Condenan a 29 años de prisión a dos responsables del femicidio de Ángela Aguirre
José Cedeño y José Zorrilla fueron condenados por femicidio agravado contra Ángela Aguirre, mientras que otros cinco imputados permanecen privados de libertad, ya que, aunque fueron absueltos, el Ministerio Público apeló la decisión
Han transcurrido casi 29 meses desde el asesinato de Ángela Aguirre, una adolescente de 16 años que celebraba el cumpleaños de un amigo en el club Ítalo-Venezolano de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Finalmente, tras más de dos años de juicio, el caso cerró con sentencias para José Cedeño y José Zorrilla a 29 años de prisión por femicidio agravado.
El Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer, que dio inicio al juicio en octubre de 2019, determinó que José Cedeño el cumpleañero con el que celebraba Aguirre, la violó, asesinó y arrojó su cuerpo al río Caroní; mientras que Zorrilla fue señalado como su principal cómplice y declarado culpable del mismo crimen.
Otras cinco personas fueron detenidas e imputadas por el asesinato de Aguirre, pero ya fueron absueltas. Sin embargo, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza permanecerán privados de libertad, ya que el Ministerio Público apeló la absolución.
La corte de apelaciones debe determinar si procede o no la apelación del Ministerio Público, entre tanto, seguirán privados de libertad. No obstante, de este grupo, tanto Orlando Salazar, como Glauder Zorrilla y Wilmer Díaz, condenados por omisión de socorro, ya cumplieron su condena.
De esta manera, cierra uno de los casos judiciales de femicidios más mediáticos en Venezuela. La muerte de Aguirre desató una ola de movilizaciones por parte de la militancia feminista venezolana, que ha exigido durante años incrementar las políticas públicas en aras de proteger a las mujeres de la violencia de género.
*Lea también: Tomas Guanipa renuncia como representante de Venezuela en Colombia
El femicidio de Ángela Aguirre
Aguirre, a sus escasos 16 años, fue atacada sexualmente y asesinada. Lo último que sus familiares supieron de ella fue una foto que publicó en sus redes sociales a las 8:03 pm a bordo de una lancha rumbo a la isla La Terecaya, vistiendo un traje de baño y con su salvavidas puesto.
Su madre, Yerlis Yaguare, afirmó que perdieron contacto con la adolescente a las 8:00 pm y la llamaron reiterativamente hasta las 2:00 pm, hora en la que recibieron una llamada de la madre de José Cedeño, el cumpleañero, en la que afirmaron que la joven se había caído de la lancha y no la lograban encontrar.
El cuerpo de Aguirra fue hallado tres días después. Estaba flotando a casi ocho kilómetros río arriba de la última ubicación que se tuvo de ella, con su traje de baño y su salvavidas puesto.
Las autopsias revelaron que su cadáver presentaba traumatismo craneoencefálico y facial, producto de golpes con un objeto contuso. También lograron determinar que mostraba signos de violación y que, aún viva, fue arrojada al agua.
Los siete acompañantes de Aguirre en la lancha, cinco hombres y dos mujeres, ofrecieron versiones contradictorias sobre lo sucedido, mientras que la abogada de la familia de Cedeño afirmaba que los jóvenes coincidieron en que había caído mientras todos fueron a buscarle una cerveza.
*Lea también: La causa feminista: Tres banderas de justicia y un clamor unido contra el Estado
Irregularidades y corrupción
A pesar de los resultados de la autopsia, la fiscal designada para abordar el caso, Emily Hernández, ordenó una segunda autopsia en la que se «demostraba» que el sexo fue consensuado y el ahogamiento accidental, mientras que los golpes en su cuerpo habrían sido producto de la corriente del río Caroní.
A raíz de lo contradictorias de las autopsias, se especuló sobre hechos de corrupción en el Ministerio Público, pues la fiscal intentaba eliminar elementos que dejaban claro que se trató de un homicidio. Un trabajo de investigación de Efecto Cocuyo denunció que los padres de los detenidos ofrecieron sobornos que incluían 100.000 dólares y 3 kilogramos de oro, además de bienes muebles e inmuebles para la fiscal y los funcionarios del Cicpc.
Por este motivo, la familia de Aguirre recusó a la fiscal. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que un tribunal local con competencia en violencia de género tomara el caso, que fue admitido y tratado como un femicidio.
