Consejo Comunal en municipio aragüeño impone cobro tributario en dólares
Los delegados de los CLAP promocionan como «beneficios» de la solvencia de pagos el contar con servicios «eficientes y óptimos», la emisión de una constancia de residencia útil para trámites legales y de cartas avales para negocios por parte del Consejo Comunal
Vecinos del municipio Mario Briceño Iragorry, ubicado en el estado Aragua, denuncian que delegados de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) les exigen inconstitucionalmente pagos tributarios en dólares para el Consejo Comunal.
Residentes del municipio recibieron un comunicado por parte de delegados de los CLAP en el que se solicita el pago de un dólar cada mes para mantener al día los servicios de la comunidad, a pesar de que tal función no le corresponde a los miembros de este programa social creado por el chavismo.
Bajo el pretexto de «construir una cultura tributaria comunal», los delegados del CLAP solicitan en ese comunicado el pago de 1 dólar mensual con la posibilidad de pagar únicamente ocho meses por una «promoción».
«Si usted cancela el año 2021 completo en el mes de octubre, en lugar de pagar 12 meses solo pagará 8 meses. Finalizado el plazo de la promoción, deberá cancelar sus 12 meses», expone el mensaje difundido a través de Whatsapp.
La misiva también aclara que, quienes no pagaran los montos correspondientes en 2020, podían aprovechar esta ventana para cancelar únicamente seis meses y de esa manera quedar solvente.
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Además, recalca que el dólar fijado como pago debe calcularse a la tasa publicada en el BCV al momento de hacer la transferencia y que solo debe enviarse el dinero a la Cuenta Jurídica del Consejo Comunal.
El pago presuntamente incluiría la sustentabilidad de los servicios de aguas potable y servidas, alumbrado público y aseo urbano, competencias que le corresponden a los alcaldes y gobernadores de las entidades.
Adicionalmente, los delegados de los CLAP promocionan como «beneficios» de la solvencia de pagos el contar con servicios «eficientes y óptimos», la emisión de una constancia de residencia útil para trámites legales y de cartas avales para negocios.
A juicio de vecinos de la comunidad, se trata de una recaudación tributaria completamente ilegal, ya que si bien es cierto que la Constitución y otras leyes complementarias contemplan la posibilidad de trasladar ciertas competencias a las comunidades organizadas, también queda claro que los fondos para cumplir con estas tareas deben extraerse del presupuesto de la alcaldía, no del bolsillo de los ciudadanos.
Relatan que, pese a tratarse de una medida del Consejo Comunal, son los delegados del CLAP los que dictan la orden, pues incluso la recaudación del dólar aplica para cada grupo familiar que reciba bolsas o cajas de alimentos.
En este sentido, consideran que la solicitud del dinero es una forma de «extorsión», especialmente al constituir un incremento de 0,05 bolívares digitales a los actuales 4,5 bolívares en los que está fijado el dólar.
