiento de las aguas residuales en Venezuela?
Una actualización del monto estimado de inversión para la recuperación del sector de las aguas en Venezuela —inicialmente reflejado en el Plan País, el proyecto de la gestión de Juan Guaidó y un sector de la sociedad civil para salir de la crisis socioeconómica en la nación— ubica la cifra general en 1.500 millones de dólares. De ese dinero 40% sería destinado al saneamiento, que implica el tratamiento de aguas servidas
En los últimos años la crisis hídrica se ha agravado a escala mundial debido a que el consumo humano de agua dulce ha crecido a mayor ritmo que la producción natural del recurso. Esto podría causar que en ocho años la demanda global del líquido supere en 40% la capacidad de abastecimiento que se calcula tendrán los cuerpos naturales de agua para ese entonces, ha advertido la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que contempla el organismo es lograr que para el año 2030 haya disponibilidad de agua para todos, y que sea saneada y gestionada de forma sostenible. Sin embargo, alcanzarlo parece cada día más cuesta arriba, pues actualmente, en el mundo, de los 359 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales que se producen anualmente — equivalentes a 144 millones de piscinas olímpicas, las cuales albergan 2.500.000 litros de agua— solo el 20% de ellos está siendo tratado antes de ser devuelto al medioambiente. El 80% restante, todavía contaminado, es vertido en ríos, lagos y playas, lo cual ha empeorado la contaminación hídrica, que, a su vez, ha profundizado el deterioro de la calidad y disponibilidad de las aguas.
Un informe del Programa Mundial de los Recursos Hídricos, dependiente de la ONU, determinó que la proporción de aguas servidas tratadas varia según la renta percibida por los Estados. En naciones ricas es del 70% y desciende a 38% y 28% en aquellas con ingresos medios-altos y medios-bajos, respectivamente. Mientras, en los países pobres ese porcentaje se reduce aún más para llegar a un 8%.
Venezuela, en 1999, saneaba el 34% de las aguas servidas que generaba, es decir 45.000 litros por segundo eran tratados antes de caer a las cuencas hidrográficas. Sin embargo, más de dos décadas después, «ya no trata ni un litro de agua por segundo», aseguró en entrevista con TalCual Norberto Bousson, exvicepresidente de operaciones de Hidrocapital, la empresa estatal venezoalana que controla los sistemas de agua y residuos.
En ese momento, el país estaba a casi mitad de camino de cumplir la meta regional de tratar el 80% de las aguas residuales. Se esperaba cerrar esa brecha en ocho años pero se hizo todo lo contrario, pues ahora en la nación 80.000 litros de aguas servidas son descargadas en los afluentes del territorio venezolano. El colapso de las instituciones encargadas de gestionar el líquido,—que «han sufrido impactos profundos, y revelan más bien problemas de carácter sistémico, estructural y de largo plazo— han influido en ello, afirmó el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
«Somos un país extraño porque el gran contaminador es el mismo Estado, entiéndase el Ministerio de Ambiente, Hidrocapital, Hidroven (Hidrológica Venezolana). Ellos son los únicos responsables de la contaminación de las aguas porque más nadie opera esos sistemas», señaló el ingeniero hidrológico.
Hidroven es la empresa estatal encargada de administrar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable y saneamiento en las diferentes regiones del país a través de sus filiales, que eran nueve, de acuerdo con información reseñada en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Aguas del año 2017, entre ellas Hidrollanos (Apure) Hidrocentro (Cojedes, Aragua, Carabobo) Hidroandes (Trujillo, Barinas), etc.
Y es que en el país no existen operadores privados para la prestación del servicio de saneamiento del agua. Las empresas hidrológicas estatales son las únicas que administran los procesos de distribución y tratamiento del líquido, que en la nación tiene rango constitucional, que significa que el acceso al mismo está consagrado en la carta magna como un derecho y, por tanto, su adecuada gestión —que permitiría enfrentar de forma más eficiente los retos sanitarios y climáticos— debe regirse por el marco jurídico referente a esta área.
«Hidroven tiene cierta autonomía, pero está adscrita al Ejecutivo nacional», dijo Nicola Cecci, docente de la cátedra de Tratamiento de Aguas en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), en un informe acerca de la transparencia dentro del organismo anteriormente referido. Al mismo tiempo, agregó que las funciones de los ministerios con competencia en agua y ambiente están muy «solapadas» y, por ende, «no sabemos dónde termina la función de uno y dónde comienza la del otro».
¿Cómo afecta a la gente la paralización de las centrales?
Hace 22 años, había en la nación una red de plantas de tratamiento de las aguas servidas, integrada por 52 centrales de primer orden, con caudales por encima de los 100 litros por segundo, explicó Bousson. Fueron ubicadas en las zonas estratégicas que tenían mayor relevancia hídrica.
