Con la excusa de ofrecer “autonomía” AN 2020 avanza reforma de Ley de Consejos Comunales
La AN aprobó este 17 de noviembre, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Según la diputada oficialista Gabriela Peña, permitirá al Estado tener mayor eficiencia en el combate contra los ilícitos y responder efectivamente a la ciudadanía
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó en la sesión ordinaria de este 17 noviembre dos proyectos de reforma de leyes primera discusión, una parte del paquete anunciado por Nicolás Maduro el pasado martes. Se tratan de la Ley Orgánica de Consejos Comunales y la Ley Orgánica de Contraloría Social. Los debates caldearon los ánimos entre las bancadas oficialistas y de oposición del Parlamento.
El proyecto de reforma de la Ley de Consejos Comunales fue aprobado por mayoría calificada. Fue presentado a la plenaria por el diputado oficialista Willy Medina (PSUV – Táchira), quien desde la tribuna de oradores explicó que con la iniciativa se busca fortalecer “el espíritu asambleario” y la democracia participativa y protagónica.
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El parlamentario señaló que con la reforma también se persigue fortalecer el caracter legal del registro electrónico de los consejos comunales para evitar los trámites burocráticos en oficinas y blindar la sistematización de los procesos electorales, con el objetivo de «darles más agilidad y viabilidad».
“Buscamos con este proyecto incorporar un nuevo capítulo debido a que la actual Ley adolece de todo lo referente a la renovación de los consejos comunales. Proponemos un capítulo aparte para todo lo que tiene que ver con este proceso porque hay confusión y retardo. Proponemos elegir a los voceros de los consejos comunales antes de que expiren las vocerías”, detalló.
También se plantea cambiar el epígrafe de la Ley que establece que los consejos comunales tienen como rector al Ministerio de Comunas. Se pide la modificación para instaurar la figura de “acompañamiento y darles autonomía”.
A la bancada de oposición no le agradó el planteamiento. En nombre de la Alianza Democrática, el diputado Alfonso Campos (El Cambio – Carabobo) cuestionó la viabilidad de la reforma. El parlamentario criticó que se intente crear a través de los consejos comunales una instancia territorial o de carácter de gobierno, pese a que la Constitución no lo establezca.
Para Campos, el oficialismo debe hacer tal como hizo el expresidente Hugo Chávez en 2007 con la propuesta de Estado Comunal: someterla a referéndum y dejar que sea la gente la que decida o no.
Aseveró que lo que debería hacerse es proponer un proyecto de enmienda constitucional, “a los efectos de no entrar en un paralelismo de un Estado establecido en la Carta Magna y otro organizado a partir de reformas”.
La postura de Campos fue rebatida por los diputados oficialistas Rodolfo Crespo y Pedro Infante, al señalarlos de «no creer en la democracia participativa» y negar la intención de “darle más poder al pueblo”.
AN reforma a Ley de Contraloría Social
El parlamento, de mayoría oficialista, también aprobó en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social. El instrumento fue presentado por la diputada Gabriela Peña (PSUV – Miranda).
“Estamos planteándonos la formación a todos los sectores en esta materia, que todos los entes que tengan competencia en el tema del control social deben generar programas formativos para que el pueblo se empodere. Hay un detalle y es el flagelo de la corrupción, hay que derrotarla”, dijo en su intervención.
Aseveró que el proyecto de reforma permitirá al Estado tener mayor eficiencia en el combate contra los ilícitos y responder efectivamente a la ciudadanía.
Desde el PSUV se plantea la propuesta de cambiar el nombre de títulos a capítulos, además de transferir bienes y competencias a las comunidades con funciones compartidas “donde la acción privada no incida en los intereses comunales”.
La AN del 2020 también aprobó en segunda discusión la Ley Especial de Trabajadores a Domicilio, cuyo objetivo es visibilizar y proteger a aquellas personas que trabajan manualmente en sus casas para empresas del sector industrial, con el objetivo de que tengan los mismos derechos que aquellos que van a un lugar determinado para laborar. Ahora pasará al Ejecutivo de Nicolás Maduro para su promulgación.
La ley fue discutida por primera vez en agosto. Fue redactada con la participación del poder Ejecutivo, quien dio su aporte para enriquecer el proyecto legislativo en la primera etapa.
