Condiciones de reclusión de presos políticos recrudecieron luego del 28J
La privación de un abogado de confianza, condiciones de aislamiento prolongado o la negación de asistencia médica a los presos políticos se intensificaron tras las protestas poselectorales, señalan abogados, activistas de derechos humanos y mecanismos como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela
La represión poselectoral aplicada por la administración de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales fue calificada por activistas y organizaciones de derechos humanos como de las más intensas y brutales de la última década. Esa intensidad se trasladó también a las condiciones de reclusión a las que se vieron expuestos los más de 2.200 detenidos luego del 28 de julio y que ya enfrentaban, en mayor o menor medida, más de 300 presos antes de esa fecha.
El aislamiento prolongado, la negación de alimentación adecuada o asistencia médica, así como la privación de un abogado de confianza, que ya formaban parte de un patrón de persecución contra la disidencia política según oenegés, recrudecieron en los últimos nueve meses.
Jesús Manuel Medina (36), Jesús Rafael Álvarez (44), Osgual González (43) y Reinaldo Araujo, todos detenidos luego del 28J, fallecieron en sus centros de reclusión debido a que no recibieron atención médica a tiempo o por parte de un especialista. Los presos políticos en comandos policiales no cuentan con enfermerías, por lo que deben esperar un traslado a un centro de salud. Tras ser estabilizados, son regresados a sus celdas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señala que a partir del 19 de noviembre se les permitió a los familiares en cárceles como Tocuyito (estado Carabobo) o Tocorón (Aragua), donde se concentra la mayor cantidad de detenidos, entregar las medicinas para patologías de base o enfermedades que se presentaron en prisión.
Hasta diciembre, en Tocuyito «unos 247 detenidos tenían al menos una patología» como hipertensión arterial, tuberculosis, trastornos psiquiátricos, asma, problemas renales o musculoesqueléticos, diabetes, desnutrición o convulsiones.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, al menos 93 presos políticos tienen «cuadros de salud sumamente graves» como problemas cardíacos, enfermedades renales, diabetes, hernias, fisuras, episodios de depresión, problemas oculares, tumores no diagnosticados o enfermedades pulmonares. Requieren asistencia médica especializada, hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas que no han sido aprobadas.
Presos políticos sin defensa
El abogado y defensor de derechos humanos Joel García señala que «el cambio que ha ocurrido y que es verdaderamente sustancial, desde finales del año 2023 a la fecha, es que todos los presos políticos no cuentan con defensa privada».
Los detenidos por razones políticas, asegura García, están totalmente indefensos «porque a pesar de saber que les ‘acompaña’ un defensor público, a este defensor público le tienen prohibido hacer diligencias que coadyuven a desvirtuar las imputaciones del Ministerio Público. Les tienen prohibido apelar, impugnar decisiones, les tienen prohibido solicitar nulidades, les tienen prohibido denunciar maltratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Todo este escenario no solo impide una defensa efectiva del detenido, sino que ha generado incertidumbre en cuanto a su proceso penal. Familiares han relatado que la Defensa Pública –centralizada en Caracas– no provee información sobre las actuaciones que han realizado, se les niega acceso al expediente y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se han entrevistado directamente con el detenido en sus centros de reclusión.
Tal es el caso de Virgilio Laverde, un médico recién graduado y dirigente juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar. «Cada vez que vengo a Caracas no me dicen si va a iniciar el juicio o no. La defensora Valentina Lewis nunca me sabe dar una respuesta, dice que eso no depende de ella y que espera información que nunca me da», dice Odalis Márquez, madre del activista.
El joven está detenido en la sede del Cicpc Ciudad Bolívar desde el pasado 15 de agosto, acusado de supuesto terrorismo e incitación al odio ante el Tribunal 2 de Control en materia de Terrorismo. Su madre puede verlo solo un día por escasos minutos y asegura que su deterioro mental «es evidente».
