Confiscación de bienes: el alto precio económico de la represión en Nicaragua
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción del organismo de la sociedad civil Hagamos Democracia, publicado en mayo del 2024, estimaba entonces en más de 250 millones de dólares las pérdidas por 135 propiedades incautadas
El Estado de Nicaragua ha ejecutado desde 2018 una serie de confiscaciones de bienes muebles e inmuebles, pensiones, cuentas bancarias y derechos laborales, dirigidas contra personas opositoras o percibidas como tales, a quienes dejan en la ruina.
Un ejemplo es el caso de la familia de empresarios conformada por Martha Rosa Jara y Henry Briceño.
A ellos la policía los detuvo una noche de noviembre de 2024 en su vivienda en el municipio de San Rafael del Sur, a 63 kilómetros de Managua. Varias patrullas y decenas de policías de operaciones especiales rodearon la residencia y entraron armados.
A los cuatro miembros de la familia, incluido un niño de 11 años, los llevaron a una estación de policía en la capital, donde les dijeron que estaban siendo acusados de “traición a la patria”, por las publicaciones en redes sociales de Briceño.
Su casa, un pequeño hostal, un vivero y un local comercial que pertenecía a la familia desde hace décadas, fueron confiscados, junto a vehículos, joyas, cuentas bancarias y todos los enseres domésticos.
Fueron desterrados. “No sacamos ni los documentos de identidad, nos expulsaron solo con la ropa que llevábamos puesta”, cuenta a IPS Briceño desde San José de Costa Rica, donde ha tenido que residenciarse.
Luego de su destierro, las propiedades fueron repintadas en diferentes colores y el régimen las repartió entre instituciones públicas: la casa residencial es un cuartel policial, el vivero en un centro educativo, el hostal una estación de ambulancias y el otro local comercial en una oficina municipal.
El número de víctimas del arrebato de bienes es incontable: periodistas, empresarios, sacerdotes, comerciantes, campesinos, miembros de la sociedad civil, ambientalistas y comerciantes figuran en el largo listado de confiscados.
Fachada del Centro Diocesano Pastoral La Cartuja, de la Iglesia católica, en la ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua. Tras su confiscación, como la mayoría de los bienes de esa iglesia, se convirtió en un centro de salud. Imagen: 19 Digital / Presidencia de Nicaragua
“Nos han quitado todo. Mi casa, que había sido de mis padres, fue ocupada por la policía y ahora funciona como un centro juvenil. Mis hijos quedaron sin techo y mis padres, adultos mayores, sin su único refugio», relata Ángela, una periodista nicaragüense exiliada en Estados Unidos, cuya identidad IPS convino en reservar por razones de seguridad.
Esta práctica de confiscaciones, denunciada como una violación sistemática de los derechos humanos, ha sido calificada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas como una política de Estado deliberada, con impactos devastadores para las víctimas y sus familias.
Según un informe del Grupo de Expertos, presentado en abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, más de 5000 organizaciones sin fines de lucro han sido clausuradas desde 2018 y sus propiedades traspasadas al gobierno mediante procedimientos judiciales sin garantías.
Ha pasado lo mismo con los bienes de más de 452 personas que han sido desterradas, desnacionalizadas y obligadas al exilio al impedirle las autoridades el retorno a Nicaragua, luego de haber salido del país por distintas razones temporales, como vacaciones, citas médicas o misiones de trabajo.
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La policía, durante la confiscación de la sede del diario La Prensa en agosto de 2021, que al año siguiente se reconvirtió en un centro cultural. Imagen: Cortesía de Oscar Navarrete
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción del organismo de la sociedad civil Hagamos Democracia, publicado en mayo del 2024, estimaba entonces en más de 250 millones de dólares las pérdidas por 135 propiedades incautadas.
El informe de la ONU identificó a 54 funcionarios de alto nivel como responsables directos de las confiscaciones y otros abusos considerados crímenes de lesa humanidad, incluyendo a jueces, fiscales, oficiales del catastro y la Procuraduría General.
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