Consulta de ley en la AN-2020 marginó a ONG
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones civiles participaron en la primra jornada de consultas de la ley que las regula. Pidieron a la Asamblea Nacional del 2020 «aterrizar» varios puntos que se traducen en la criminalización de sus labores, entre ellas el apartado de ley en el que se rechaza la realización de «actividades políticas». Desde el Palacio Federal Legislativo argumentaron que una cosa es el acto público, «que es políticos» y otro es el «políticos-partidista»
La Asamblea Nacional (AN) del 2020 hizo la primera consulta pública sobre el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines en Venezuela. En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Palacio Federal Legislativo, representantes de ONG, fundaciones y asociaciones civiles urgieron a las autoridades del Parlamento hacer una convocatoria masiva para que el debate pueda ser verdaderamente amplio y rico.
«En esta sala las fundaciones y asociaciones somos minoría», dijo Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex).
González calificó de necesario avanzar en una legislación que cumpla con el deber del Estado de proteger y regular el derecho de asociación pero, agregó, también es importante que la norma cumpla con estándares internacionales y proteja a la pequeñas organizaciones.
La ley sobre las ONG contempla el registro obligatorio de las ONG. Este punto fue cuestionado González. «Las fundaciones ya nos registramos. Pedir (a una organización) que se vuelva a registrar es como pedirle a un venezolanos que se vuelva a sacar la cédula».
Argumentó que ya el Ejecutivo tiene registros de cada una, por lo que planteó que, si lo que se desea es la creación de una nueva instancia diferencia, esta centralice los datos «y si hay que actualizar lo haremos».
«Imaginemos los difícil que será para las organizaciones pequeñas, que están en lugares remoto hacer un tramite con un límite de tiempo de un año», señaló. Destacó que no todas las asociaciones cuentan con un personal grande o administrativo para agilizar estos trámites con celeridad. Reiteró que esta medida perjudicará a las pequeñas.
Rebatió la idea de la ley en el que se califica negativa las «actividades políticas». En este sentido, dijo que «toda actividad pública es política, por lo que prohibir a las organizaciones, fundaciones y asociaciones que hagan este tipo de actividades es impedir la esencia de las mismas».
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Puso sobre la mesa un planteamiento que en el año 2005 hizo expuso el expresidente Hugo Chávez: un proyecto de ley que habla de la cooperación internacional. Sobre esto consideró que se debe trabajar en una solo proyecto que aborde principalmente la preocupación de esta ley.
«Hay que aterrizar esto y marcar una diferencia de las actividades partidistas y electorales», agregó.
Con González estuvo de acuerdo Luis Francisco Cabezas, directo de Convite, quien también abogó por ampliar el debate. Pidió a las autoridades de la AN-2020 a hacer una adecuada distribución del proyecto de ley, para que en las consultas futuras quienes participen lleguen con el borrador leído.
Cabeza propuso habilitar un mecanismo electrónico que permitas a aquellas organizaciones que se encuentran en zonas remotas enviar sus aportes.
En esta misma línea, Daniel Hinojosa, de Tinta Violenta, una organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, puso como ejemplo el hecho de que las ONG organizan marchas o manifestaciones y que si bien esos son «actos políticos» no tienen nada que ver con lo «político-electoral». Pidió, al igual que González y Cabezas, que se aterrice la idea y se haga una diferenciación clara.
«Luego está el tema fiscal. No existe un mecanismo claro de cómo accederemos a la excepción del Impuesto Sobre la Renta», dijo. Se preguntó cómo la ley, de ser aprobada, puede apoyar a las organizaciones, asociaciones civiles y fundaciones a ser exoneradas del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), como sí sucede en otras partes del mundo.
Se refirió al tema de las organizaciones internacionales y la relación con las locales. «Existe algo que se llama el gran pacto que tiene que ver con cómo es el relacionamiento entre las organizaciones. Lo que queremos es que resguarde nuestra soberanía como nación, no desde la criminalización (a las ONG), sino desde la regularización.
Lo que dice el Parlamento
En el primer encuentro de consulta pública, además de participar diputados de la AN-2020, estuvieron representantes de organismos públicos incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Ministerio Público (MP), Fuerza Armada Nacional (FANB) junto a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y distintas instancias y salas conectadas vía virtual a la consulta.
Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión permanente de Política Interior presentó el proyecto y explicó que cuenta con 18 artículos y dos disposiciones transitorias. Señaló que los aportes serán evaluados por el equipo sistematizador. De acuerdo con su declaración en un lapso «no muy extenso» se podrá contar con un instrumento definitivo para su segunda discusión.
Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, lideró el debate. Recordó que el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior, al presentar el proyecto de Ley dijo que habían unas 60 ONG vinculadas a hechos políticos en el país.
Infante expuso varios ejemplos de fundaciones supuestamente asociadas a actores y partidos políticos de oposición. Denunció que existen ONG que son utilizadas como «fachadas por la derecha extranjera para desestabilizar el país, propiciar y financiar el terrorismo y derrotar gobiernos». Mencionó a Súmate, Provea y otras.
Dijo que es un referente para el proyecto la ley FARA, la cual data de 1938 y regula las asociaciones civiles en ese Estados Unidos. Este planteamiento fue rechazado por representantes de ONG, que dijeron que ese país no apoya a las organizaciones.
El proyecto de ley, aprobado en primera discusión en enero de 2023, tiene por objeto promover y regular el régimen de las organizaciones no gubernamentales y afines en Venezuela. La propuesta inicial contempla multas a las ONG que no se registren, o que no declaren la identidad y procedencia de sus respectivas donaciones.
Lo que dice la Academia de Ciencias Políticas
Tras ser discutida por primera vez la Academia de Ciencias Políticas y Sociales aseguró que el proyecto forma parte de una política sistemática de Estado «dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG, de las personas defensoras de derechos humanos y de actores humanitarios».
Luego de hacer un análisis del articulado, la Academia hizo un llamado «respetuoso y firme» a la AN del 2020 «para que se abstenga de aprobar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ya que con él se violan los derechos constitucionales y humanos de las personas, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, los defensores de derechos humanos y los actores humanitarios, así como los principios democráticos».
Llamó a la comunidad internacional para que tome conocimiento y rechace este proyecto de ley, por ser contrario a los estándares constitucionales e internacionales
Para la Academia, el proyecto de ley «desde su exposición de motivos y en su articulado, presupone que las organizaciones de la sociedad civil son un enemigo del proyecto político de la revolución socialista, y por ello parte de la premisa errada de enfrentarlas bajo los conceptos de «soberanía» y lucha contra el «terrorismo».