«No tienen ni siquiera una prueba de que mi hijo es terrorista. Dijeron que lo agarraron con bombas molotov, pero a él se lo llevaron engañado de su residencia. Hay testigos que dicen que ni siquiera revisaron la habitación o se llevaron algo. Se lo llevaron engañado y todo fue sembrado. Revisen el caso de mi hijo y permitan que avance en su carrera», dice Márquez.
Una situación similar atraviesa Dairelis Chirinos con su hija Génesis Riera, detenida el 8 de agosto de 2024 en una zona rural de Punto Fijo (estado Falcón). «No tenemos mucha información. Yo no puedo viajar desde Punto Fijo a Caracas todo el tiempo porque es un gasto muy grande. La defensora pública la información que me da es que eso se les escapa de las manos porque todo viene de un superior».
La modelo y estudiante del tercer semestre de Comunicación Social permanece recluida en la sede «Banco Obrero» del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de esa ciudad, bajo los cargos de terrorismo, incitación al odio y daños a la propiedad privada. Su madre resalta que «la misma prueba que la acusa es la que demuestra su inocencia».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado al Estado venezolano de utilizar «ampliamente» la legislación antiterrorista, como a la que están sometidos Génesis, Virgilio y la mayoría de los presos poselectorales, «para enjuiciar y detener a personas, violando las garantías del debido proceso y de un juicio justo, incluido el derecho a elegir su propia defensa, y otras normas y estándares internacionales».
Desaparecidos e incomunicados
Según el Foro Penal, hasta el 31 de marzo se registraban 903 presos políticos en todo el país. De 62 se desconoce su paradero. También hay 66 extranjeros que no han podido tener contacto con su familia, como los casos del gendarme argentino Nahuel Gallo o el ciudadano peruano Marco Madrid Martínez.
«Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional», ha dicho la Misión de Determinación de Hechos en su informe del 18 de marzo.
Recientemente, Provea visibilizó la denuncia sobre la desaparición forzada de Albert Martín Maíz Nadales, un funcionario del Consejo Nacional Electoral detenido el pasado 27 de noviembre por funcionarios de contrainteligencia. Su familia nunca ha podido comunicarse directamente con él desde su arresto.
Recibimos denuncia de presunta desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la DGCIM contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE.
El 27 de noviembre 2024, Albert fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la… pic.twitter.com/0PZwNs6VYN
— PROVEA (@_Provea) April 1, 2025
El 16 de diciembre fue trasladado de la sede de la Dgcim en Boleíta, al este de Caracas, a un lugar desconocido. Sus familiares han solicitado información en distintas cárceles, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo e introdujeron un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguno ha sido respondido.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, un procedimiento especial de la ONU, ha reclamado sobre el «uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos».
En el caso del aislamiento a presos políticos, el abogado Joel García señala que «si bien es cierto que todos los detenidos en el contexto poselectoral fueron incomunicados, el trato que se les ha dado respecto a la salud y alimentación ha sido igual, pero los que tienen militancia política o casos emblemáticos han tenido un trato diferente. Han sido incomunicadas, en la mayoría de los casos, y así se mantienen hasta la fecha».
En esto coincide Diego Casanova, activista de DDHH y parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. «A los presos políticos que se han detenido porque están vinculados a partidos o participaron en la campaña del 28 de julio, fueran jefes de comando o testigos, los llevan al Helicoide generalmente y son del grupo que no tiene visitas».
Esa es una situación que no se presenta con otro grupo de presos, señala Casanova. Destaca que los presos poselectorales en la cárcel de Tocorón (alrededor de 300) reciben visitas cada 15 días aproximadamente. «Por las mismas condiciones de reclusión y el personal que labora allí son maltratados y sometidos a humillaciones más severas, pero sí hay mayores restricciones a los que son activistas».
El Comité registra que 23 personas dentro del Sebin Helicoide están incomunicadas desde el momento de su detención. No hay llamadas, cartas o tan siquiera se les proporcionan a los familiares las notas donde los custodios permiten a los presos políticos escribir las medicinas o artículos de aseo personal que necesitan.