En Nueva Esparta, por ejemplo, se instalaron 11 para proteger el frente costero de Margarita y en el Zulia al menos 32 para tratar las aguas de origen domiciliario, industrial y petrolero, antes de que fueran depositadas en la cuenca del Lago de Maracaibo. Pero para el año 2021 ya se reportaba que había fallas en al menos nueve de los 14 estados en los que, según Transparencia Venezuela, hay plantas de este tipo.
Esa problemática se atribuye principalmente a la falta de personal calificado para operarlas, pero también al escaso mantenimiento, a la baja inversión y al desmantelamiento de sus instalaciones por parte de la delincuencia.
En Carabobo, la planta Los Guayos está inoperativa desde 2016 por abandono de quienes la administraban, en este caso Hidrocentro. Eso significa que desde entonces no hay ningún sistema de depuración de las aguas servidas en la entidad y las mismas, alrededor de 1.200 litros por segundo, están llegando contaminadas al embalse Pao Cachinche, que abastece de agua a al menos tres millones de personas del Área Metropolitana de Valencia y de la región central del país.
Pero esta situación no es única. También ocurre en el embalse Tuy, que da agua al entre 25 y 30% de los pobladores de Caracas, y está en riesgo, según denuncias recogidas por la Fundación Aguas Sin Fronteras en un informe de junio de 2021 para el tercer ciclo del examen periódico universal de Naciones Unidas en Venezuela.
«En Venezuela existen 91 embalses para la recolección de agua, 90% de los cuales están inoperativos. Varios de estos embalses están en riesgo. Por ejemplo, el agua que se encuentra en el embalse del Tuy (…) no cumple con las normas de calidad ambiental para uso potable. La gran mayoría de los embalses presenta sedimentación y niveles significativos de eutrofización (alto contenido de materia orgánica) debido a la erosión y a la eliminación de aguas residuales no tratadas», reseñó el documento.
La misma ONG indicó que uno de los casos más emblemáticos a nivel nacional por los graves problemas de calidad del agua es el del Sistema de Agua Regional del Centro, en el que recirculan aguas contaminadas de su propio circuito.
«Además, las descargas del embalse de Taiguaiguay terminan llegando al de Camatagua (ambos ubicados en el estado Aragua), contaminando la principal fuente de abastecimiento de Caracas», detalló Transparencia Venezuela.
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Las playas, sobre todo las de Vargas, Miranda, Nueva Esparta y Sucre, también han resultado afectadas a consecuencia de las fallas registradas en estas instalaciones.
Las de Boca de Paparo y Río Chico, en la entidad mirandina, han terminado contaminadas debido a las descargas de aguas residuales de la Gran Caracas, que llegan a través de la cuenca del río Tuy. También, todo el eje turístico de El Peñón, en Cumaná, debido a que todas las aguas residuales generadas al noeroeste de la localidad no están siendo saneadas. En esa misma región los niveles de contaminación de la playa San Luis superan los permitidos para aceptar bañistas, pues hay turbidez en las aguas, organismos marinos muertos y han proliferado macroalgas, afirmó el departamento de Oceanografía de la Universidad de Oriente.
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¿Cuánto cuesta recuperar el sistema de tratamiento de aguas residuales?
Una actualización de 2022 del monto estimado de inversión para la recuperación del sector agua en Venezuela, inicialmente reflejado en el Plan País —un proyecto de la gestión de Juan Guaidó y un sector de la sociedad civil para salir de la crisis socioeconómica en la nación— ubica la cifra en 1.500 millones de dólares. De ese dinero 40% sería destinado al saneamiento, que implica el tratamiento de aguas servidas. La proporción es menor en comparación con la asignación para las obras de aguas blancas, no porque sea menos importantes, sino porque «se le ha dado prioridad a esa rama porque es fundamental que la gente tenga agua para luego entrar en la segunda etapa, que es corregir el problema de tratamiento», explicó Bousson, quien también fungió como coordinador del sector de Agua Potable y Saneamiento del Plan País.
Recuperar el sistema nacional tomaría al menos cuatro años, pero el financiamiento no lo es todo. Es fundamental rediseñar la estructura institucional y física de los sectores agua y saneamiento, debido a que su desmantelamiento ha comprometido la calidad de las fuentes de abastecimiento y los procesos de tratamiento y distribución del líquido.
«El papel fundamental de los Estados es que ellos mismos le hacen control y seguimiento a la calidad de las aguas para saber qué está pasando y dónde hay que corregir problemas. Hacen muestreos de playa, que antes se hacían de forma continua porque eran una obligación, también análisis de calidad de agua. Eso nos decía dónde las cosas estaban funcionando mal. Pero ya no hay un Estado auditor de la calidad de las aguas. Ahora, el que contamine debe tener la obligación de hacer las tareas necesarias. Si usted es Hidrocapital y usted contamina 20.000 litros por segundo, usted debe tratarlo y revertirlo ( el daño). Hidroven, por ejemplo, que es un organismo operativo, debe hacerle seguimiento a planes e inversiones dirigidas a terceros, vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental donde dice cuál es la calidad con la que usted puede devolver el agua contaminada a los cuerpos».