«Yo tengo ocho meses sin ver a mi esposo, sin que sus hijas puedan ver a su papá (…) Ni los defensores públicos pueden entrar al Helicoide. Sigo sin respuesta oficial sobre su estado físico o cuando voy a tener visita. Nos dicen que tenemos que esperar autorización de Presidencia«, ha dicho Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano.
Dentro del Helicoide también se aplica la suspensión de visitas como castigo, dice Casanova. Al periodista Luis López le suspendieron las visitas por una semana sin mayor explicación a su familiar.
El Comité destaca además que en la cárcel de El Rodeo I más de 60 presos políticos enfrentan aislamiento prolongado, prohibición de visitas y falta de atención médica como Josnars Baduel, que desde hace dos meses no ha podido ver o hablar con sus hermanas.
Adolescentes detenidos
La detención de adolescentes se sumó a la represión poselectoral, en niveles superiores a otros momentos de protestas antigubernamentales como 2014, 2017 o 2019. Según estimaciones de organizaciones, al menos 160 fueron apresados luego del 28 de julio. Cinco todavía permanecen detenidos.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en su informe preliminar sobre la represión poselectoral publicado en octubre pasado, señaló que los adolescentes detenidos enfrentaron «las mismas amenazas» que adultos «y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional».
Las madres, organizadas bajo dos comités y en denuncias individuales, señalaron que los adolescentes encarcelados también enfrentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas (incluyendo acoso o violencia sexual) durante los primeros días de su arresto, al igual que periodos largos de aislamiento, que superaron los 30 días, alimentación deficiente o negación de asistencia médica.
Foto cortesía: El Nacional
La situación se repite con jóvenes detenidos luego del 10 de enero. Tal es el caso de Jonathan Bravo Palencia, un joven con trastorno de atención e hiperactividad detenido en el estado Falcón. Su madre, Francis Palencia, denunció que incluso pasó por un calabozo para adultos en Caracas cuando el juez había ordenado que permaneciera en un centro de atención para adolescentes en Coro.
El abogado Joel García también señala que los adolescentes formaron parte del patrón de imponer defensa pública «cuando muchos de ellos requirieron una defensa de confianza».
«Es decir, en todo el contexto desde finales de 2023, porque recordemos que, por ejemplo, Rocío San Miguel fue detenida a principios de 2024, ha sido un patrón no contar con defensa de confianza y esto evita las denuncias por torturas a los organismos. Asimismo se evita saber con claridad el avance de los procesos penales, una total opacidad», asegura García.
Sin respuestas
Los familiares, el Comité por la Libertad de Presos Políticos, así como figuras como el abogado Joel García, reclaman la falta de respuestas de los organismos de justicia en el país.
El Comité ha entregado ocho comunicaciones al Ministerio Público desde agosto. Ha protestado en dos ocasiones frente al Ministerio de Servicio Penitenciario, se han enviado escritos a la Defensa Pública, Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas o la Defensoría del Pueblo para solicitar la libertad, respeto al debido proceso y trato digno a todos los detenidos, pero ninguno ha sido respondido.
«Yo, que he sido designado como defensa en los casos de Freddy Superlano, Roland Carreño o Luis Somaza, cuando se acude a un tribunal para lograr la designación como defensa, el mismo juez te rechaza la solicitud y te dice que vayas al Sebin para que te puedan designar, cuando sabemos que ni siquiera podemos entrar al Sebin», comenta Joel García.
En el caso de Luis Somaza, dice, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público dirigida al fiscal Tarek William Saab, «porque supuestamente la iba a conocer él, sobre la desaparición de Somaza y el hurto o robo que cometieron los funcionarios en el allanamiento, pues se llevaron todos los objetos, hasta sillas y perfumes se llevaron de su casa. En el caso de Freddy Superlano, su esposa Aurora ha presentado denuncias a todos los organismos competentes. Hasta la fecha no hay un pronunciamiento o los han llamado para requerir información, entrevistarlas o de cualquier manera saber las circunstancias sobre ese caso».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
